Por: Natalia Fidel
Existe un problema evidente en relación con los trapitos en la ciudad de Buenos Aires: la ley los prohíbe y pena la actividad en el artículo 79 del Código Contravencional, pero, en los hechos, la sanción no se efectiviza, ya que requiere que se demuestre que el cuidacoche exigió dinero. La evidente dificultad probatoria genera que más del 95% de las denuncias contra la actividad queden en la nada.
Esta tensión entre lo que debería ser y lo que efectivamente es puso en evidencia la necesidad de una nueva legislación, pero, al mismo tiempo, provocó un debate que parece haberse estancado entre dos posiciones que no encuentran una solución concreta. Por un lado, quienes —con razón— plantean la injusticia que se produce cuando un particular le cobra a otro por utilizar un espacio público y exigen la erradicación total e indiscriminada de esta práctica. Por el otro, quienes —también con razón— señalan la importancia de buscar una salida para aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que recurren a esta actividad sin una intención delictiva y como único medio de subsistencia.
En este contexto, el Estado tiene el desafío de articular una propuesta que se ajuste a la realidad teniendo en cuenta necesariamente ambas posiciones. No se puede legislar lo que debería ser (espacio público libre) sin considerar al mismo tiempo las soluciones que el Estado debería brindar (inclusión de los vulnerables). Si bien la ley es clara, empujar a los ya excluidos hacia un mayor nivel de exclusión en ningún caso puede ser una alternativa.
Por eso, desde el bloque de diputados ECO de la ciudad de Buenos Aires presentamos un proyecto que propone una solución integral que, por un lado, prohíbe la actividad y, por otro, establece y regula un régimen de excepción para aquellos que se encuentren autorizados a través de un programa de inclusión social llamado Programa Cuidacoches.
¿En qué consiste? En un beneficio económico equivalente al 80% del monto de la canasta alimentaria para aquellos que vivan en la ciudad, estén desocupados y se inscriban en el plan. El beneficio económico, proponemos, deberá provenir de la recaudación de los parquímetros. A cambio, se requerirá que el cuidacoche avance en la finalización de sus estudios y brinde un verdadero servicio de cuidado de vehículos, para lo cual se le dará un botón antipánico para realizar alertas tempranas ante hechos de inseguridad.
En cada caso, el beneficio se extenderá por un período máximo de cuatro años, ya que no buscamos que la actividad de trapito se transforme en una profesión. Por el contario, entendemos que la regulación de la actividad debe funcionar como un mecanismo para facilitar la posterior reinserción de los beneficiarios al mercado laboral y formal.
Es importante destacar que en ningún caso los cuidacoches del plan podrán exigir o solicitar remuneración alguna al resto de los ciudadanos, pero sí ofrecerán un servicio voluntario de asistencia al estacionamiento y de cuidado de vehículos. Esta actividad se deberá realizar: en una zona especialmente asignada y exhibiendo en todo momento una pechera y una credencial de identificación.
De este modo, quien no esté autorizado no podrá ejercer de cuidacoche y se modificará el artículo 79 del Código para facilitar la aplicación de sanciones a aquellos que ejerzan la actividad de forma ilegal.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley establece que el Gobierno deberá poner a disposición medios (web, teléfono y aplicación móvil) para que los ciudadanos denuncien posibles abusos cometidos por los beneficiarios del plan. En este sentido, desde ECO hemos desarrollado y subido a nuestras redes sociales un modelo de aplicación para que los porteños prueben y evalúen la herramienta propuesta.
Creemos que es el momento de encarar esta compleja cuestión desde un punto de vista superador. Adoptando una postura conciliadora, que no busque ni la prohibición absoluta ni la legalización generalizada, sino que llegue a una solución justa: que entienda que la actividad de los cuidacoches, ejercida de facto, no puede ser tolerada, pero que comprenda también que es necesario incluir a aquellas personas que no realizan la tarea en forma delictiva, sino como consecuencia del desamparo en el que están inmersos y del que no pueden salir sin la ayuda del Estado.