La muerte del niño Néstor Femenía, perteneciente a la comunidad Qom, no es un hecho aislado como dijo el gobernador en licencia del Chaco, Jorge Capitanich. Es producto de una política implementada desde hace años que afecta y expulsa a las familias pertenecientes a los pueblos originarios de sus tierras, convirtiéndolos en víctimas históricas de un modelo agricultor de desarrollo que tiene como eje central la acumulación y concentración de tierras en manos de unos pocos.
Para llevar este proceso adelante, fue necesario expulsar a esas comunidades de sus hogares y obligarlos así a enfrentar una realidad social atravesada por caminos minados de xenofobia, racismo y violencia y muchas veces, aunque sea imposible verlo reflejado en las estadísticas oficiales, sin amparo y protección del Estado. Además, llamar un “hecho aislado” es desconocer una situación de gravedad social que ya tiene como antecedente un amparo ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó al Gobierno del Chaco garantizar los derechos de los pueblos originarios Qom, Wichí y Mocoví, en cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Provincial, ante una presentación judicial realizada en 2007 por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh)
Estas comunidades aborígenes están insertas en un cuadro general que señala que la mitad de los chaqueños son pobres. Basta ver cómo, en los alrededores de la Ciudad de Resistencia, se fue conformando un cordón de viviendas precarias, hechas de cartón y chapas, que va rodeando la capital de la provincia. Cada día más grande. Se trata de familias enteras desterradas de sus lugares de origen en el interior de la provincia. Todos ellos víctimas del clientelismo llevado adelante por el partido de gobierno, que solo reparte a cuenta gotas lo justo y necesario para su subsistencia pero que no alcanza, muchas veces, para evitar que las situaciones más graves terminen en tragedia como la de este niño Qom recientemente fallecido.
Los tienen hacinados para tenerlos a mano y poder manejar su voto a voluntad, fortaleciendo con prebendas a punteros políticos que se mezclan entre esos vecinos proliferando falsas promesas. ¿O vamos a dejar pasar por alto que fue el Chaco una de las provincia más afectadas por la estafa del programa de viviendas Sueños Compartidos? Toda esa gente debería estar reubicada en viviendas dignas, de acuerdo a lo que prometían en ese entonces cuando llenaron los espacios publicitarios de los medios de comunicación, pauta pagada con fondos públicos, para instalar una mentira, una estafa, porque estos comprovincianos, lamentablemente, no solo son víctimas del clientelismo inescrupuloso, la desidia y la mentira, también son víctimas de la corrupción
Es bueno que hoy recordemos que hace dos años, cuando asesinaron a un joven Qom llamado Imer Flores, la respuesta del Gobierno fue similar, decían que se trataba de un hecho policial, aislándolo de una situación social de injusticia y violencia. Nunca quieren mirar el fondo del vaso porque saben que allí pueden ver reflejada su responsabilidad.
Observemos algunos indicadores sociales que nos aporta el Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela, quizás la ONG más prestigiosa que trabaja en el Chaco. Este centro de estudios sostiene que en la provincia existe un 49,7% de pobreza y un 17,2% de indigencia, y que en ese contexto unos 15 mil niños se encuentran desnutridos, anémicos o mal nutridos, muchos de ellos o la mayoría, perteneciente a la comunidad Qom. Esto explica, también, porque el Chaco tiene la tasa de desnutrición infantil más alta de la Argentina, ya que casi un 20% de los niños bajo atención médica tienen algún tipo de desnutrición.
Con estas cifras aterradoras, decir que la muerte de Feminia es “un hecho aislado” es una irresponsabilidad, es negar la realidad para poder seguir apostando al modelo de exclusión, el que clienteliza a los más necesitados, el que solo aspira a atender a los pobres en la pobreza y nunca trabajar para intentar sacarlo de ella.
Un modelo fracasado, que solo traerá consigo más tragedias que lamentar.