Por: Adam Dubove
El último domingo en el programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, se expuso una red de lavado de dinero construida especialmente para realizar operaciones con fondos provenientes de actos de corrupción, en principio, por Lazaro Baéz, principal contratista del Estado, amigo personal de la familia Kirchner, y socio del fallecido Néstor Kirchner. Por el momento, sólo se conoce la compleja trama para mover los fondos espurios hacia cuentas seguras en bancos suizos, a través de sociedad constituidas tanto en el exterior como en la Argentina.
Todavía resta conocer los diferentes mecanismos mediante los cuales Baéz, entre otros empresarios beneficiados por las obras públicas, desvío fondos públicos para su exclusivo beneficio personal. Sin embargo, está claro que uno de los caminos por los que optó el empresario santacruceño para construir una fortuna fue la posibilidad de haber obtenido cientos de contratos para realizar obras públicas.
Todas estas maniobras denunciadas por Lanata, y que prometen ser ampliadas el próximo domingo, se pueden ubicar en lo que se conoce lisa y llanamente como “corrupción”. La corrupción es una manera de referirse a ciertos delitos enumerados en el Código Penal, especialmente entre los arts. 260 y 268, en los que se describen conductas llevadas a cabo por funcionarios públicos que podrían resumirse de la siguiente manera: la utilización de la posición de poder en la que se encuentra un funcionario público en beneficio personal. Así, cuando un funcionario desvía fondos que debían aplicarse para repavimentar una ruta hacía su cuenta personal estaría incurriendo en un acto de corrupción que se encuentra penado por la ley. Pero también hay otra corrupción, que no se encuentra penada por la ley y está legitimada desde todos los sectores políticos.
Mientras la corrupción ilegal está compuesta principalmente por la malversación de fondos públicos, la otra corrupción, la que es legal y está legitimada, se caracteriza por ser una malversación del poder, es decir el funcionario público no se dedica únicamente a tomar dinero que no le pertenece, sino que promueve legislación y genera estructuras para beneficiar a un grupo de personas determinado. En otras palabras, aquí no se está desviando en la oscuridad dinero que iba a ser destinado a un fin hacia otro fin, sino que se genera un contexto en el que legalmente la gente se convierte en víctima de un esquema de redistribución de riqueza, desde los sectores con menor capacidad de lobby, hacia los sectores con mayor capacidad de lobby.
Los casos son interminables. Las políticas de promoción industrial representan el caso más paradigmático: leyes, decretos, resoluciones de AFIP y normas no escritas, entre otras herramientas a las que apeló el gobierno para beneficiar a los llamados “industrialistas”, quienes se enriquecen gracias a la restricción a la competencia que estas normas implican, y que les posibilita vender sus productos a mayores precios independientemente de su calidad. Incluso, si este modelo de negocios llegara a fallar, siempre se puede acudir a la escandalosa devaluación que siempre está ahí para continuar enriqueciendo a la casta psuedoempresaria, pero que en los hechos, es tan política como los políticos.
Otra de las vías de la corrupción legal está en el Banco Central. La emisión de dinero para cubrir los gastos del gobierno no sólo genera una reducción en el poder adquisitivo de la moneda, sino que además deja ganadores y perdedores. Los primeros, que se enriquecen a costa de los segundos, lo hacen al recibir el dinero recién impreso antes que los demás. Es decir, recibir un pago directo por parte del Estado es evitar la inflación que se generará cuando comiencen esos nuevos billetes a circular.
Finalmente, otra característica de la corrupción, ya sea “legal” o ilegal, es que la corrupción, como cualquier otra acción que surja del gobierno, es un juego de suma cero. Se trata de una situación donde para que alguien gane, otros tienen que perder. Los corruptos se hacen con dinero que debía tener otro destino, los industrialistas beneficiados de manera constante por el gobierno se ven beneficiados a costa del resto de la población que no tiene otras opciones, y a través de la inflación, el gobierno se ve beneficiado por utilizar el dinero recién emitido antes que el resto de la población.
Al contrario de esto, la gran mayoría de las interacciones que los individuos realizamos todos los días tienen otro resultado, ambos salimos ganando. Ante la ausencia de la fuerza gubernamental, que impone, las relaciones voluntarias tienen su sustento en que ambas partes esperan obtener algo positivo de su intercambio, lo realizan para estar en una mejor condición que la anterior, y para ello apelan a un montón de cálculos inconscientes que el gobierno nunca podría reproducir.
Mientras prevalezca la corrupción, de todo tipo, se repetirá la historia en la que los ganadores y perdedores son siempre los mismos, y a estos los definen quienes ostentan el poder. En ese sentido, con un menor poder del estado los ganadores y perdedores surgirán de una forma más justa, será de los acuerdos voluntarios de las personas, y no de las decisiones de un puñado de funcionarios públicos.