Por: Francisco De Narváez
El narcotráfico no es un delito más. Como sostuvo esta semana la Conferencia Episcopal Argentina, el narcotráfico acarrea graves consecuencias sociales que van más allá del simple delito de traficar una sustancia prohibida. El narcotráfico, a diferencia de otras modalidades delictivas, tiene un objetivo estratégico, ambicioso y peligroso: disputarle la soberanía al Estado para poder así controlar libremente su mercado. Y el mercado para el narcotráfico son los ciudadanos de nuestro país. Como digo, sus consecuencias no se reducen al mero tráfico como hecho ilegal.
En términos de seguridad, hay una clara relación. Un 29% de la población carcelaria fue atrapada por delitos con algún tipo de vinculación con las drogas y un 10% de ellos delinquió con el objetivo de conseguir fondos para estupefacientes.
El narcotráfico también erosiona seriamente las posibilidades de crecimiento de nuestro país. De acuerdo a informes publicados por Sedronar en 2008 el costo estimado del abuso de drogas ilegales para la Argentina ascendía a 1074 millones de dólares.
Del total de costos asociados al abuso de sustancias ilegales, el 57% corresponde a costos gubernamentales directos que tienen que ver con la reducción de oferta y de demanda. Le siguen los costos laborales asumidos por los sectores públicos y privados, que con un 33% de participación ascienden a 1113 millones. Por ejemplo, el estudio halla una fuerte relación entre desempleo y consumo de drogas, lo que termina ocasionando en la mayoría de los casos un círculo vicioso negativo al ingreso del individuo en el mercado laboral y agrava su marginalización. El 10% restante responde a gastos derivados de la salud, que responden a tratamientos, consultas y emergencias.
Finalmente, pero no menos importante, se detecta un costo social, relacionado con la erosión de la cohesión del núcleo familiar. El abuso de sustancias ilegales también afecta la educación de los adictos, lo que termina por reducir sus posibilidades de éxito y de ingreso a la vida laboral, y por lo tanto, facilitando las condiciones para que esos individuos vean agravada su condición de adictos.
En definitiva, Argentina se presenta como un mercado en franca expansión para el narcotráfico, donde cada vez hay más consumidores y donde las barreras de ingreso son laxas. Esta Argentina comienza a acusar recibo de los costos asociados al narcotráfico y al abuso de sustancias ilegales, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana, la salud, la economía, la educación y la familia.
La solución pasa por atacar esta amenaza allí donde nace, en la frontera. En tal sentido hemos impulsado proyectos legislativos apuntando al control del espacio aéreo, de las fronteras lacustres, el control de puertos y pasos fronterizos. También es necesario dotar al país de capacidad de análisis y respuesta rápida ante estas organizaciones criminales, para lo cual presentamos el proyecto de creación de una Agencia Federal Antidrogas. Pero también es necesario atender la demanda, y para ello hemos presentado un proyecto legislativo apuntando al tratamiento integral de los adictos.
Es hora de lograr el consenso político para que el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene a su disposición estos proyectos y posee la mayoría en el recinto y en las comisiones, apruebe definitivamente este programa de lucha contra el narcotráfico.