Por: Muriel Balbi
El informe 2013 publicado por el Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas sobre el Indice de Desarrollo Humano (IDH) y seguridad ciudadana da cuenta de la gravedad de la problemática de la inseguridad en nuestra región y muestra que ésta se ha convertido en “un reto compartido y en un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina”.
A pesar de la expansión económica y de la reducción de la pobreza a nivel general, la delincuencia ha experimentado un crecimiento en los 18 países analizados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
En la región, con record de desigualdad e inseguridad, el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, siendo el delito que más afecta a la población. Asimismo, en todos los casos, se ha visto incrementada la percepción de inseguridad y, si bien resulta mayor a la victimización directa, es valorada como dato, en tanto y en cuanto, deteriora la calidad de vida de las personas haciendo que éstas modifiquen sus costumbres, los lugares que frecuentan y su modo de vida en general. Como señala la administradora del programa de la ONU, Helen Clark: “La seguridad ciudadana es un tema delicado que preocupa a los tomadores de decisión y repercute en el calor de las campañas electorales. Es crucial (…) porque sin paz no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera”.
¿Qué incidencia tienen el narcotráfico y el crimen organizado en el aumento de la inseguridad? Para Rafael Fernández de Castro, coordinador de IDH, si bien suelen ser usados para explicar el problema, hay otras razones y son las derivadas de dinámicas regionales, nacionales y locales. De esta manera, el informe detecta lo que considera las seis amenazas principales a la seguridad, que, a su vez, se cruzan entre sí: el delito callejero, la violencia y el delito ejercido contra y por los jóvenes, la violencia de género, la corrupción, la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizadas. En cuanto a la violencia de género el estudio la define como “una amenaza persistente y un obstáculo al desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos”. En todos los países analizados se han incrementado los registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres.
Hay una definición muy interesante que aparece en el estudio, la relativa al llamado “delito aspiracional”, y que es el que tiene como origen disparador el aumento de las expectativas de consumo y la relativa falta de movilidad social. También contribuyen al aumento de la delincuencia el crecimiento urbano abrupto y desordenado, los cambios en la estructura familiar y las deficiencias del sistema escolar. Por su parte, el problema del porte de armas de fuego y el consumo de drogas y alcohol, si bien no explican el delito, ayudan a impulsarlo.
¿Cuáles son los costos que genera la inseguridad en la región? Según el estudio, impacta en tres niveles del desarrollo: a la persona, a la cohesión social y a las instituciones democráticas, además de afectar el potencial económico de los países, devorándose una parte de su PBI. Los gastos generados por el delito (policías, jueces, cárceles) ha aumentado en todos los casos, excepto en Uruguay que utilizó esos recursos en reforzar la prevención.
¿Qué deben hacer América Latina para hacer frente a este mal que atenta contra su desarrollo humano? Para estos expertos, las políticas de “mano dura” han demostrado no ser una solución, ya que, según ellos, la experiencia indica que “la fuerte represión policial y penal a menudo han coincidido con altos índices de criminalidad”.
Como señala Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU, “no hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana, pero este grave problema si tiene remedio y requiere visión y voluntad política de largo plazo. Se requiere, en cada país, un acuerdo nacional por la seguridad entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de estado”.
Frente a esto, el informe termina sugiriendo diez recomendaciones a ser tenidas en cuenta por los gobiernos de la región a la hora de establecer una lucha contra la inseguridad, basadas en las lecciones aprendidas:
- Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado;
- Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito;
- Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad;
- Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos;
- Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana;
- Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes;
- Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público;
- Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas;
- Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública y
- Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.
Grandes metas que solo pueden ejecutarse con un fuerte y serio compromiso por parte de cada uno de los actores que integran la región.