Por: Silvina Batakis
Luego del fracaso estrepitoso de las políticas de ajuste, que suponían un derrame automático de las bondades de la apertura del mercado de capitales, hay cierto consenso mayoritario en que la política económica debe mirar al cambio estructural. Y que los dos pilares fundamentales de la estrategia -en un contexto en el que ya hay un fuerte estímulo al consumo- deben ser el apoyo a la inversión realizada por empresas locales y el desarrollo de proyectos innovativos, conocimiento-intensivos.
Sólo así se podrán resolver cuellos de botella históricos y que han explicado el stop and go de la posguerra, con mejoras en la productividad que no atentan contra el empleo y por lo tanto no retraen el consumo. La mayor complejidad del aparato productivo permite sustituir importaciones, los proyectos, al ser locales, pueden lograr una radicación de más largo plazo y no sólo en la explotación de recursos naturales; cuando son de gran escala (cono se requiere en general en sectores como agroalimentos, maquinaria agrícola, autos, etc) permiten el desarrollo de la cadena de valor hacia adelante y el nacimiento de Pyme proveedoras. Todos estos elementos contribuyen a lograr una mayor actividad económica en localizaciones específicas que deben aún desarrollarse, y más y mejor empleo.
En estos años, el gobierno provincial -además de tantos otros instrumentos de apoyo a la producción industrial- ha sostenido enérgicamente uno fundamental: la promoción industrial. Mediante este mecanismo, las empresas beneficiadas en forma individual o en agrupamientos industriales gozan de una exención total de hasta diez años de los impuestos: Inmobiliario, sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Automotores, sobre los consumos energéticos, y otros servicios públicos.
La promoción es una estrategia muy útil para lograr los pilares mencionados (fomentar la inversión a gran escala y la innovación) porque la formulación de los proyectos prioriza el aumento del nivel de actividad, el empleo, la localización, etc. y es de fácil evaluación y control. Los beneficios pueden ser interrumpidos cuando se verifican anomalías.
Si se observa lo sucedido desde el 2009: la Provincia tuvo un costo fiscal para la promoción industrial de unos 500 millones totales. Este esfuerzo a permitido alcanzar un monto total de 5,5 mil millones, lo que representa un efecto multiplicador promedio de 10 veces el gasto público comprometido. Los proyectos aprobados apuntan a una mayor diversificación del sistema productivo provincial, el 30% correspondió a alimentos y bebidas, lo que permite agregar mayor valor a la actividad agropecuaria de la provincia; un interesante 25% se relaciona con la metalmecánica y la industria automotriz, sectores claves de la economía y con un poder multiplicador del costo fiscal muy superior al de la media.
Si se estudia la complejidad tecnológica de los proyectos financiados: un 59,6% corresponde a un nivel de complejidad medio-alto, un 32,9% a un nivel medio y sólo el 7,5% a un bajo aporte tecnológico. Es evidente que las empresas con capacidades tecnologías han respondido con inversiones al estímulo planteado por la política económica intensiva, incluso aprovechando el nivel profesional de excelencia del personal, los técnicos y los graduados de nuestras universidades.