En general, las personas perciben a la Justicia como una institución anacrónica y oscura; y a los tribunales como una organización lenta, llena de papeles, que se maneja con un lenguaje cifrado, que sólo pocos entienden, conformado por funcionarios abarrotados de trabajo, donde siempre se necesita de un “letrado”.

Índices y encuestas muestran que la sociedad no confía en la Justicia. Los ciudadanos la perciben como un poder alejado a sus necesidades, con problemas en su funcionamiento y cuestionan la imparcialidad de sus jueces.

Las deudas del Poder Judicial son muchas y de lo más variadas, pero comencemos por el mayor déficit de consecuencias más graves: la falta de acceso a la justicia.

El Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos y garantizar los derechos de las personas para lograr la paz social. Y en este aspecto, resulta fundamental garantizar el acceso igualitario en cuanto a la titularidad y ejercicio efectivo de derechos y garantías.

Esto decir, que todas las personas puedan llegar a la Justicia de la misma manera, que sean tratados de igual modo y puedan resolver sus conflictos bajo criterios de igualdad. El derecho a la jurisdicción es clave en una república democrática y pilar fundamental de todo Estado de Derecho.

La Cumbre Judicial Iberoamericana define el acceso a la Justicia como el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir tribunales para obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución rápida, completa e imparcial. La cumbre también destaca el carácter de servicio público esencial de la actividad brindada por los órganos encargados de impartir justicia.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que es obligación de los Estados garantizar el acceso a la Justicia para que los individuos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales.

En cuanto a su aspecto práctico, el acceso a la Justicia es imprescindible para garantizar el desarrollo de las personas, ya que quien no puede ejercer sus derechos de manera efectiva, ni resolver sus conflictos, no podrá desarrollarse económica y socialmente. Esto impide a las personas salir de la pobreza dificultando el ascenso y movilidad social.

En este sentido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que “la ausencia de recursos y desprotección de los derechos son dos carencias que se potencian… y la falta de acceso a la Justicia perpetua la pobreza de quienes ven sus derechos desprotegidos”; aspecto fundamental en un país como Argentina donde existe gran parte de la población con bajos ingresos y educación, para quienes el acceso a la Justicia aparece lleno de obstáculos.

Además, se debe tener en cuenta que la situación de pobreza estructural no es solamente la falta de dinero, sino también bajos niveles educacionales y de cultura en personas que desconocen sus derechos y el modo de hacerlos valer. Para encarar este problema no alcanza con ofrecer patrocinio jurídico gratuito o beneficio de litigar sin gastos.

Hacen falta políticas públicas tendientes a remover los obstáculos que impiden el acceso igualitario y pleno de manera efectiva como: los altos costos, los tiempos de demora, la centralización de los tribunales, el lenguaje críptico, los excesivos formalismos, la ausencia de resultados, las dificultades en la ejecución de sentencias y falta de información, entre otros.

Para abordar esta problemática de manera integral, se podemos comenzar por distinguir al menos dos ejes fundamentales: 1) la adecuación de la administración de justicia, y 2) la construcción de ciudadanía que empodere a las personas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

En primer lugar, es necesario analizar las estructuras y organización judicial de juzgados, fiscalías y defensorías para modernizarlas, promover su descentralización, modificar el horario de atención al público (7:30 a 13:30) para ampliarlo, y evitar que los tribunales cierren sus puertas durante 45 días al año.

Asimismo, es necesario comenzar a educar desde la escuela en derechos, su alcance y la forma de ejercerlos en la práctica. También es importante brindar una difusión adecuada respecto de dónde y cómo se pueden  acercar las personas a obtener un asesoramiento y orientación jurídica con información concreta sobre la forma de resolver sus problemas.

En síntesis, se trata de acercar la justicia y empoderar a las personas para brindar un acceso efectivo, pleno e igualitario a fin de que cualquiera pueda hacer oír su reclamo.