Por: Martín Yeza
No hay ningún tipo de evidencia que permita creer que se va a modificar la estructura de relaciones políticas en Argentina en los próximos dos años. El oficialismo, sobre el inevitable final de su ciclo, seguirá gobernando sólo para quienes comulgan con su visión de país y experimentarán el último intento por mantener el mito de la “década ganada”, mientras los distintos sectores de la oposición seguirán muy preocupados en estar enojados con el Gobierno Nacional e intentarán tener alguna agenda propia basada en consensos forzados.
Hay una agenda de asuntos pendientes que quedará trunca para el oficialismo nacional entre los que figuran quizás dos temas sobresalientes: a) la reforma constitucional y b) quitar a los sindicatos el control de la caja de obras sociales.
Por su lado la oposición llega con un esquema de visiones muy diferentes sobre la realidad a un Congreso ya dividido y disputándose idealmente la forma en que se capitalizará cada minuto de oxígeno político para arriarlo hacia su espacio.
La escasa seriedad de los discursos refundacionistas de corte mesiánico, sumado a una cultura política argentina poco adepta a discutir sus prioridades sobre la base de elementos empíricos demostrables produce lo que signó Baglini con su ya famoso teorema, una enorme irresponsabilidad a la hora de abordar fenoménicamente los desafíos que hay por delante.
Podemos esperar muchos debates televisivos, mucho enojo y algunos intentos forzados por figurarse como la mejor alternativa política para suceder al kirchnerismo. En algunos casos será intentando ser como el “kirchnerismo del inicio”, en otros casos será desde un lugar casi opuesto al del kirchnerismo con una agenda de recuperación fuerte de lo institucional y en alguno otro será desde el ejemplo de su gestión.
Del oficialismo se puede esperar que se intente acelerar la aprobación de la reforma del Código Civil y Comercial y a su vez el proyecto de baja en la edad de imputabilidad. Ambos constituyen temas desde donde podrán permitirse generar la apariencia de una apertura al diálogo y el consenso. También es posible que desde la gestión nacional existan avances en materia ferroviaria del área metropolitana Buenos Aires, así como una salida “a lo Lula Da Silva”, donde según el poder y legitimidad que detente la Presidente se podrá avanzar contra el narcotráfico para extirparlo de los barrios vulnerables del conurbano bonaerense donde ha crecido exponencialmente en los últimos años.
En una apuesta de riesgo, la oposición posiblemente actúe como bloque, y lo primero que se planteará con el recambio de autoridades legislativas será discutir el esquema de autoridades del Congreso de la Nación, donde seguramente intentarán desplazar al presidente de la Cámara de Diputados. En cuanto a la agenda legislativa, seguramente se avance sobre medidas para aumentar la seguridad, discutir el modo en que el Gobierno Nacional redistribuye los recursos económicos y el casi obligatorio impuesto al cheque.
El asunto más esencial que servirá para construir la imagen icónica del equilibrio del poder en la Argentina posiblemente sea la aprobación de la asignación universal por hijo como ley del Congreso de la Nación y no como el decreto presidencial por el que se rige hoy.
Pensar la política argentina es un ejercicio en el que además deberemos incorporar a las administraciones locales y provinciales, a la hora de entender de qué manera se administrarán el poder y la gobernabilidad, en todos sus ámbitos, en nuestro país.