Por: Martín Casares
El paquete de leyes de implementación enviado al Congreso de la Nación por el Gobierno establece una puesta en marcha progresiva que comienza por la Justicia Penal Nacional, dejando para el final la Justicia Federal que es por donde debería haber comenzado.
Es en la Justicia Penal Federal donde más hace falta una reforma que acelere los procesos que duran un promedio de 14 años, y casi no se aplican condenas efectivas. También es allí donde es más necesaria la transparencia y publicidad de las sentencias que por su importancia y relevancia institucional son noticia impactando en la sociedad.
Se debería empezar por reformar el fuero penal federal, que interviene en la investigación y persecución de los delitos más graves y que más nos afectan como sociedad: la corrupción y el narcotráfico. Es clave empezar por este fuero para mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los avances del delito y el crimen organizado.
Es por ello que el plan de implementación debería ser exactamente al revés, y comenzar aplicando el nuevo código solo en el fuero penal federal. Y luego traspasar los delitos de la competencia penal ordinaria a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera ordenada y como manda la Constitución Nacional.
En lugar de ello, el Gobierno nacional propone dividir el territorio de la Ciudad en 4 circunscripciones generando que en la misma jurisdicción funcionen simultáneamente 3 códigos procesales distintos: el código nuevo, el anterior y el de la Ciudad, destruyendo la igualdad ante la ley y generando confusión respecto a las normas que deberán aplicarse en cada caso concreto.
Agrava esta situación que el proyecto de Ley de Implementación fija la entrada en vigencia del nuevo sistema para el 1° de septiembre de este año; plazo por demás exiguo si se tiene en cuenta que los proyectos aún deben ingresar al Congreso para su estudio, debate, tratamiento y aprobación.
Se trata de la reforma más importante y profunda de nuestro sistema de enjuiciamiento penal. No es aconsejable hacer este tipo de modificaciones a las apuradas, aprobándolas a las corridas, sin discusión ni correcciones. Esto solo traerá aparejado consecuencias negativas que afectarán el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.