Arrancó un nuevo año y, ni lerdos ni perezosos, volvieron a plantearse los principales dilemas de la economía de nuestro país. Es que mientras millones de compatriotas descansan, otros esperan poder hacerlo en las próximas semanas y una parte significativa (muchas veces ninguneada) no puede acceder al derecho de tener vacaciones. La realidad económica no se toma respiro.

En los últimos días vimos marchas y contramarchas en el gobierno nacional, algo poco común en la gestión kirchnerista, respecto de dos temas: una reforma del impuesto a los bienes personales y la importación de tomates para frenar los aumentos de precios. Ambas cuestiones terminaron por ser desmentidas por Kicillof, ungido ahora como voz de mando en temas económicos por la Presidenta.

A esto se suma el lanzamiento de un nuevo acuerdo de precios, el inicio de las primeras negociaciones paritarias del 2014, los cortes de luz y el aumento del boleto de colectivo. Esta batería de cuestiones pone en evidencia la preocupación gubernamental por encontrar un rumbo para actuar sobre una situación económica que, si bien por el momento no preanuncia una crisis explosiva (como en cambio repiten día y noche en los medios opositores los pregoneros del ajuste y la devaluación), sí muestra dificultades importantes y complejas de resolver.

Ahora bien, si por un lado es cierto que el gobierno hasta ahora rechaza el discurso de los economistas del establishment, que promueven una brusca pérdida de valor del peso y la disminución del gasto público, por otro lado también lo es que las medidas que propone el kirchnerismo están muy lejos de la “profundización del modelo” que ya parece una consigna abandonada, y en general no atacan las causas de fondo de los problemas.

El mayor peligro es que de continuarse esta política, mal que le pese a una parte importante de la propia militancia oficialista y a su base social de apoyo, se deja el espacio abierto para que avancen las propuestas de la clase dominante como salida concreta. En esta clave puede leerse la reciente reunión convocada por la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace, de la que participaron la UIA, la AEA, ADEBA, ABA, la Cámara Argentina de Comercio y las cámaras de comercio española, estadounidense y brasileña, entre otras entidades.

Tal como venimos sosteniendo desde Marea Popular, el problema no es en sí la inflación o la disminución de las reservas, sino que estos son síntomas de un desequilibrio fundamental de nuestra economía causados en última instancia por su carácter concentrado, extranjerizado y dependiente. Es por eso que para superar los grandes problemas que afectan al pueblo trabajador no alcanza con pequeñas reformas ni medidas de maquillaje sino que es necesario proponerse transformaciones estructurales.

 Tres casos muy claros

La realidad nos proporciona tres ejemplos muy contundentes de estos dilemas. En primer lugar el tema del tomate, que es en realidad el tema del modelo de producción y comercialización agraria. Si dejamos que sean las presiones de las grandes multinacionales y el mercado las que gobiernen la producción agropecuaria el resultado es que cualquier productor va a terminar prefiriendo cultivar soja alrededor de las grandes ciudades antes que abastecer de alimentos saludables y baratos a la población.

La sola posibilidad de que se discuta la necesidad de importar tomate desnuda una verdad: hoy se prioriza la producción para la exportación y no la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Lo cual implica que el accionar estatal es notoriamente insuficiente. Una intervención más potente requiere la recuperación del control público sobre el comercio exterior y la planificación de una batería de medidas de apoyo a la producción de alimentos saludables, apoyada en los pequeños productores y los movimientos campesinos. Es lo contrario del apoyo gubernamental a la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba) que acaba de sufrir un revés judicial tras una larga lucha de la población de la zona.

Por otra parte, lo mismo se repite en cuanto a la comercialización que, tal como denuncian los productores, es la responsable de buena parte del precio con el que los alimentos llegan a las góndolas por su carácter concentrado. Los acuerdos de precios ya demostraron ser burlados por los grandes empresarios, de manera que debe ser el Estado junto con los sindicatos los que supervisen los verdaderos costos en cada eslabón de la cadena de producción y comercialización. Además proponemos la apertura de sucursales de venta del Mercado Central en distintos barrios, que podrían ser gestionadas por organizaciones sociales de manera transparente, y así evitar el abuso de los empresarios.

Un segundo ejemplo es el del impuesto a los bienes personales. Efectivamente hubiera sido un despropósito valuar las propiedades según los precios de mercado sin aumentar sensiblemente el mínimo no imponible, porque de ese modo prácticamente cualquier propietario de una vivienda pasaría a pagar un impuesto que se supone fue ideado originalmente para gravar a los ricos. Ahora bien, efectivamente es necesario avanzar en una profunda reforma tributaria porque a pesar de los intentos de las grandes riquezas por hacernos creer que pagan demasiados impuestos, la estructura tributaria argentina está asentada sobre impuestos claramente regresivos, el principal de los cuales es el IVA.

Una reforma tributaria justa debería incluir la devolución del IVA en los productos de primera necesidad a todos los beneficiarios de planes sociales, jubilados y trabajadores que ganen menos del valor de la canasta familiar; el aumento de las contribuciones patronales disminuidas por Cavallo en los noventa; el retorno del impuesto a la herencia derogado por la última dictadura militar y la transformación del impuesto a las ganancias de manera de que las grandes empresas paguen más y las medianas y chicas menos de las actuales alícuotas, así como el aumento definitivo y la actualización por ley del mínimo no imponible para los trabajadores asalariados.

Finalmente el tercer ejemplo tiene que ver con las empresas distribuidoras de la luz. No es necesario explayarse demasiado sobre este tema conocido por todos. Simplemente quedó en evidencia nuevamente que los capitales multinacionales y los grandes empresarios nacionales priorizan el lucro por sobre el bienestar social, con la complicidad de los funcionarios gubernamentales. Insistir con pedidos de buena voluntad para que la ganancia sea reinvertida es pedirle peras al olmo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que inescrupulosos capitalistas se enriquezcan con el dinero de nuestro pueblo? Es el momento de avanzar en la recuperación de estas empresas mediante una política de estatización con la participación de usuarios y trabajadores para lograr una gestión eficiente y transparente.

El 2015 está en el horizonte y si se pierden las oportunidades de avanzar en transformaciones estructurales, se corre el riesgo de despejar el camino para que opciones políticas totalmente sometidas a los intereses de la clase dominante ganen un terreno decisivo.