La sociedad civil ha mostrado su indignación frente a varias figuras encumbradas de la política argentina como consecuencia del desatre de las inundaciones de la semana pasada. Pero no se ha escuchado ninguna autocrítica que señale la responsabilidad propia. La gente se considera completamente inocente respecto a lo sucedido.

Obviamente resulta muy impolítico nuestra parte cargarle parte de responsabilidad a la gente que ha sufrido los efectos de la catástrofe, posiblemente medidos en víctimas de familiares o, cuando menos, en pérdidas materiales enormes.

Pero nuestra obligación consiste en avisar que si la sociedad no modifica sus patrones de voto, seguirán llegando al gobierno un perfil de funcionarios que no han logrado mejorar la infraestructura del país ni siquiera en la década de mayor recaudación de dinero público de la historia y en la de mayor presión impositiva.

Es esa conexión maléfica entre los que votan y los que son elegidos lo que luego produce los dramas de los que votan. El distrito electoral de la tragedia platense favorece claramente al kirchnerismo. Sin embargo esa fuerza política no hecho nada por ellos. Los ha engañado. Ha usado  sus votos para alcanzar los sillones del Estado y luego los abandonó.

Para lograr su cometido les vendió el “paquetito” de las bondades insuperables del Estado; de que el liberalismo es el mal y que el estatismo es el bien; de que bajo la sombrilla protectora del Estado vivirían mejor.

Esa gente lo creyó. Lo creyó sin análisis. Lo creyó por broncas, por envidias, por rencores. Ayudó a sentar en los sillones del poder a un conjunto de aprovechadores que se valieron de las estructuras del Estado para convertirse en una casta verdaderamente desigual, que viaja, que tiene buenos autos, buenas casas, que viste bien, que frecuenta los mejores lugares, mientras sus electores mueren ahogados en una inundación.

Por supuesto que la primera carga de culpa y responsabilidad está en esos inescrupulosos que no saben usar el poder más que para su propio provecho. Pero también recae tangencialmente en los incautos y en los que por ver derrotado un conjunto de ideas que no tragan,  no dudan en crear las condiciones para que ellos mismos se perjudiquen.

¿Hasta cuándo la sociedad tomara decisiones movida por esa ceguera de pensamiento?

Lo que provocó el desatre de la semana pasada es una concepción, una filosofía: la idea de que la sociedad debe estar en manos del Estado y no al revés. Esta idea, completamente fantástica, encumbra hombres comunes al terreno de lo sobrehumano, a la creencia de que se está en un Olimpo inimputable y desigual, desde el cual no se deben rendir cuentas y en el que sólo reina su voluntad. Es la sociedad la que ha hecho posible eso. Y esa es su parte de responsabilidad en lo que pasó.

Si la sociedad argentina tuviera una idea refractaria y desconfiada del Estado y buscara guardar siempre para sí el lugar de la última palabra, habrían llegado a los sillones del poder otras ideas,  y esas otras ideas hubieran administrado el dinero público de manera diferente a lo que lo hicieron los funcionarios que se creen dueños y no servidores del Estado. Es muy probable que en ese contexto las obras que habrían evitado la tragedia se hubieran hecho.

Pero no habiendo concluido aún las consecuencias de lo que ocurrió en La Plata y en Buenos Aires, se prepara otra andanada para justificar el poder absoluto: la presidente presenta su proyecto para “democratizar la Justicia”.

Se trata de una oportunidad enorme para que la sociedad demuestre si quiere seguir siendo embaucada o si, por el contrario, por una vez aunque sea, abrirá los ojos.

El proyecto ha sido vendido con el paquete típico de las demagogias: “ésta es una idea para que la Justicia esté en línea con las voluntades populares y para que no defienda intereses corporativos”, se ha dicho.

Pero se trata de una trampa más. El gobierno de la señora de Kirchner dedica las 24 horas del día a elucubrar maneras de que el mandato constitucional y republicano de la división de poderes aparezca como respetado, mientras que elípticamente se lo elude para concentrar el poder en una sola persona.

Como no pueden derogar groseramente la idea, entonces establecen una forma para que -apareciendo formalmente los tres poderes divididos- todos estén copados por gente que responde a una sola orden. Se trata de una forma de volver, como diría Tocqueville,  al Antiguo Régimen (el del poder absoluto de las monarquías) mientras mantengo la apariencia de la división republicana. Ya lo han hecho con el Congreso. Ahora van por la Justicia.

A esa cínica estratagema pertenece el proyecto de “democratizarla”  y es muy posible que parte de la sociedad se trague el sapo una vez más. Que quede avisado: después, como con las inundaciones, será tarde; la gracia es darse cuenta antes.

Analicemos los cinco pilares del proyecto:

1.- Voto directo de los consejeros: Hasta ahora la Constitución dispone que sean elegidos por la votación interna de cada uno de los sectores representados (abogados, jueces y academicos). El proyecto propone la inconstitucional votación “popular” con el obvio objetivo de llenar de candidatos del oficialismo las boletas electorales y con ello copar el órgano que elige y echa a los jueces. No hay dudas de que la “venta” de la idea gira alrededor del demagogico uso de la expresión “elegidos por el pueblo”. Se trata de un “gancho” para captar incautos que no advierten que el gobierno dispone de una ingente cantidad de recursos públicos (millones de pesos, en palabras simples) para imponer sus candidatos por sobre los de una escuálida oposición que no maneja las millonadas del Estado. (A esta altura creo que está demás aclarar que la separación entre el “Estado” [teoricamente "de todos"] y el “gobierno” es una inocentada que solo creen un par de estúpidos)

2.- Registro de las causas: Se pretende que haya un sistema informático que permita conocer el estado de las causas por Internet. Claramente inconstitucional habida cuenta de lo dispuesto por la Constitución respecto de derechos personalísimos y de la directa prohibición al presidente para que se arrogue el conocimiento de causas pendientes (art 109 CN).

3.- Democratizar el acceso: Una vez más bajo la máscara de la “democracia” se intentará copar la Justicia con empleados “camporistas” elegidos en concursos amañados y usando la misma táctica que para la elección de los consejeros. En este caso, los “concursos” serán a los empleados lo que la “elección popular” sea a los consejeros.

4.- Nuevas Cámaras de Casación: El proyecto prevé la creación de tres cámaras para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral. Se trata del viejo truco comparable a cambiar la composición númerica de un tribunal (típico la Corte) para llenarlo con jueces adictos. Aquí no se “tocarían” los tribunales que son adversos al kirchneirsmo pero se crearían tribunales de alzada nuevos que se llenarán con jueces propios. Se trata de la aplicación del famoso principio “yo no estoy suprimiendo la Justicia como poder independiente del Ejecutivo. Eso es una infamia. Simplemente la lleno con funcionarios que me obedecen”.

5.- Limitar las cautelares: Se trata de la vieja aspiración de la Señora de Kirchner para que los particulares no puedan protegerse contra el Estado, es decir, contra ella. La presidente, en lugar de preguntarse por qué cada vez con más asiduidad la gente común corre desesperada a golpearle la puerta a los jueces para protegerse contra sus arbitrariedades, prefiere eliminar el sistema de protección. “A mí me molesta,  lo suprimo”. ¿Hay prueba más elocuente de la desigualdad flagrante en la que gobierno coloca al Estado frente al indefenso ciudadano? ¡Imagíninense si los particulares pudieran decidir con el mismo imperio sobre la catarata de “molestias” que les genera el Estado! “Como los impuestos me molestan, los suprimo”, sería maravilloso.

Pero los particulares no pueden hacerlo; Cristina sí. A ella las cautelares le resultan un incordio porque la gente anda por allí queriendo protegerse, pues las anula y listo. Es genial.

El caso de la supresión de esta medida de defensa contra la arbitariedad del poder recuerda aquel chiste racista sobre el negro que es atrapado, enterrado hasta el cuello en la tierra de un Coliseo y al que le sueltan un león, para que le coma la cabeza vivo.

El león antes de consumar su obra quiere entretenerse un rato con el negro y le tira algunos zarpasitos. El pobre negro, jugado por jugado, sólo atina a tirarle un mordiscón a una de sus patas… En ese momento las tribunas enerdecidas le gritan: “peleá limpio, negro hijo de puta”.

Esto es igual: arrinconado por el poder irrefrenable del Estado, el pobre ciudadano tira una medida cautelar como para poder protegerse aunque sea en algo. Y entonces la Señora de Kirchner le grita, “peleá limpio, ciudadano privado hijo de puta… Ahora hasta las cautelares te voy a sacar”. Es lo mismo que al negro del chiste, hasta la boca le hubieran tapado.

Sería interesante que si la sociedad no quiere ser “inundada” de nuevo -esta vez-  por un poder omnímodo contra el que no podrá quejarse (porque el órgano de queja también estará en manos del poder omnímodo) no se deje engañar por el “cuento democrático” y sea un poquito más inteligente y perspicaz: detrás de las dulzuras de la palabra “pueblo”se esconden las intenciones reales de un poder que no se detiene ante nada y que usa el “escudo  popular” para encumbrar la voluntad de una sola persona.