Por: Ramiro Tagliaferro
Los que vivimos en Morón sabemos que el 22 de febrero de 2012 quedará grabado en nuestra memoria, cuando recibimos la noticia de que estábamos viviendo la mayor tragedia ferroviaria de nuestro país de los últimos 40 años y la peor de la historia en suelo bonaerense, en la que fallecieron 52 personas. Cumplimos más de un año de esta tragedia y el servicio continúa con problemas estructurales. Desde la tragedia a hoy tuvimos descarrilamientos y problemas en las formaciones, siguen las demoras y nadie sabe bien cuál es el plan a futuro. Nos preguntamos qué pasa y qué pasó, qué pasó en el gobierno para que las alertas no hayan sido escuchadas, por qué el gobierno se cerró para caer en la defensa de determinados funcionarios y no estar viendo de cerca lo que muchos advertíamos.
El sistema ferroviario de nuestro país vive en emergencia continua hace más de diez años. Las alertas habían llegado: los informes de la Auditoría General de la Nación habían denunciado lo que venía pasando en el Sarmiento. El informe de auditoría actuación AGN N°467/06 había sido bien claro y no fue escuchado. A modo de ejemplo, con respecto a las falencias en la señalización, TBA había reparado sólo el 17% de las falencias detectadas en uno de los principales tramos de trayecto. Las inspecciones de seguridad en la Línea Sarmiento habían sido menos de cuatro por mes, con un 25% por debajo de lo que se requería. TBA tuvo deficiencias hasta en un 91% con respecto a las rutinas de mantenimiento. En las reparaciones constata incumplimientos superiores al 88%. Cualquiera que puede leer el informe puede ver que los títulos del informe eran bien claros. Los coches de la Línea Sarmiento que circulan con sus puertas abiertas, la empresa no ha efectuado tareas de mantenimiento, no hay prestaciones en seguridad según lo estipulado por el contrato.
Pero a pesar de esto, se seguía subsidiando a TBA. A pesar de no haber invertido lo que se requería y no haber efectuado tareas de mantenimiento y reparaciones, el subsidio por pasajero transportado refleja un incremento del orden del 4583% respecto del valor fijado en 2003. Me pregunto por qué el gobierno eligió desoír las alertas, por qué cayó en la desidia de mirar al costado, de ignorar a la gente, al que viaja a trabajar, a estudiar todos los días. Por qué no podemos tener una política de transporte que siga los ejemplos de países que hoy privilegian la seguridad pero con más inversión pública. Por qué hay que caer en la resignación de viajar sin saber qué pasará con esa formación.
Once pareciera la metáfora de un gobierno que se sorprende ante el golpe inesperado, pero que rápidamente vuelve a argumentar y a financiar el mismo modelo de descontrol. La gente no conoce un plan a futuro de inversiones, no sabemos bien quién y cómo se harán cargo de nuestra seguridad. Tampoco se han escuchado las propuestas del gobierno con respecto a la normativa de control del sistema de ferrocarriles y cómo la gente puede hacer valer su opinión y su derecho. Queda todavía pendiente cómo salir de esta desidia crónica en un servicio crucial para millones de argentinos.