Por: Itai Hagman
La muerte de José Alfredo Martínez de Hoz, en su casa y no en una cárcel, quedó cerca de un nuevo aniversario del inicio de la más sangrienta de las dictaduras de nuestra historia nacional. El 24 de marzo, además de ser una fecha para ejercitar la memoria colectiva es un día de lucha contra la impunidad de quienes perpetuaron los crímenes de lesa humanidad y también de quienes participaron y se beneficiaron política y económicamente de los mismos.
La dictadura del 76 no puede reducirse a la aplicación del terrorismo de Estado. La represión fue el instrumento utilizado para cortar el sueño de una generación de hombres y mujeres que soñaban con una sociedad regida por otros valores a los que sustentan el sistema actual. Pero el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” era también un proyecto de reestructuración integral de la economía, el sistema político y la cultura argentina. En el ideario de los militares que lo ejecutaron, el “proceso” culminaría en una limpieza de tipo moral, condición para reconciliar ala Nación con los valores tradicionales conservadores.
Ese proyecto quedó trunco gracias a la resistencia popular y a errores garrafales cometidos por la propia dictadura como la guerra de Malvinas. A diferencia de Chile, donde Pinochet gobernó durante 17 años y luego negoció su salida del poder a una democracia absolutamente condicionada, en la Argentina la dictadura se cayó permitiendo recuperar las libertades civiles y constitucionales. Luego vino el juicio a las Juntas, y luego también las bochornosas leyes del perdón y los indultos. No podemos decir que la dictadura haya podido llevar hasta el final su cometido, pero tampoco sería cierto afirmar que fracasó. Lo ocurrido en la Argentina en las décadas siguientes hubiera sido imposible sin el interregno 76-83 y las huellas de las transformaciones operadas en aquellos años, pesar en el presente de las nuevas generaciones de tal forma, que 37 años después aun no hemos sido capaces de desmontarlas por completo.
Se podrían decir muchas cosas en esta fecha, pero me interesa uno de los aspectos menos mencionado y que la muerte del ex Ministro de Economía de Videla reflota. Martínez de Hoz no fue simplemente un civil colaboracionista. Fue un protagonista, uno de los arquitectos y ejecutores del plan. Fue el representante en el gobierno de facto, del poder económico detrás del poder militar.
Existe mucha literatura sobre el programa económico de la dictadura. Reforma financiera y liberalización de las tasas de interés, apertura de la economía, achicamiento del Estado, estatización de la deuda privada, endeudamiento con los organismos internacionales de crédito. ¿Pero qué ocurre con los empresarios que fueron beneficiados o directamente participes de esta política? ¿Por qué seguimos tolerando que sean las mismas empresas que actualmente constituyen el núcleo del poder económico enla Argentina?
La participación del empresariado no fue sólo el lucro económico. Hay sobrados ejemplos de participación directa. El caso de la Mercedes Benz cuyos directivos entregaban listas negras de los trabajadores combativos que luego fueron secuestrados y desaparecidos. La Ford, donde se instaló dentro de la misma fábrica un Centro Clandestino de Detención, situación que se repitió en las plantas de Acindar y Siderca. Otro caso emblemático fue el del Ingenio Ledesma en Jujuy que proveyó de camiones al ejército para secuestrar a trabajadores de la propia empresa en la famosa noche “del apagón”.
Antes de ser Ministro de Economía, Martinez de Hoz era presidente del Consejo Empresario Argentino, organismo que representaba a las principales empresas del país. Macri, Perez Companc, Fortabat, Rocca, Noble, son algunos de los apellidos del poder económico de ayer y no casualmente son los mismos de hoy. Esa organización se fundió en la Asociación Empresaria Argentina que reúne en la actualidad a las empresas más importantes del país.
El empresariado argentino nunca pagó por su rol en la última dictadura. Gozó de una impunidad aún mayor de la que gozaron los militares con las leyes y los indultos. Hoy la mayor parte de esas empresas se ubican en la cúspide de ganancias y concentración económica. El mismo Estado que dio nulidad a las leyes y reabrió los juicios a los genocidas, subsidia y festeja las ganancias de estas empresas. ¿Es posible una Argentina con memoria, verdad y justicia sin poner en su lugar histórico al poder económico? A 37 años del golpe, aún tenemos esta deuda. Para las nuevas generaciones que no vivimos aquellas épocas, es imprescindible conocer a quienes hoy declaman su compromiso con la democracia sobre sus fortunas amasadas en tiempo de dictaduras.