Por: Muriel Balbi
Uruguay empieza a transitar un nuevo camino. La legalización de la marihuana, votada por el Congreso, dio luz verde al inicio del “experimento”, como calificó el presidente, José “Pepe” Mujica, a esta nueva ley.
A partir de ahora, comienzan a correr los 120 días que deberá usar el Ejecutivo para terminar de reglamentar algunos aspectos. Pero, más allá de los detalles restantes, ya están establecidos los pilares centrales que determinan que, por primera vez en la historia mundial, sea un Estado nacional el que controle y regule la importación, exportación, cultivo, producción, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y de sus derivados.
Para ello está prevista la creación del IRCCA, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, dependiente del Ministerio de Salud Pública, que será el organismo encargado de emitir las licencias y de controlar su funcionamiento. Las sanciones para aquellos que operen por fuera de la ley contemplan penas que van desde los 20 meses a los 10 años de prisión. Así, el IRCCA dará licencias para la venta exclusivamente a farmacias. Éstas estarán autorizadas a vender sólo a clientes mayores de 18 años y previo registro en una base de datos que serán considerados “sensibles” por su confidencialidad. Esto será necesario para poder controlar, que la compra de cada consumidor no supere los 40 gramos mensuales, sea ésta para uso recreativo o medicinal (en este último caso es necesario contar con una receta médica, lo que, de todas maneras, no habilita a correr el límite del consumo máximo autorizado).
El principal objetivo del gobierno (el gran impulsor de la ley) es quitarle el negocio al narcotráfico que, sólo con la venta de marihuana en el pequeño país de 3,3 millones de habitantes, reportaría ganancias de 30 millones de dólares anuales. Según las palabras de Mujica “partimos de lo siguiente: así como está la cosa se lo dejamos regalado al narcotráfico. Y el narcotráfico tiene efectos más destructivos que la droga, porque nos pudre toda la sociedad. Nosotros queremos robarles el mercado, pero con la vía represiva no alcanza”, y agregó que puede “dar marcha atrás” en caso de que “la realidad nos demuestre que estamos equivocados”. ¿Pero podrá lograrse esa meta? Si bien varias personalidades y expresidentes se han expresado a favor de la iniciativa uruguaya (desde Mario Vargas Llosa a Fernando Henrique Cardoso, Vicente Fox y Ricardo Lagos) lo cierto es que mandatarios actuales como los de México, Brasil y Paraguay (principal productor regional de esta droga) se han mostrado desconfiados y escépticos. Frente a esto, Mujica ha pedido apoyo, lo que no significa alentar a copiar el modelo uruguayo, sino, tan solo, “dar una mano”. Y aquí surge otra pregunta: ¿puede un asunto como éste tratarse fuera de una estrategia y un plan regional conjunto? Mujica está dispuesto a intentarlo y, mientras tanto, busca llevar tranquilidad a sus vecinos prometiéndoles que la “marihuana legal” no irrumpirá ni alimentará el mercado negro de sus vecinos, a la vez que no convertirá a su propio país en el lugar “del fumo libre”.
Mientras tanto, las voces a favor resaltan los beneficios de poder consumir un producto seguro, de poder tratar la problemática de las adicciones sin eufemismos ni criminalizando al consumidor, de poder tener una educación abierta en el tema de reducción de daños, entre otros. Pero sólo el tiempo dirá quién tenía razón. Si se equivocan, cargarán no solo con el peso de las consecuencias, sino además con el descontento de una sociedad que, según las encuestas, se ha manifestado, en su mayoría, contraria a la iniciativa que acaba de ver la luz.