Con el fallo de la Corte Suprema de los EEUU que benefició a los fondos buitre se vislumbra una doble conjetura: por un lado, se muestra la vigencia del alto poder que tiene el capital financiero en el plano internacional y, por otro, revela las debilidades del sistema republicano norteamericano, incapaz de crear y poner en práctica un modelo económico que beneficie a la población.
La historia del fallo a favor del fondo NML comenzó en el año 2008, cuando éste compró bonos de la deuda argentina en cesación de pagos (default) que no entraron en el canje del 2005. El Gobierno, recordemos, había reestructurado la deuda después de la estafa del MegaCanje (con perjuicios para el país valuados en 55.000 millones de dólares) y el estallido de la crisis del 2001.
Con esos bonos en mano y una batería de recursos para ejercer lobby destinado a inclinar la balanza a su favor, los inversores especulativos iniciaron un proceso judicial en los EEUU, con la intención de cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos junto con intereses punitorios, y obtener así una ganancia financiera exorbitante. Con esos objetivos en mente, no ingresaron en las posteriores aperturas del canje en 2010 y 2013, con las que se logró que casi 93% de los acreedores aceptaran una importante quita del capital nominado.
Para que el accionar de los buitres pudiera efectivizarse, se necesitó de tres fallos judiciales: el del juez Griesa de Nueva York (2012), el de la Cámara de Apelaciones (2013) y el reciente de la Corte Suprema. Si bien el proceso jurídico y los sucesivos fallos se “ajustaron a derecho”, dichas decisiones no pueden dejar de verse como una postura política concreta, ya que estaban dadas las condiciones plenas para resolver a favor de la posición argentina de dar a todos los acreedores el mismo trato. Y no por una posición favorable a nuestro país, sino por el riesgo sistémico que supone dejar un precedente de este tipo para próximos procesos de reestructuración soberana de deudas.
Por otro lado, se debe sumar el juego que hacen las calificadoras de riesgo internacional, que ante una situación de default castigan a los países subiendo el llamado “riesgo país”, lo que encarece significativamente el costo del financiamiento y disipa las posibilidades de financiamiento genuino.
Así, el fallo pone a la Argentina entre la espada y la pared, porque posibilita el embargo de fondos para pagar la deuda reestructurada, acercando al país al default técnico. Si se optara por pagar, podrían generarse reclamos por alrededor de 50.000 millones de dólares, que dejarían a la Argentina muy debilitada y a merced de presiones especulativas internas que tampoco cesan (basta observar los movimientos del mercado cambiario ilegal para ver que nuevamente operan estimulando la incertidumbre y la especulación).
Por lo expuesto, la postura del gobierno nacional de considerar el fallo como una extorsión al país es completamente válida y sensata. Más aún teniendo en cuenta que se viene pagando regularmente y sin contratiempos la deuda reestructurada y que con el reciente acuerdo con el Club de París se normalizó el resto de las obligaciones financieras que había pendientes. Ambos hechos demuestran con creces la voluntad de pago existente.
Así, pues, la justicia norteamericana está avalando un sistema económico sostenido sobre la improductividad, la ganancia fácil y abultada a costa de los pueblos, desatendiéndose de las esferas de la producción de bienes y servicios, que son los ámbitos donde se agrega valor y se crea la mayor cantidad de puestos de trabajo con los salarios mejor remunerados.
A partir de ahora habrá que tomar conciencia de lo que realmente significa este desenlace jurídico, ya que si no se actúa en forma unida y coordinada en el plano interno y externo de cada país, se corre el riesgo de convalidar, bajo un ropaje legal, una rentabilidad exorbitante, a tasas que no se encuentra en ningún sector de la economía real, y cuya consecuencia serán menos inversiones por el giro del capital hacia la especulación.
Si triunfan los especuladores, las deudas las terminará pagando sin duda el ciudadano común, puesto que estos fondos no dudan en pisotear las conquistas sociales y económicas que benefician al colectivo popular a la hora de hacerse con sus jugosas ganancias. En nuestro caso, cada dólar que se lleven los fondos buitre significará menores recursos para el desarrollo del país en el largo plazo.
Además, no solo se actuó en forma contraria a los intereses de nuestro país. Para dimensionar el reclamo argentino, el gobierno obtuvo el apoyo de naciones de todo el mundo (incluido el del propio gobierno de los EE.UU.), de los grupos de países más importantes (G20, G77) y de organismos internacionales como el FMI. Este se debe al establecimiento de un precedente negativo cuyo impacto se sentirá en todo mundo, puesto que se oscurece el horizonte de futuras renegociaciones para Estados altamente endeudados, cuando se está atravesando una crisis económica mundial que no se logra superar definitivamente y en donde no sólo las naciones en vías de desarrollo sienten los efectos del neoliberalismo financiero y del anarcocapitalismo salvaje.
El gobierno nacional actuó como corresponde. Señaló que va a honrar la deuda legítima (la reestructurada), articulando los mecanismos para ello, y que no se dejará extorsionar por el accionar de los fondos buitre, la justicia norteamericana y las calificadoras de riesgo. Dejó en claro, de esta forma, que esa postura es la políticamente correcta, porque respeta la confianza que los inversores demostraron tener en el país al aceptar una importante quita de capital y porque nunca se tomó ni se tomará una sola medida que vaya en contra de los intereses de los argentinos. Éstos, en última instancia, gracias a su trabajo diario son los que pagan con su esfuerzo los compromisos contraídos por irresponsables administraciones anteriores.