El conocido fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, por el que ha decidido no tratar la apelación interpuesta por el gobierno argentino ante el Segundo Tribunal del Circuito de Apelaciones, deja firme la sentencia de primera instancia, dirimida – en favor de los llamados “fondos buitre” – por el Juez Thomas Griesa. Dicha sentencia exige a nuestro país el pago de lo reconocido por dicha corte al 7% de los acreedores que no se han adherido a la reestructuración de la deuda entre el 2005 y el 2010.
Esto implica, en términos económicos, el desembolso de una suma inicial de U$S 1.500 millones con intereses y punitorios, teniendo en cuenta el dato de que la demanda inicial de los fondos fue de U$S 428 millones. Sólo después del pronunciamiento de la Corte Suprema norteamericana, la Corte de Apelaciones habilitó que los bonistas pudieran trabar embargos contra bienes y fondos argentinos en el exterior, por medio de la finalización de la medida cautelar que los protegía (stay).
La alternativas a seguir son complejas para la Argentina, en parte por la existencia de la cláusula de “derechos sobre ofertas futuras”, o RUFO (por sus siglas en inglés) que implica que, de haber una mejor oferta para parte de los bonistas, ésta debe hacerse extensiva al total. Es decir, el mejoramiento de una oferta para los bonistas en litigio podría disparar la demanda de mejoramiento por parte del resto de los tenedores de títulos. Ahora, es importante aclarar que los bonos no son fruto de la emisión de deuda, sino que fueron comprados como instrumentos de inversión financiera, por lo que se pone de relieve la forma de funcionamiento de los fondos buitre, que se inicia con la compra de títulos devaluados o “basura” de países en crisis con el fin de judicializar el reclamo para obtener – con el tiempo – cuantiosas rentabilidades. En éste caso las tasas de rentabilidad reconocidas por el fallo Griesa alcanzan nada menos que el 1608%.
Lo que se pone en evidencia es que se trata de un conflicto fundamentalmente político, ya que la estabilidad y la solvencia argentinas no han sido cuestionadas por ninguno de los organismos internacionales y, muy por el contrario, nuestro país ha recibido el apoyo de Francia, Brasil y México en la forma de amicus curiae dentro de la causa judicial y de personalidades de amplio reconocimiento como el economista Joseph Stiglitz y hasta por parte de la banca privada. El mismísimo FMI observó con preocupación las implicancias del fallo para el sistema financiero internacional.
Un sorpresivo apoyo provino del procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Kneedler, quien, en una audiencia de la Corte Suprema, manifestó la posición del país señalando que la legislación establece que la aplicación del “discovery” (búsqueda de activos embargables) en Estados soberanos extranjeros debe ser limitada a activos que estén en territorio estadounidense. Tal preocupación es entendible ya que la misma norma podría aplicarse al mismísimo Estados Unidos al afrontar sus propias deudas en el exterior.
Del otro lado de la mesa, los fondos buitre también tienen identidad e historia. Thomas Griesa intervino en favor de los fondos buitres en el caso de los bonos emitidos por Perú. Paul Singer, cabeza del fondo NML Capital, parte del grupo Elliott Management, compró títulos de deuda peruanos por un valor nominal de veinte millones de dólares en 1996. En el año 2000, los tribunales norteamericanos le dieron la razón a Elliot Management, que obtuvo 58 millones de dólares. Fuentes de prensa indican que operó de igual modo en el Congo.
Debe comprenderse que, en la presente situación, no son sólo los intereses nacionales los que se ponen en juego, sino los de todos los países que pujan por alcanzar un crecimiento sin hipotecar el futuro de sus pueblos. El mensaje que envía el fallo Griesa de cara al mundo financiero pone en tela de juicio todas las previas y futuras renegociaciones de deudas externas, ante la posibilidad de que la judicialización del reclamo pueda ser una de las principales fuentes de enorme rentabilidad. El fallo Griesa desalienta, por los mismos motivos, las inversiones productivas, que no aportan semejantes rentabilidades y también insumen tiempos de espera para su retorno.
Por otro lado, como bien señalara la presidente Cristina Fernández, el fallo convalida esa obtención especulativa de rentabilidades a nivel mundial, bajo la expectativa de que el país que se encuentra en crisis pueda afrontar, llegado el momento de su recuperación, montos de deuda enormemente incrementados.
Se resta así sentido a la incorporación voluntaria por parte de los fondos de inversión a las negociaciones de reestructuración. Inversamente, para detener el pago de deuda con el continuo vaciamiento del país causado por las políticas de sobreendeudamiento del 76 en adelante, el camino elegido por las políticas kirchneristas ha sido el de priorizar el crecimiento por medio de la generación de recursos propios. En ésta instancia resulta crucial el conocimiento de la población en relación al tema, y una nueva puesta en práctica de la solidaridad internacional, empezando por nuestra región, cuyo exponente de fortaleza política se plasma en la UNASUR.