Existen definiciones políticas que, por sus características, desafían toda capacidad de comprensión racional. En los últimos días, se pudo escuchar al ex ministro de economía Domingo Cavallo opinar sobre la coyuntura económica. Desde un trastabillado discurso, expresó sus críticas a la política económica del gobierno nacional. Cabe aquí mencionar -al menos- la gran contradicción que implica que uno de los responsables de una de las mayores crisis de la Argentina se manifieste en cualquier ámbito como objetor de cualquier planificación de política económica. Y más aún cuando el ciclo económico actual, después de 10 años, aún trabaja por revertir la enorme inequidad social heredada luego de décadas de gobiernos neoliberales.
El ex funcionario sugirió que una alternativa para la política económica sería revertir la administración del mercado de cambios que se viene impulsando en el último tiempo. Evitó decir abiertamente lo que en definitiva promueve, que es otra gran devaluación a costa de los más humildes y de toda la estructura productiva industrial argentina. Lo que no admite, sin embargo, es que habilitar ese tipo de medidas sería retomar el proceso de vaciamiento y atentado contra el capital productivo efectuado, entre otros funcionarios, por él.
Según sus dichos, la situación actual es peor que la previa al Rodrigazo de 1975, y de mayor gravedad a la crisis del 2001, aun cuando se hayan tratado de dos momentos especialmente críticos de la historia nacional. Independientemente de la cantidad de condiciones históricas que pueden volver errónea una comparación simple, existen variables que nos permiten ver las enormes diferencias entre aquella situación y la actual. Y que vuelven más polémicas las declaraciones que buscan homologar aquellas circunstancias con el presente, altamente cuestionables no tanto por quienes hoy son el pasado, sino especialmente por aquellos que hoy tienen responsabilidad, cierta representación, y abiertamente buscan asociarlas.
En términos de variación del PBI, en 1975 había crecido un 0,6%, en 2001 se redujo en un 4,4% y en un 10,9% con respecto al período anterior. En el 2012 la variación fue del 1,9%, persistiendo en su crecimiento tal como lo ha hecho cada año ininterrumpidamente desde el 2003.
La balanza comercial, que en 1975 arrojaba un saldo deficitario (cercano a los mil millones de dólares corrientes), en 2001 fue igualmente deficitaria en 3780 millones, y en 2012 fue superavitaria en 12.182 millones de la misma divisa. Por muchos años desde el 2003, además, se tuvo superávit en la cuenta corriente, que en el pasado se buscaba conseguir sólo vía endeudamiento, como modo de obtención de divisas. En tanto el nivel del empleo, entre 2001 y 2012, ha logrado variación superior al 58%.
La variación del PBI y los resultados superavitarios de la balanza comercial dan cuenta de la salubridad que la economía argentina sostiene pese a la crisis internacional que afecta principalmente a los países de Europa. Aun así, los datos comparativos ni ningún indicador económico pueden dimensionar las gigantescas pérdidas que ha sufrido la sociedad argentina en términos de delitos contra los derechos humanos causados por el feroz sistema represivo de la última dictadura cívico-militar, de la que el Rodrigazo fue su preludio como una deliberada estrategia de disciplinamiento sobre los sectores populares y sus formas de representación.
Hoy es sabido lo que fuera develado por Rodolfo Walsh ya en 1977: que la brusca transformación socioeconómica impuesta desde 1975 afectó en forma directa a la clase trabajadora. La represión sistemática fue el instrumento de control social del movimiento obrero, implementado para garantizar la continuidad del mencionado proceso de transformación económica.
Cavallo -funcionario civil de la dictadura- inició desde la presidencia del BCRA en 1982 la estatización de la deuda externa privada. Como ministro de Economía del gobierno menemista, impulsó el ingreso a la convertibilidad, que terminó de pulverizar el tejido productivo, desmanteló a la industria, y cuando ya no pudo continuar promoviendo el endeudamiento externo para sostener la apreciación cambiaria y la fuga de capitales, comenzó a vender activos públicos en nombre de la eficiencia de los administradores privados. En contraposición a ello, las políticas de planificación económica de la última década han detenido el flujo de endeudamiento y permitido una importante reestructuración de la deuda, impulsando un círculo virtuoso de aliento al consumo y dinamización del mercado interno, donde los vínculos comerciales y geopolíticos han sido reorientados a países emergentes que buscan evitar las fluctuaciones del capitalismo internacional.
Algunas variables exponen las consecuencias sociales y políticas plenas de la seguidilla de paquetes de ajuste, del recorte de las funciones del Estado, la privatización de sus empresas y de la destrucción de la estructura productiva durante la década del ’90. Sus consecuencias: niveles de pobreza por sobre el 52% de la población, casi cinco millones de argentinos en la indigencia, desempleados, hambreados, y asesinados por la represión de 2001 y 2002.
Con todo ello, voces que todavía expresan la defensa ideológica de los ajustes, las devaluaciones y la entrega de la planificación económica a los capitales concentrados y a organismos de financiamiento internacional continúan pujando por instalar sus políticas privatizadoras de derechos.