Por: Omar De Marchi
Aerolíneas Argentinas, desde su confiscación (mal llamada expropiación) a fines de 2008, dejó de ser una compañía aérea convencional para transformarse en un símbolo de la década kirchnerista. Esta compañía es una muestra concentrada de todo lo que este gobierno es capaz de hacer sin medir consecuencias. Mucho antes de ejecutar la confiscación de la compañía, el Ejecutivo pergeñó la estrategia para ese fin con Ricardo Jaime como su principal articulador.
Básicamente consistió en asfixiar económicamente a la empresa, negando aumento de tarifas a los españoles de Marsans, a pesar de los costos crecientes de la actividad, y transformándola en un coto de caza de los siete gremios que coexisten en la empresa, con paros salvajes y muchas veces inexplicables, hasta transformar en inviable la operación, y generando la sensación de que la única salida para “salvar a Aerolíneas” era expropiarla.
Producida la confiscación, en lugar de designar un management capacitado, debido a la sofisticación de la actividad, nombraron a un ex intendente como Julio Alak, y al poco tiempo, a un grupo de jóvenes inexpertos que no sólo no conocen la industria sino que no han pagado un sueldo en su vida. El único pero decisivo antecedente era que pertenecían a La Cámpora. Para justificar el arrebato de la compañía y las groseras ineficiencias de la gestión, aducen que Aerolíneas aporta “conectividad” a los argentinos, uniendo a aquellos destinos que los privados no quieren volar. Sin embargo, a esta altura es una obviedad el verdadero fin que el kirchnerismo persiguió con la toma de la compañía: fondear a la estructura política más fuerte que tiene el gobierno, que es La Cámpora.
En poco tiempo duplicaron los empleados, pasando de casi siete mil a cerca de 12 mil en la actualidad. Generaron gerencias mellizas, poniendo al lado de cada gerente de carrera un comisario político camporista, llenaron los aviones de azafatas o personal de a bordo reclutados en las universidades que respondían a su agrupación. Sin dudas, el déficit de la compañía está en los bolsillos de la caja política que sostiene a gran parte de los neomilitantes nacionales y populares.
Hay dos formas de ganar una carrera, esforzándose para correr más rápido y llegar primero, u obsesionarse en destruir a los otros competidores. Este último camino es el que han tomado los chicos K para esconder las desopilantes barbaridades que cometen a diario en la conducción de la compañía. Pero lo grave es que están destruyendo el sistema aerocomercial argentino. Hay más de veinte compañías que quieren volar y sus expedientes siguen pisados. Las empresas que ya volaban se encuentran todos los días con resoluciones incumplibles u obstáculos infantiles, que tienden a complicarlas cada vez más, hacer más onerosa su operación y desalentar su continuidad.
Todos los argentinos, a través del presupuesto nacional, hemos transferido desde el 2009 a la fecha al Grupo Aerolíneas más de 18.000 millones de pesos, un verdadero escándalo. Con un agravante, no hay posibilidades de control formal sobre sus cuentas, porque al ser una sociedad anónima escapa al control de los organismos públicos, y a su vez, al no completar formalmente la expropiación, no tiene balances, por lo tanto, estos cifras escalofriantes que aporta el presupuesto “están en el aire”.
Más allá de que todo este proceso es objetivamente inadecuado desde el prisma de la transparencia porque elude controles, se suman hechos concretos que sirven para pincelar una experiencia kirchnerista completa: impúdicos pagos de sobreprecios en la compra de aeronaves. Esto es Aerolíneas, un ejemplo cabal de la gestión de este gobierno nacional y popular, que falsea relatos, que pone a los peores a conducir áreas claves, que privilegia el gasto político por sobre el gasto social, que roba y que tiembla frente a la competencia, porque desnuda su cruel realidad.
Lo cierto es que Aerolíneas, ya sea pública o privada, debe volver a ser una compañía rentable y eficiente, que no degluta recursos que deben orientarse a áreas sensibles de la administración, y el camino es, siendo estatal, convocar a una conducción profesional y técnicamente formada, generar el marco legal de cielos abiertos en reciprocidad con otros países, autorizar a volar a todos aquellas compañías que cumplan con los estándares de seguridad aeronáutica y solvencia económica, tolerancia cero en materia de corrupción, y entonces sí, subsidiar eventualmente aquellos destinos no rentables, y en ese marco, tener una Secretaría de Transporte que se dedique a controlar. Esta la única y simple receta que el grupo Aerolíneas necesita para recuperar el prestigio que como aerolínea de bandera merece y necesitamos los argentinos.