Por: Federico Pinedo
La idea del Ejecutivo nacional de hacer un acuerdo con el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad (un negador del Holocausto), con la supuesta finalidad de aclarar el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, que dejó 86 personas muertas y familias argentinas destrozadas, no podía dejar de sorprender a cualquier observador. O era una genialidad diplomática que nadie normal alcanzaba a comprender o era una barbaridad para la reputación de la Argentina.
Aparentemente, el acuerdo se había gestado durante una reunión secreta de nuestro Canciller con iraníes en Siria, lo que abría espacio para cualquier hipótesis y para cualquier suspicacia. Los que estudiamos el texto del acuerdo y votamos en contra, notamos que contenía mecanismos para levantar las ordenes de captura internacional libradas contra jerarcas del régimen persa, acusados por la Justicia argentina de haber participado en la decisión del atentado, aparentemente efectuado por medio de sus relaciones con terroristas sirios y libaneses.
Un año después, Irán fracasó en su intento de lograr el levantamiento de las ordenes de captura internacional y no ratificó el acuerdo que, supuestamente, tenía por finalidad “demostrar la verdad de los hechos”. Curioso. Ante ello, la Presidenta reconoce la inutilidad de su camino por el mundo del espionaje internacional y los fines políticos poco claros y le pide a la oposición un camino superador.
El principal problema es que la investigación del crimen de lesa humanidad contra la AMIA no puede avanzar mientras exista el llamado Memorándum de Entendimiento, pues ningún país nos puede pasar información, cuando el acuerdo obliga a la Argentina a darle esa información al principal acusado: Irán. Así que hay que derogar el tratado para poder avanzar.
A partir de ahí, creo que hay que legislar para que los fiscales y jueces argentinos puedan actuar, ya sea con formalidades disminuidas en el exterior o con juzgamientos en ausencia de los responsables. Me parece que sería prudente, razonable y justo, que los políticos no pensemos primariamente en pelearnos entre nosotros, con acusaciones que terminan lastimándonos a todos, y optemos por el camino de la colaboración para un fin común superior, que es la reparación a la que son acreedoras las familias de las víctimas.