Por: Adam Dubove
Un nuevo proyecto de ley reactiva la ofensiva de la clase política sobre Internet. Desde que el diputado Federico Pinedo presentara un fallido proyecto para regular a los proveedores de Internet, los esfuerzos por mantener un control sobre la red se multiplican. La ley antigrooming, el grosero intento de un legislador provincial para bloquear las redes sociales y el reciente bloqueo al repositorio de torrents de The Pirate Bay son algunos de los antecedentes inmediatos que se suman a un nuevo proyecto.
El caso del proyecto de ley que presentó en el Congreso Sandra Giménez, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Misiones, tiene sus particularidades. Ni la propia legisladora, según la información que se desprende tanto de sus declaraciones públicas como de los fundamentos del proyecto, tiene claro el motivo de esta ley. Por un lado, introduce el tema de la pornografía infantil como una de las grandes “alarmas sociales” de nuestro tiempo y brinda una serie de estadísticas. A continuación, declara su cruzada contra el acceso de los menores a contenidos pornográficos. La confusión es evidente. Giménez no puede diferenciar la utilización de menores para generar material pornográfico -llamado pornografía infantil- con la responsabilidad de los padres sobre sus hijos en cuanto al acceso a material pornográfico.
La senadora misionera busca que las empresas proveedoras de Internet instalen un filtro que excluya los sitios de contenido para adultos. Los sitios surgirán de un listado confeccionado por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Sin embargo, los usuarios que deseen recibir el “servicio completo” podrán solicitar por escrito a su proveedor de Internet ser excluidos de dicho filtro. Es decir, la norma le otorgaría a la CNC, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, un control total sobre el bloqueo de sitios. La norma ni siquiera reparó en definir qué se entiende por “contenidos pornográficos”.
“La Comisión Nacional de Comunicaciones elaborará y mantendrá actualizado el contenido de la lista de sitios de acceso restringido en el que identificará las páginas con contenido pornográfico a través de una estrategia acordada en el marco de la Comisión Argentina de Políticas de Internet”. De esta manera, el texto de la senadora autoriza a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo a coartar la libertad de expresión. Con una “lista de sitios de acceso restringido” es suficiente. El ingeniero Ceferino Namuncurá, interventor de la CNC desde el 2004, o quien lo reemplace, se convertirá en un censor oficial y no habrá control alguno sobre los contenidos agregados a la famosa lista.
El problema no se limita las personas. Si Namuncurá promete limitarse a incluir solamente los “sitios verdaderamente pornográficos” también estaríamos ante un problema, el primero de varios. El obstáculo para aplicar la ley es el conflicto semántico: para algunos, hasta un texto con contenido político puede llegar a ser pornográfico. Incluso, podrían terminar siendo bloqueadas redes sociales, en muchas de ellas el contenido pornográfico es accesible aunque esté prohibido, nadie es infalible. Bajo este esquema los más perjudicados serán los que no puedan o no crean que valga la pena defenderse ante los obstáculos del gobierno. Esta medida anula la libertad de expresión.
Otro problema con proyecto de la senadora Giménez es la intromisión en el espacio íntimo de las personas. Si se aprueba el proyecto, una gran cantidad de personas pensará dos veces antes de ver contenido para adultos en la web. No es lo mismo tener que llamar a una empresa para solicitar autorización que hacerlo en la soledad de la casa. Mirar pornografía es una decisión personal que se hace en un ámbito de privacidad, ante la falta de privacidad las conductas se modifican. Uno no actúa de la misma manera cuando está solo, en su casa, que cuando sabe que está siendo observado, ya sea por uno o varios empleados del proveedor de Internet, funcionarios del gobierno, y cualquiera que conozca a alguien con acceso a esa información.
La ley estatiza la intimidad del individuo. Para poder acceder a contenido pornográfico necesitará el consentimiento de otra persona, ya no será solo su decisión. Peor aún el hecho de que su nombre quedará registrado entre los que solicitaron mirar pornografía, en una lista que no sabemos quién puede llegar a acceder. Sin dudas, si es aprobada, esta ley impactará en las conductas habituales de una parte de la población.
Además, ¿qué tiene de malo la pornografía? Para Wendy McElroy, una filosofa que se autodefine como feminista, individualista y anarquista, la pornografía ofrece variados beneficios para las mujeres (y también para los hombre). La autora de “XXX: Un derecho de la mujer a la pornografía” sostiene que “la pornografía es buena porque provee a las mujeres con información sexual (…); despoja la confusión del mundo real al sexo (…); rompe con los estereotipos culturales y políticos para que cada mujer pueda interpretar el sexo a su manera —una sensación de “no estás solo en tus fantasías y deseos”, dice McElroy; además, es “buena terapia”, para los que tienen pareja y para los que no.
McElroy llega hasta el quid de la cuestión en el caso de este tipo de legislación: la promoción de la virtud no puede ser la finalidad de la ley, ni del derecho. “Es el viejo conflicto entre la libertad individual y el control social”, concluye.
Por último, la senadora Giménez se entromete en asuntos puramente familiares. Si la ley apuntara a la pornografía infantil, el filtro no sería efectivo. Solo sería necesario que el depredador sexual solicite que no filtren su conexión. Pero la ley no tiene ese objetivo, la pornografía infantil solo está presente en la confusión de la senadora y no en el texto legal que tiene otro objetivo. La ley apunta a imponer unos valores morales determinados sobre las conductas de vida individuales. Tanto la decisión individual de mirar o no pornografía, como la de controlar o no los contenidos que visitan los hijos menores, son asuntos que deberían quedar en el ámbito personal o familiar. Así, se repite un patrón que se puede identificar constantemente. Esta intromisión hace desaparecer la noción de responsabilidad personal, delegando decisiones tan intimas e importantes en la crianza de un hijo, como lo es la forma de abordar temas como este, en un tercero: el Estado.
Considerando el proyecto de ley, el acceso de menores a sitios web pornográficos no es tán preocupante como el hecho de que una persona con las aptitudes y el conocimiento de la Constitución de Sandra Giménez sea senadora. Por lo menos, la pornografía nunca le causó daño a nadie. Del Congreso, no se puede decir lo mismo.