El anuncio del blanqueo para aquellos que depositen dólares en el Banco Central y reciban a cambio de ellos un certificado para hacer inversiones inmobiliarias, o un bono para financiar a la confiscada YPF, fue recibido con escepticismo por analistas políticos y económicos. Mucho se habló acerca de que era una gran oportunidad para blanquear dinero proveniente de la corrupción; sin embargo, pocos advirtieron que era una invitación poco feliz del gobierno a los ciudadanos: tus dólares o la cárcel.

A pesar de que parezca un titular exagerado, las alternativas para aquellos que tienen dinero no declarado en el exterior son limitadas. La primera consiste en financiar a YPF a través de los BAADE, con una tasa de retorno del 4% en dólares. La otra opción es  depositar los dólares en el Banco Central y recibir un certificado (CEDIN) para hacer inversiones inmobiliarias. Aquellos que se sientan incómodos (y con razón) en que el gobierno proteja sus dólares, tendrán como alternativa la cárcel o la confiscación. Por lo menos eso es lo que dio a entender Ricardo Echegaray, quien afirmó en la presentación del blanqueo que “a los que no traigan sus dólares los vamos a encontrar”.

Que los análisis sobre el blanqueo hayan pasado de largo la verdadera naturaleza del anuncio, nos alerta sobre ciertos rasgos típicos de los gobiernos autoritarios que han sido incorporados a la normalidad de la vida cotidiana de los argentinos.

No se trata de un hecho aislado. La última semana, en la inauguración de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner admitió que le gustaría tener un “botón antizonzo”. Siendo zonzos, según Fernández de Kirchner, aquellos que “creen en las zonceras que les cuentan todos los días para que sigan siendo zonzos”. Son zonzos, entonces, aquellos que optan por informarse más allá del conglomerado, casi omnipresente, de medios estatales y paraestatales que informan la realidad alternativa en la que vive el kirchnerismo.

En otras palabras, el sueño de Cristina Kirchner se materializaría con la consolidación de un pensamiento uniforme, donde nadie sea “zonzo”, sino que todos crean ciegamente en la grandiosa obra del gobierno actual.

Simultáneamente, continúan las maniobras de la AFIP para perseguir a opositores y periodistas que no le caen bien al gobierno. Esta utilización del organismo recaudador trae reminiscencias de la STASI de Alemania Oriental o la Cheka soviética, cuyo nombre completo (“Comisión Extraordinaria de Todas las Rusias para Combatir la Contrarrevolución, la Especulación y el Abuso de Poder”) seguramente le encantaría al gobierno de CFK. La nueva policía política se encarga de disuadir y atemorizar a los ciudadanos con allanamientos, inspecciones y el inicio de causas contra aquellos que no comulgan con el gobierno.

Vale la pena volver sobre esto ya que, en Estados Unidos, Steven Miller, inspector general del Internal Revenue Service (IRS, la AFIP estadounidense), fue obligado a renunciar por un escándalo que salió a la luz la última semana, en el que se descubrió que esa dependencia dificultaba que organizaciones opositoras al gobierno de Barack Obama recibieran una exención impositiva, y eran interrogadas intrusivamente acerca de sus integrantes y actividades. El escándalo es de tal magnitud que se comenzó a barajar la posibilidad de promover un juicio político a Obama, por su responsabilidad política en el caso.

Mientras tanto, a este tipo de accionar, que es moneda corriente en nuestro país y se encuentra enquistado en las prácticas habituales de la AFIP, se lo justifica y promueve desde los atriles de los actos oficiales. Ningún legislador tuvo el coraje de pedir el juicio político de la jefa del Poder Ejecutivo.

Esta pasividad reinante no es de sorprender. Cualquier intento de que los responsables de abusos paguen sus consecuencias es tildado de golpista o antidemocrático, incluso cuando se trata de herramientas que están incluidas en la Constitución Nacional, como son las interpelaciones a los ministros o el juicio político.

Por sobre todas las cosas, la ausencia de una voz que comience a tratar estos instrumentos constitucionales para limitar el poder se debe a la falta de compromiso de diputados y senadores con los valores de una sociedad libre. Según ellos, los tintes autoritarios del gobierno deben ser respetados porque el 23 de octubre de 2011 una mayoría circunstancial eligió a este gobierno.

Yendo al fondo de la cuestión, la incorporación a la normalidad de los caracteres autoritarios del gobierno ha generado un velo protector para éste. Cada nuevo paso del gobierno “normaliza” el paso anterior. Así se sucedieron confiscaciones, expropiaciones, persecuciones a periodistas y pueblos originarios, restricciones a las importaciones y fuertes limitaciones a la compraventa de moneda extranjera, entre muchas otras. Con cada nueva medida quedaba legitimada, por el olvido, la medida anterior.

La pasividad de la oposición sólo puede explicarse de una manera: no están del todo en desacuerdo con los conceptos que maneja el actual gobierno. Por ejemplo, la idea de “fuga de divisas” implica que hay dinero que se está escapando, pero ¿de quién? No se escapa de sus dueños, quienes saben debajo de qué colchón, en qué caja de seguridad o en qué cuenta en el exterior tienen ese dinero. Si no que se escapa del control del Estado, impidiéndole parasitar también ese dinero. El Estado reclama la tajada que cree que le corresponde. Es que, en realidad, no se escapa nada, sino que está siendo protegido de los saqueadores.

Comprender cuestiones básicas sobre nuestros derechos es fundamental para no dejarnos avasallar, ni siquiera permitiendo que la persona más poderosa de la Argentina considere que es necesario un botón antizonzo, mediante el cual se hable y se escriba únicamente lo que ella quiere.

El futuro no es positivo, a medida que la situación económica comience a ahogar a los ciudadanos y también al gobierno, este tipo de intentos desesperados de hacerse de fondos y de mantener el control de todas las variables, aun de las que no pueden controlar, podrá agravar el estado actual de la libertad en Argentina. Será cuando todo falle que, tal vez y de una vez por todas, Argentina pueda transitar los caminos de una sociedad próspera y justa, basada en el respeto a los derechos individuales.