Por: Carlos Maslatón
Rechazo el plan kirchnerista para implantar un nuevo impuesto a la llamada “renta financiera” para las personas físicas por ser fiscalmente negativo e inservible, políticamente demagógico y de efectos recesivos sobre la economía. El proyecto no ha sido pensado debidamente y en este error de política tributaria se anota también el diputado Alfonso Prat-Gay que hace rato viene insistiendo con este tema que, de llevarse a la práctica, no generará los efectos deseados.
Por “renta financiera” suelen abarcarse dos hechos diferentes. Por una parte, los rendimientos de los depósitos a plazo fijo y los que corresponden a los títulos públicos. Por la otra, las ganancias de capital resultantes de la compra-venta de acciones y bonos como así también de bienes inmuebles o muebles si se quisieran incluir en el concepto.
Castigar ahora a los plazos fijos o a bonos del Estado lo único que generará es mayor huida de capitales en continuación de la promovida desde 2011 con las medidas cambiarias de Guillermo Moreno. Tenderá a informalizar más la economía y a reducir el poco atractivo que el peso argentino, legalmente inconvertible con otras monedas, ofrece en la actualidad producto de las desafortunadas medidas oficiales.
Mucho peor aún sería establecer imposiciones a las inversiones en acciones de compañías cotizantes o no cotizantes en bolsa, porque esta medida consagraría la extinción definitiva del ya casi aniquilado mercado de capitales argentino que ha sido política sistemática de Estado desde 2002 y más intensamente a partir de 2011. Para que las personas decidan cursar sus ahorros a suscribir capital de compañías, lo que otorga a éstas la posibilidad de financiarse sin tomar créditos que les obliguen a devolver intereses y capital de préstamos, es necesario que el inversor sepa que puede vender las acciones suscriptas en un mercado secundario, que es la bolsa de valores. No hay mercado primario de suscripción accionaria sin mercado secundario donde cualquiera pueda comprar y vender, o vender y comprar con entera libertad para que se desarrollen movimientos de precios que siempre puedan dar salida a los ahorristas. Gravar la ganancia secundaria es atentar contra esta posibilidad de salida libre y significa destruir la gran oportunidad de las empresas para financiarse asociando personas como accionistas sin tener que repagarles jamás la inversión.
El mercado de valores en Argentina está en proceso de firme decadencia ya desde 1997-1998. Los inversores y especuladores han emigrado al exterior, básicamente a Nueva York, donde como extranjeros pueden operar sin pagar impuestos a las ganancias, de manera electrónica desde una computadora, con costos operativos insignificantes, y peor aún: fuera de la mira, del registro y del conocimiento de AFIP. El gobierno y los opositores complacientes en esta materia deben considerar que esta realidad extranjera compite contra la realidad argentina y que en finanzas es mucho más fácil escaparse del Estado que en cualquier otra actividad económica. Si proceden con el plan de gravar renta financiera, terminarán de pleno derecho con la esperanza de recibir algún beneficio de actividad económica desde la bolsa de valores y no encontrarán en la práctica hechos que les permitan recaudar impuestos por esta causa.
Sorprende además la ignorancia de los ideólogos del impuesto a la renta financiera, actúan como si siempre hubieran oscuras ganancias millonarias de donde cobrar impuestos. La realidad es que, con la tendencia a la baja de los activos argentinos que contrasta con las saludables subidas de otras latitudes, el impuesto que van a tener que cobrar si se animan es a la pérdida y no a la ganancia financiera. Aun cuando en los próximos años el país viviera un boom de alza de precios de los valores, debe tenerse en cuenta que cuando sobrevienen caídas naturales cíclicas en el mercado el contribuyente rentista tendría a su favor según los casos crédito fiscal contra AFIP que conspiraría con el objetivo de recaudar más y complicaría las cuentas públicas.
El gobierno, por su propio bien y por el bien de todos, tiene que frenar su deseo económico de “inventar la pólvora” y de comprar buzones de gente que no domina esta delicada cuestión. En vez de preocuparse por rentas financieras que no existen, tiene que bajar el gasto público, reducir los impuestos incluídos ganancias, débitos y créditos y bienes personales, derogar el régimen de anticipos, retenciones y percepciones confiscatorias, liberar el mercado de cambios y destrabar el ingreso y egreso de capitales y los controles de precios, los cupos y las autorizaciones para comerciar de la Secretaría de Comercio. Sólo de este modo podrán superar su irracional deseperación fiscal actual y cesar en la imaginación de tablas salvavidas que no existen y mucho menos en mercados financieros que fueron aplastados por políticas destructivas inconvenientes para el país.