Por: Itai Hagman
En las últimas semanas se viene planteando desde distintos sectores la necesidad de avanzar en el gravamen de lo que se conoce como “renta financiera”, es decir las ganancias que se deducen de movimientos estrictamente financieros como comprar y vender acciones o bonos, o los intereses obtenidos por depósitos en plazos fijos, etc. Que hasta ahora estas actividades estuvieran exentas en nuestro país resulta un insulto a quienes pagamos 21% de impuestos por nuestro consumo cotidiano y a los trabajadores que tienen, en términos relativos, buenos salarios y deben pagar el mal llamado “impuesto a las ganancias”. Sin dudas que el Congreso Nacional apruebe un proyecto para que la renta financiera comience a ser gravada sería un paso adelante. No obstante, los cálculos más optimistas indican que el aporte a la recaudación fiscal rondaría los 7 mil millones de pesos, es decir sólo un 0,3% del PBI.
Sin embargo es importante resaltar que gravar la renta financiera no implica afectar las ganancias de las entidades financieras. Los bancos se verían afectados de la misma medida que cualquier otro agente particular en tanto poseedor de acciones, obligaciones negociables o bonos. En los últimos años la actividad y la rentabilidad de los bancos crecieron muy por encima de la media de la economía. La “intermediación financiera” resultó el sector más dinámico de la economía en los últimos dos años. En 2011, mientras que el PBI se expandió un 8,9%, la actividad financiera lo hizo un 21,2%. En 2012, cuando el PBI sólo creció un 1,9%, el sector financiero lo hizo en un 19,6%. Según datos proporcionados por el Banco Central, los bancos privados incrementaron sus ganancias en este período en un 40,1%, duplicando los incrementos salariales que apenas alcanzaron para cubrir la inflación.
Esta situación por un lado desmiente la afirmación de Héctor Recalde de que con este proyecto se está “enfrentando la patria financiera”. También explica porqué cuenta con el apoyo de candidatos opositores que representan al sector financiero como Alfonso Prat Gay del UNEN (nuevo aliado de Pino Solanas). La discusión de fondo sobre el sector financiero en la Argentina implica avanzar en una reforma de la Ley de Entidades Financieras, que es la ley que regula la actividad de los bancos. La actualmente vigente fue elaborada durante la dictadura militar y tuvo como objetivo desregular el sistema financiero con el argumento de que el mercado es el asignador más eficiente de los recursos. De esta manera se eliminó el control estatal sobre las tasas de interés, se suprimió el direccionamiento del crédito y estableció al Banco Central como garante de los depósitos de los bancos privados.
Avanzar en una reforma financiera es necesario, pero no solamente por una cuestión de “justicia distributiva”, es decir porque los bancos están ganando mucho y hace falta repartir la torta. Orientar el crédito y tener control público sobre la tasa de interés es una palanca fundamental para llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional autónomo, que permita reindustrializar el país, avanzar en proyectos de integración regional y terminar con nuestra excesiva dependencia del comercio internacional de commodities.
En estas elecciones, quiero ingresar en el Congreso para plantear la necesidad de una nueva Ley de Entidades Financieras para que los bancos no sigan siendo los grandes ganadores de esta Argentina.