Después de que la marcha silenciosa haya pintado con el baldón de la vergüenza la cara de todos los funcionarios del gobierno, tal vez debamos parar un instante y ponernos  a pensar.

No se puede volver a cometer el error de dejar librada nuestra suerte, nuestra libertad y nuestros patrimonios a la buena voluntad, las buenas prácticas o las buenas intenciones de los gobernantes quienesquiera que ellos fueren.

El concepto republicano, o sea la república, y la ciudadanía, cuentan para ello con una única pero sólida garantía: La Constitución Nacional.  Los escépticos e irónicos, o sea los argentinos, se apresurarán a decirme que “han hecho lo que se les ocurrió con la Constitución, y lo seguirán haciendo”.

Esa afirmación no es cierta.  La inconstitucionalidad ha sido esgrimida con éxito en casos de intentos peligrosísimos para la sociedad. Y en otros casos, la sola presencia de la letra constitucional disuadió al poder delirante de avanzar sobre los derechos ciudadanos.

Los casos judiciales sustentándose hoy contra funcionarios, y diversos recursos que tienen o tendrán éxito en imponer las garantías de nuestra Carta Magna, también nos han sostenido con vida en esta etapa luctuosa de la Nación.

Las reglas de mayoría, las del Consejo de la Magistratura y otras, aún con las distorsiones creadas por la inventiva autoritaria, nos han defendido de los embates contra nuestros derechos. Y nos siguen defendiendo. La muerte del fiscal Nisman es una prueba de que la Constitución funciona. Se mató a un representante de una institución, porque no se podía matar a la Institución Constitucional.

¿Por qué defiendo la importancia y eficacia de la Constitución? Porque si no creemos en su valor habremos aceptado nuestra esclavitud. 

Este introito tiene como propósito sostener una propuesta de fondo: debemos reparar los daños que se han perpetrado contra la Constitución y reforzar tanto su letra como sus leyes complementarias, distorsionadas, desfiguradas, o directamente diluídas por este gobierno y por otros previos.

He escrito varias notas proponiendo ideas para mejorar esta patética democracia nuestra, algunas de las cuales puede encontrar a la derecha de su  pantalla, de modo que no insistiré en ellas. Sí tocaré algunos puntos que considero importante resolver en cuanto asuma un nuevo gobierno, que implicarían una reforma a nuestra Carta Magna.

Congreso de la  Nación. Los reglamentos internos de ambas cámaras deben tener un apartado constitucional que los rija. La creación de comisiones y su método de elección.  Las facultades del presidente de cada comisión, el sistema de formación de leyes, hoy en manos de la mayoría.

También las reglas de quórum y de votación. El mecanismo de voto en general y luego en particular requiere una urgente reforma para evitar que la discusión de leyes se transforme en un partido de truco. 

Por vía de la reglamentación interna, la negociación entre bloques y la costumbre instalada, matizada con estupideces conceptuales y tramoyas políticas, se ha desvirtuado el espíritu constitucional. Eso debe recrearse.

La obligación de que todos los votos en las sesiones sean SIEMPRE nominales, identificados y publicados en el Boletín Oficial es imperativa. Los mecanismos actuales son inaceptables.

Las reglas para juicio político y designación de miembros de Consejo de la Magistratura deben ser reforzadas para asegurar mayor independencia y proteger a ese ente. El valor de su existencia ha quedado demostrado con creces.

Todas las leyes deben requerir la aprobación de las dos Cámaras para ser válidas, en cualquiera de las alternativas posibles. La posibilidad actual de que una ley sea declarada tal por una sola Cámara repugna el sentimiento republicano. Algunas leyes de fondo deben requerir mayorías especiales.

Se deberá revisar el concepto de que los partidos son los dueños de los cargos electivos. Esto dará inmediatamente por tierra con el invento de las listas testimoniales, un  engendro antidemocrático y una burla al electorado.

Todos estos aspectos deben incluirse taxativamente en el cuerpo de la Constitución Nacional, y no podrán ser reglamentadas sino en sus aspectos domésticos.

PASO: Las PASO deben ser legisladas por la Constitución Nacional a fin de evitar su cambio permanente. Los partidos deberán elegir sus candidatos a diputados también por oposición interna. Se impedirá la presentación de partidos “de papel” para trampear el concepto de las internas. 

Se restringirá al máximo el uso del DNU y se explicitará la obligatoriedad de la Corte Suprema de intervenir Per Saltum y en un plazo perentorio, declarando la inconstitucionalidad de oficio,  si se produjese la delegación de poderes en el ejecutivo que fulmina la actual CN. 

Se deben limitar los fueros, como lo hacía la CN de 1853, a los dichos de cada legislador en el cumplimiento de su mandato. Cualquier otra interpretación debe ser específicamente excluída. 

 Se deben volver a establecer reglas de proporción para determinar el número de diputados por provincia, que en la actualidad no resultan equitativas. La representación del estado provincial se contempla con los senadores.

Para evitar el fraude, se debe restablecer el mecanismo de recuento de votos en un recinto especial custodiado. El método actual es inaceptable, dudoso y peligroso. El tiempo que tome el recuento es irrelevante.

Reelecciones: Deberá dejarse un período completo de mandato entre una postulación y otro de cada candidato, incluyendo diputados y senadores. La postulación de familiares hasta tercer grado para los períodos alternativos estará vedada.

Por último, agrego una idea realmente conflictiva. El pedido popular de juicio de destitución. Por el mismo, cualquier presidente o gobernador electos puede ser destituído después de un lapso de 2 años de ejercicio. Para ello, la ciudadanía deberá presentar un petitorio con un número determinado de firmas, supongamos entre 750,000 y 1,000,000 solicitando un plebiscito por el sí o por el no.  El Congreso deberá convertir en ley el llamado a plebiscito.

Actualmente, el Congreso puede destituir al mandatario, pero eso es imposible cuando existen mayorías automáticas partidistas. Con esta variante, el pueblo directamente puede pedir el plebiscito, y la mayoría ciudadana determinará si corresponde o no la destitución, con los mismos porcentuales requeridos para ganar en primera vuelta.

Piénsese en una situación como la actual, en que ya no se tiene muy en claro si la presidente está a favor o en contra de los intereses de la Nación, y se advertirá la utilidad de la figura propuesta. Considérese el enorme poder que recupera la ciudadanía, aún en términos filosóficos, con esta institución.

Ciertamente no es fácil reunir ese número de firmas con la correspondiente identificación, pero se supone que se usará en casos verdaderamente dramáticos. ¿Sería muy  difícil hoy juntar un millón de firmas, por ejemplo?

Sé que la pregunta que sigue es:  ¿Cómo se logrará ese cambio? Por lo pronto, exponiendo la idea, que es lo que hago aquí. Luego, presionando a los candidatos. No se está pidiendo nada que implique un sacrificio ideológico ni  de principios. Es cuestión de crear una ola. Una cuestión viral. Las redes sociales me entienden.

Como ya he dicho antes, hay que presentar petitorios a los candidatos y marchar en apoyo de ese pedido concreto para obligar a cada uno a suscribir el compromiso.  No basta con una marcha de silencio. Hay que empezar a presionar y a hacer ruido en la cabeza de los candidatos.

Ciertamente en el país de los irónicos y escépticos esto no será fácil. Pero recordemos que la ironía y el escepticismo son los materiales de que están hechos los esclavos. Juan sin Tierra firmó su Carta Magna de garantías cuando sintió el filo de las espadas de sus caballeros cerca del cogote, no luego de una comida pantagruélica con cortesanas.

Si algo nos ha salvado del oprobio, de la esclavitud y de la conculcación total de nuestros derechos, ha sido la Constitución Nacional. Debemos repararla, reforzarla y revitalizarla, en su letra y en su cumplimiento.  Se trata de las garantías que el ciudadano le ha arrebatado al estado. Lo ha obligado a prometer. No a una gracia optativa.

Obliguemos a los candidatos, a los políticos, a los partidos, a refrendar esas garantías y a reverdecerlas, so pena de recordarles a Juan sin Tierra. Aprendamos de esta dura y triste etapa que estamos por dejar atrás.

Como los cristianos esgrimen su cruz para alejar a los demonios, a los vampiros y al mal, levantemos nuestra fortalecida Constitución para reclamar y defender nuestros derechos frente al estado, a cualquier gobierno, a cualquier político, a cualquier despotismo, a cualquier garantismo, a cualquier autocracia, a cualquier latrocinio, a cualquier totalitarismo, a cualquier injusticia.

Esa fe, ese coraje, esa defensa, ese enojo, ese grito, es la República.