Por: Adam Dubove
Una de las principales políticas económicas del actual gobierno es el llamado “modelo de industrialización por sustitución de importaciones”, o la idea de que impidiendo o dificultando el ingreso de bienes producidos en el exterior se promueve la industria local y así se genera empleo para millones de personas. Para conseguir esto, se implementan medidas arancelarias que encarecen los productos importados y por lo tanto terminan desalentado su importación.
Efectivamente, estas medidas desalientan las importaciones, pero también desalientan la necesidad de los empresarios de invertir y de mantenerse a la vanguardia tecnológica, y eso se traduce en productos de baja calidad a precios mucho más altos. La teoría y la práctica nos muestran las perniciosas consecuencias del proteccionismo, una política que únicamente se sostiene en base a varias falacias.
Supongamos por un momento que la teoría y la realidad están equivocadas. Supongamos que el proteccionismo es una política que tiene resultados exitosos y, como no se cansan de repetir los defensores de esta idea, genera empleo y trae resultados beneficiosos para la economía. Más allá del progreso económico o cualquier otro criterio materialista que tendría esta política aislacionista, la idea de que un gobierno le impida a un individuo realizar un intercambio con otro por el solo hecho de encontrarse en distintos países debería ser rechazada: el proteccionismo es inmoral.
Todos los días, desde la mañana hasta la noche, realizamos intercambios con otras personas para satisfacer nuestros deseos y necesidades. Las reglas de juego son iguales para todos; esto no quiere decir que sean justas o no, sino que cuando vamos al supermercado y el paquete de fideos tiene un precio determinado, sea uno alto o bajo, morocho o rubio, rico o pobre, argentino o extranjero, va a pagar el precio que está indicado allí. No importa la nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, o cualquier otro atributo del consumidor para discriminar por precio. De existir discriminación, el mismo mercado, tanto consumidores como competidores, se ocuparía de denunciar estas deleznables prácticas para desalentar al comercio que las aplica a continuar haciéndolo, generándole perdidas.
Salvo algunas excepciones, como la edad en la venta de cigarrillos y alcohol, en los intercambios que realizamos a diario no existe ninguna disposición que establezca con quiénes podemos realizarlos y con quiénes no. Da igual su nacionalidad o cualquier otro aspecto que defina la personalidad del individuo para determinar el tipo de servicio o precio que se ofrece. Incluso, la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 8 bis lo prohíbe:
“No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice.”
Sin embargo, la convivencia relativamente pacífica y armónica que se da en el plano local no se replica cuando hablamos de comercio internacional, donde aparecen un sinnúmero de medidas que se ocupan de obstaculizar los intercambios voluntarios entre dos personas. De esta manera nos encontramos con tarifas arancelarias, controles burocráticos formales y no formales para dilatar el proceso de importación, licencias no automáticas, cuotas o contingentes, salvaguardias, controles fitosanitarios, controles de etiquetado y calidad, subvenciones a la producción, medidas anti-dumping, control de cambios, impuestos al consumo de bienes importados, exigencias de exportación para poder importar, medidas no escritas (las favoritas del actual gobierno), y la más extrema de todas, la prohibición de importaciones.
El gobierno, mediante todas estas medidas, levanta barreras que les impiden a dos personas, por el solo hecho de encontrarse en distintos países, intercambiar libremente productos y servicios. No existe ninguna justificación como para permitir la obstrucción de una relación voluntaria entre dos personas en donde no haya ninguna agresión contra un tercero. Creer que un beneficio económico justifica interponerse entre dos personas realizando un acuerdo pacífico es una afrenta contra la dignidad humana.
Imaginemos por un momento que esas políticas proteccionistas comienzan a aplicarse a nivel local, para “proteger el trabajo de los argentinos”. Imaginemos que aplicar estas trabas al comercio no es fruto de un nacionalismo irracional que termina perjudicando a la sociedad entera y beneficiando a un puñado de parásitos, sino una medida que beneficia a todos los argentinos, y como tal es justificable aplicarla a nivel local. ¿Cómo sería vivir en un país donde el proteccionismo también se hiciera a nivel interno?
- En las ventas de frutas en fruterías cuyos dueños fueran bolivianos deberá abonarse un arancel especial del 40%, mientras que las fruterías de argentinos se encontrarían exentas de ese arancel. Por supuesto, el precio de la fruta llegaría a niveles exorbitantes y las fruterías a cargo de personas provenientes de Bolivia terminarían cerrando al no poder competir contra los “precios bajos” de las fruterías manejadas por argentinos.
- Los autoservicios chinos estarían obligados a vender a un precio no inferior que sus contrapartes nacionales porque de lo contrario se los acusaría de incurrir en dumping y por ende competir de manera desleal. Es decir, no podrían ofrecer mejores precios.
- La venta de bijouterie por parte de inmigrantes africanos estaría prohibida, o solo podrían vender 40 piezas por mes.
- Finalmente, el ingreso a tintorerías japonesas para llevar un traje o un vestido estaría supeditado a una autorización que se debe requerir con 48 horas de antelación de asistir al local y que puede ser expedida hasta 60 días más tarde: una licencia no automática.
Absolutamente nadie, excepto los xenófobos, podría defender tales medidas, aun si ellas representaran un beneficio económico. La gran mayoría de los argentinos denunciaría a este gobierno y a todos los gobiernos que aplicaran políticas de este tipo, por considerarlas violaciones a los derechos más básicos de las personas. No obstante, cuando estas medidas se traducen en estadísticas y medidas de nombres complejos y confusos, alejadas de las relaciones humanas cotidianas, parecen tener aceptación en ciertos sectores de la sociedad, cuando en realidad estos ejemplos hipotéticos y las medidas proteccionistas se apoyan en los mismos principios.
Los resultados de las políticas económicas pueden ser en algunos casos discutibles; sin embargo, conformarse con analizar el efecto económico que tienen éstas sobre la sociedad, dejando de lado aspectos esenciales como es el respeto por los derechos fundamentales de las personas, es una actitud peligrosa que puede traer aparejadas consecuencias que después son difíciles de olvidar.