La función principal de la libertad de expresión es restringir cualquier tipo de acción estatal sobre manifestaciones realizadas en los medios o en una protesta pública, especialmente de aquellas que pueden resultar molestas u ofensivas; una protección para algo que es agradable escuchar no tiene sentido.

En Argentina, sin embargo, existen organismos estatales destinados a “observar” los contenidos de los medios de comunicación en busca de una opinión no permitida. La manifestación de algunas opiniones puede traducirse en una sanción para el que las expresa.

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión es el organismo dedicado exclusivamente a esa tarea. Conformado a partir de un decreto presidencial del año 2005, es “un espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual(AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)”, explican en el sitio web.

Su actividad no es secreta ni ilegal. El mandato del Observatorio está dispuesto en el el “Plan Nacional contra la Discriminación”: “Arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comuniación estatales, privados, comunitarios, e internet que incluyan cualquier tipo de discriminación, perjuicio, burla, agresión y/o estigmatización a distintos grupos o sectores de la población que por sus características puedan ser víctimas de discriminación”. En otras palabras, monitorear los medios y sancionar aquellas expresiones que no alcancen la pauta  que establece el Observatorio.

La última semana Jorge Lanata, el periodista detrás de algunas de las investigaciones que más molestan al gobierno nacional, fue sancionado por su postura semántica frente a los travestis. Lanata dijo: “Cuando a Flor de la V le dan el documento y dice ‘soy mujer, soy madre’, disculpame: no sos, en todo caso sos padre. Hablando de los documentos, ¿por qué hay que poner sexo? Vos sos una persona, después, con quién te acostás, es un problema tuyo. Esto que te den el documento de mujer y sos trava, no sos una mina, sos un trava con documento de mina. Yo no te voy a discriminar, te voy a dar trabajo, pero no sos una mina”.

Los dichos de Lanata trajeron repercusiones. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans lo denunció ante el INADI, mientras que el Observatorio le ofreció dos alternativas. “Lanata podrá pedir disculpas, dar espacios para la difusión de las políticas de género o realizar una capacitación en género junto a su equipo de producción”, dice la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lanata, por expresar su opinión, “fue invitado” a rectificar sus dichos y admitir su error por referirse de esa manera a la comediante o de lo contrario hubiese tenido que asistir a un encuentro para ser “educado”. Es decir, Lanata debe sacrificar sus convicciones —más allá de que sean ofensivas o no—o de lo contrario asistir a una “una capacitación, a cargo de la Defensoría [del Público], abierto a todos los equipos de producción y realización de la radio”.

La sanción a Lanata me recuerda al ejercicio de autocrítica, una práctica habitual en los partidos comunistas a la hora de ejecutar prugas. El periodista tiene que reconocer su error y admitir un crimen en pos de la causa la de “igualdad y la anti-discriminación”. Pero esto no fue la única consecuencia, la AFSCA también intervino.

El organismo liderado por Martin Sabatella, “envió a la radio una cédula de notificación por los dichos del periodista (ver adjunto). La cédula surge luego de un proceso de evaluación que realiza la dirección de Fiscalización de la AFSCA. Allí le informan que debe hacer un descargo por las “expresiones discriminatorias”, aportando pruebas.” Como si hubiera cometido un delito, Lanata deberá justificar ante el Estado el porqué de sus dichos.

Todo el andamiaje legal en torno a la sanción al conductor de Periodismo para Todos tiene su origen en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, promovida por el gobierno como el instrumento “para que se escuchen todas las veces”. Lejos del eslogan utilizado para su promoción, ocurrió lo exactamente lo contrario. La ley de medios erosiona la libertad de expresión y es utilizada para condenar y regular aquellas opiniones y manifestaciones realizadas por fuera de la opinión políticamente correcta.

Por supuesto, el caso de Lanata no es el único. Piezas publicitarias y segmentos humorísticos de programas radiales fueron levantados a pedido del Observatorio, que actúa en base a denuncias pero también lo hace de oficio.

La acción del AFSCA y el Observatorio no solo afecta el derecho a expresarse libremente cuando actúan activamente contra las manifestaciones que no satisfacen sus criterios de corrección política. El solo hecho de saber que hay un organismo vigilando de manera constante todo lo que se dice y se deja de decir en los medios funciona como un condicionamiento sobre lo que se va a decir. Es frecuente escuchar en radio y televisión alusiones al INADI o al AFSCA cuando se hacen comentarios, e incluso chistes, políticamente incorrectos. Estos organismos siempre están presentes cuando un periodista está hablando.

Lohana Berkins, directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual en Observatorio de Género en la Justicia de la CABA, le dijo a Infojus noticias que “Lanata puede pensar lo que quiera pero lo que reviste de gravedad sus dichos es que haga un llamamiento de incitación a la violencia, porque esto es un acto de violencia hacia las travestis”, además de calificar sus declaraciones como “terrorismo ideológico”.

Si dar una opinión puede ser considerado incitar a la violencia o “terrorismo ideológico” no hay lugar a dudas: la libertad de expresión en Argentina es un derecho que se puede gozar siempre y cuando se obedezcan los criterios del poder, para todo el resto es tan solo una ilusión.