Por: Horacio Minotti
Un golpe de Estado puede producirse contra cualquiera de sus tres poderes o sobre todos ellos. Cuando Fujimori, presidente constitucional del Perú, disolvió el Congreso fue un golpe de Estado aunque el Ejecutivo no cambió. Reducir a cenizas el Poder Judicial, también lo es.
La Presidente de la Nación anunciará hoy un paquete de proyectos de ley para modificar sustancialmente el funcionamiento del Poder Judicial y acomodarlo a sus necesidades políticas. Dichos cambios son, en algunos casos, manifiestamente inconstitucionales, y en otros, ardides para aislar a la Corte Suprema, en la búsqueda de demoler lo que queda de independencia en dicho poder.
El acto y sus consecuencias implican un golpe de Estado, porque desnaturaliza el funcionamiento de dicho poder, ataca la normativa constitucional y apunta del dominio directo del Ejecutivo sobre un poder independiente. Lo he dicho y reiterado en diversos artículos en estas páginas y otras donde ha escrito (“Pretenden demoler el Poder Judicial” y “La Justicia no es democratizable”).
Lo más grave de este tipo de arrebatos autocráticos es que jamás tienen retorno. La delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo votada en 2002 para buscarle salidas a la brutal crisis económica del país nunca encontró fin pese a que la crisis, al menos según el propio gobierno, desapareció y vivimos una panacea sin igual. La Constitución explica que esas delegaciones no están permitidas y que quienes las voten deben sufrir la pena de “los infames traidores a la patria”. El Congreso renueva esa delegación todos los años.
En 2006, también el Congreso sancionó una reforma a la composición del Consejo de Magistratura abiertamente inconstitucional. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó un planteo de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que sigue sin expedirse sobre el tema, es decir que hace seis años se designan jueces de modo irregular e inconstitucional en la Argentina. El 30% de los magistrados están mal designados, por un organismo inconstitucional.
Si las reformas que envía hoy Cristina Fernández al Congreso prosperan (que lo harán, dado sus mayorías parlamentarias), jamás se recompondrá la institucionalidad en la Argentina, porque el kirchnerismo abusará de tal “poder absoluto”, pero los gobiernos que los continúen también querrán gozar del mismo poder, aunque hoy critiquen la norma. Es la invasión del poder de la política sobre organismos que la Constitución protege explícitamente de ella.
Vamos a postular una hipótesis disparatada para que no se entienda que se favorece o critica a nadie en particular. Digamos que en 2015 gana la presidencia Altamira con el slogan “Otro milagro para Altamira” o Biondini (para ir a dos extremos) disfrazado de Goebbels . Y que cualquiera de ambos se opuso de modo cerrado a la reforma que postulará hoy la presidente, que incluirá la inconstitucionalísima elección directa de miembros del Consejo de la Magistratura. Cuando Altamira o Biondini ganen, sus listas de legisladores obtendrán seguramente también altas cantidades de votos, incluida la lista de candidatos a consejeros de la Magistratura, por obra y desgracia del proyecto K que se presentará hoy. ¿Alguien por ventura cree que habiendo conseguido cualquiera de los usados como ejemplo controlar el Consejo de la Magistratura por tal vía, va a tomar la republicana y democrática decisión de dejar de controlarlo por decisión propia, derogando esta ley aberrante? Ni lo sueñe señora. Se hará olímpicamente el pavote, mirará para otro lado, dirá que en la Argentina hay cosas más urgentes y a olvidarse de recuperar las instituciones.
No lo digo por ninguno de estos dos dirigentes en particular, lo digo en general, son ejemplos al azar. Podría haber dicho Scioli, Alfonsín, Binner o Juan Pérez. Da igual. La experiencia indica que esto siempre funciona así. Y aun cuando el triunfador de tal elección sea un hombre distinto. Digamos que el propio Altamira nos sorprende dos veces: ganando y abortándose sus propias posibilidades de controlar al Justicia, y derogando este mamarracho ilegal. ¿Qué hacemos con la parva de jueces que designará el kirchnerismo los próximos dos años y medio con este sistema abiertamente inconstitucional? ¿Los echamos a todos? Los que han sido designados por el Consejo vigente ya tiene un origen inconstitucional; por ende ¿despedimos al 70% de los jueces y elegimos nuevos? Y en ese caso, ¿cómo se lleva la transición hacia la recuperación institucional? ¿Quién entiende en el reclamo por el cheque volador que me encajaron? ¿Un 70% de subrogantes?, es decir, jueces sin concurso.
El daño sería inmenso, con impactos muy complicados de mensurar y derivaciones que ni siquiera estamos imaginando. Pero todo sea por la victoria del campo popular (dícese en el idioma kirchnerista de la venta a precio vil de tierras en El Calafate). Por el progresismo Rolex, por el proyecto nacional “Ciccone para todos y todas”, por la nacionalización de la banca (o su reemplazo más moderno de transformación del establishment financiero, en otro establishment financiero pero de amigotes-testaferros). Todas estas causas nobles bien merecen el sacrificio definitivo de las instituciones. Todos los golpistas tienen sus buenas excusas.