Por: Adam Dubove
“La corrupción es un mal inherente a cada gobierno que no es controlado por una atenta opinión pública”, escribió el economista austríaco Ludwig von Mises en referencia a la imposibilidad de la mayoría de los economistas de percibir los defectos de la economía socialdemócrata.
Las denuncias mediáticas en el programa de Jorge Lanata sobre escandalosos hechos de corrupción que alcanzan a todo el entorno cercano de Cristina Fernández de Kirchner, despertó un inusitado interés y es uno de los temas preponderantes en los diarios de mayor tirada, y también en las conversaciones entre amigos y familares. A pesar de que algunos periodistas independientes a partir de 2004 ya habían empezado a denunciar distintos actos de corrupción por parte de los Kirchner.
El gasto público actual supera los $ 628.000.000.000 y la injerencia en la economía ya alcanza un 50%. Con números de estas magnitudes en cuanto al tamaño del Estado, se torna imposible de controlar. De esta manera aumentan los incentivos para los actos de corrupción. Al manejar cada dependencia gubernamental presupuestos abultados, las posibilidades para poder desviar fondos públicos a cuentas bancarias personales aumentan considerablemente.
Si a esta situación le agregamos que el Estado se encuentra en vías de restringir aún más la libertad de expresión, las oportunidades para llevar adelante irregularidades sin control alguno aumentan exponencialmente. El gobierno ha reaccionado ante denuncias de corrupción apelando a la censura, de forma directa, y también de forma indirecta.
El primero de los ejemplos de la aniquilación de la libertad de expresión durante el kirchnerismo involucra a uno de los que hoy pretenden convencer a los ciudadanos de que esos años no fueron tan malos. Se trata del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Fernández le ordenó al diario Página/12 que no publique una nota redactada por Julio Nudler, periodista de ese diario. No es casualidad que la nota que censuró Fernández era acerca de una investigación realizada por actos de corrupción en el nombramiento de Claudio Moroni al frente de la Sindicatura General de la Nación.
Por otro lado, el gobierno también ha optado por herramientas alternativas para restringir la libertad de expresión. En lugar de ejercer una orden directa de censura, como en el caso de Nudler, han elegido atacar la esencia de la libertad de expresión: el respeto por los derechos de propiedad. La posibilidad de transmitir ideas no sólo depende de tener esas ideas, sino también de poder transmitirlas mediante diferentes técnicas, que puedan hacerlas llegar tanto a 5 como a 50 millones de personas. Si para expresarse en un diario es necesario el uso del papel, y ese papel está controlado por el gobierno, entonces la posibilidad de publicar un diario dependerá de la aprobación del gobierno.
Así se entiende por qué Cristina Fernández decidió expropiar el 27% de las acciones de Papel Prensa que hoy son propiedad del los diarios Clarín y La Nación. Con esta expropiación, el Estado obtendrá el 51% de las acciones de la única planta que fábrica papel de diario en el país, de modo que la controlará. Se suma a esta situación que el principal suministro de los diarios fue declarado como “de interés público” por el Congreso Nacional en el 2011, y esto habilitó la posibilidad de regular el ingreso de papel de diario importado.
Casi en simultáneo, se realizó el allanamiento de las casas de dos periodistas del canal Todo Noticias a raíz de denuncias formuladas por AFIP. La agencia recaudadora, devenida en policía política, enmarcó los allanamientos en una “megacausa por facturas apócrifas”. Sin dudas se trata de otra forma de perseguir indirectamente a periodistas, en este caso no por su actividad principal, sino usando como excusa temas impositivos.
En este sentido fue pensada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (o “ley de medios”). En su “clausula antimonopólica” no establece el desmembramiento del Grupo Clarín por su posición ideológica, sino por su participación en el mercado. El argumento es únicamente económico y no ideológico. Sin embargo, cuando uno aprecia que algunos de los pocos medios que incomodan al actual gobierno son los medios que pertenecen al Grupo Clarín, quedan a la vista las segundas intenciones que pueden tener, y generalmente tienen, las regulaciones económicas.
Thomas Jefferson escribió “ante la alternativa de un Gobierno sin prensa libre o prensa libre sin Gobierno, me inclino decididamente por esto último”. Para Jefferson, la prensa libre es uno de los mayores contrapesos que tiene el Estado, tanto para denunciar actos de corrupción, abusos, o cualquier otra crítica a los que ostentan el monopolio de la fuerza. También lo es para la Presidenta Cristina Fernández, que entiende que para tapar sus hechos de corrupción, debe abolir la libertad de prensa y para ello, la libertad de empresa.