Por: Mariano Narodowski
Desde 2003 la cantidad de alumnos en la escuela secundaria argentina aumentó apenas un 5%. De esos nuevos alumnos el 40% fue a la escuela privada.
En el nivel inicial, la cantidad de chicos creció un 23%, pero de ellos el 57% fue a un jardín de infantes privado.
En la escuela primaria (antiguo bastión sarmientino) es donde el daño a la escuela pública se advierte en toda su contundencia: desde el 2003 el crecimiento total fue del 0,5% porque la escuela primaria ya tenía máxima cobertura. Pero todo el aumento -el ciento por ciento- fue a escuelas privadas, con el agregado de que, además, centenas de miles de alumnos dejaron el guardapolvo blanco por un uniforme de escuela particular. Desde 2003 la escuela primaria privada creció el 20% mientras que la primaria pública decreció 5%. Adiós a las blancas palomitas.
Con datos oficiales a la vista y después de casi 10 años de gobierno kirchnerista, el balance respecto de la situación de la educación pública es desconsolador. En 2003 el porcentaje de alumnos en escuelas privadas (en estos tres niveles educativos) rondaba el 23%. En 2010, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, esta participación privada llegó casi al 29%: un crecimiento de 6 puntos porcentuales en 8 años, difícil de hallar en otros países en tan corto tiempo.
Es verdad que este proceso de aumento de la matrícula privada se inició hace 50 años y constituyó un fenómeno muy particular de la Argentina. De hecho, durante varios años me tocó explicar esta situación en publicaciones y conferencias internacionales bajo la mirada extrañada de colegas académicos de otros países que suponían que Chile era el país latinoamericano que monopolizaba el crecimiento de la educación privada.
Pero los datos de la Argentina de la última década rompen todos los esquemas: baste con decir que hoy Chile tiene una matrícula privada superior al 50% pero con una política educativa dirigida específicamente a su sustento y difusión mientras la Argentina post 2003 consiguió más de la mitad de la privatización educativa de Chile pero con discursos que proclaman “defender” la educación pública. No la defiendan tanto…
Este brutal proceso de vaciamiento de alumnos de la educación pública es muy complejo y se presta a múltiples interpretaciones. Queremos apenas remarcar, de entre muchas, dos cuestiones muy importantes.
La primera, es que esta privatización de la educación no es un fenómeno de clases altas, capas medias o centros urbanos solamente. Si se mira los datos con atención se verá que en todas las provincias (excepto en Tucumán) el crecimiento de la educación privada es mayor al de la pública: a modo de ejemplo, Tierra del Fuego incrementó un 42%, Neuquén 34% o Mendoza 25%. Son aumentos elocuentes. Otros guarismos son verdaderamente asombrosos: provincias muy empobrecidas han tenido un fenomenal crecimiento de su educación privada desde 2003: Formosa 17%; Jujuy 27%; Salta 35%; Chaco 40%.
La segunda cuestión es muy dolorosa para los que creemos en el carácter igualador de oportunidades de la educación pública y tiene que ver con la merma de alumnos de las escuelas primarias públicas. La Argentina perdió desde 2003 unos 186 mil alumnos. El promedio de salida por año es de 23 mil alumnos: una media que no descendió por la aplicación de la Asignación Universal por Hijo ya que en 2010 las escuelas primarias públicas contaban con 25 mil alumnos menos que en 2009. Con los datos de 2011, que el Ministerio de Educación aún no ha publicado, veremos si esta tendencia se habrá de modificar.
Algunas provincias, además, están atravesando una fase crítica de merma de alumnos de las primarias públicas: desde 2003 Santa Fe perdió el 8% de sus alumnos; el Gran Buenos Aires, perdió el 10% y La Rioja el 13%. Son guarismos duros, muy preocupantes, que merecerían un debate público que en la Argentina ni siquiera se perfila como posible.
Aun habiendo admitido que las causas de este fenómeno son complejas, es evidente que después de 10 años resulta concluyente que la política educativa del gobierno nacional ha convalidado en los hechos este proceso de salida de las escuelas públicas y de privatización de la educación: resulta evidente que no hubo políticas pro escuela pública. Y si alguien por acaso sostiene que sí las hubo, deberá reconocer que fueron dramáticamente inútiles.
Después del aumento de presupuesto educativo, de la sanción por parte del Congreso Nacional de la media docena de leyes “educativas” que el gobierno propuso, del apoyo político al gobierno nacional por parte de los sindicatos docentes más numerosos y de casi todos los gobernadores, el resultado es tan pobre que hasta empalidece a la no menos desafortunada reforma educativa de los noventas.
No es posible un país mejor con escuela pública peor. No es posible un país mejor si no debatimos, sin hipocresías, cómo revertir este deterioro.