Por: Jorge Castañeda
La Sociedad Interamericana de Prensa fue creada en 1942 por dueños de periódicos de América Latina y Estados Unidos, principalmente familias como los Miró Quesada en Perú, Otero Silva en Venezuela, Sulzberger en Nueva York, Mitre en Argentina. Vivió una existencia modesta hasta los años sesenta cuando tomó la bandera de la supresión de la libertad de expresión en Cuba y fue capturada, en alguna medida, por periódicos pertenecientes a familias ”gusanas’’ según el régimen cubano. En los setenta y ochenta la SIP empezó a enarbolar la bandera de la libertad de prensa en los países agobiados por golpes de Estado, regímenes censores y persecutores de periodistas. Para los noventa, recuerdo cómo García Márquez hizo una entrada triunfal y emblemática en la reunión de Pasadena, California, desestigmatizando a la SIP desde la izquierda. Desde la derecha, la organización se legitimó por el papel que había desempeñado contra las dictaduras.
En la reunión de este fin de semana en San Pablo, volvió a surgir con fuerza el tema de la defensa de la libertad de prensa frente al acoso de regímenes electos democráticamente, pero que ejercen el poder de manera cada vez más autoritaria. Sin novedad: gobiernos como el de Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, de Kirchner en Argentina, y en menor medida de Morales y Ortega en Bolivia y Nicaragua, muestran su descontento con las formas en que se ejerce el oficio periodístico. Asimismo, no es la primera vez que se denuncia en éste y otros foros el acoso de esos gobiernos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular a la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa, asociada a la CIDH dentro de la OEA, y fundada a raíz de la II Cumbre de las Américas, de Santiago de Chile, en 1998. El presidente Correa ha hecho de la eliminación de la Relatoría uno de sus proyectos predilectos; Chávez hizo de la denuncia y destrucción de la CIDH uno de sus empeños internacionales prioritarios. Lo interesante en la reunión de la SIP en San Pablo fue que varios participantes se manifestaron sobre el hostigamiento a los medios y a las instituciones regionales que los pueden defender.
Por un lado en el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y el Grupo Clarín de Buenos Aires se vio cómo los dos bandos reflejan posiciones presentes en toda la región. Como algunos recordarán, el gobierno peronista aprobó una Ley de Medios, que entra en vigor el 7 de diciembre, cuyo propósito es combatir a los monopolios mediáticos en la Argentina, y en particular al más poderoso, el Grupo Clarín, que además de ser propietario del diario de mayor circulación en ese país, lo es también de un gran número de cadenas de radio, televisión abierta y de cable. De que se requiere una vigorosa acción antimonopólica en la Argentina en esta materia, parece indiscutible. Y de que la Ley de Medios del gobierno de Kirchner equivale en los hechos a sustituir al monopolio privado por uno público compuesto por el propio Estado y empresarios mediáticos alineados con éste, también lo es. Kirchner ataca a Clarín por monopólicos y tiene razón; Clarín denuncia al gobierno por censor y expropiador, y también la tiene.
El segundo tema novedoso fue la crítica que varios participantes, empezando por José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, dirigieron al gobierno brasileño, por no defender a las instituciones regionales, a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa. Vivanco estableció una distinción sobre la obsesión brasileña, mexicana y en parte colombiana, de no ”intervenir’’ en los asuntos internos de otros países, y defender a las instituciones multilaterales con misiones muy precisas y anteriormente consensuales. El que escribe se permitió subrayar la misma crítica al gobierno de Dilma Rousseff: una cosa es que no defienda a los medios atacados en los países señalados, y otra cosa es que sea indiferente a la ofensiva de los países del ALBA contra instituciones que Brasil con otros países contribuyó a crear y consolidar.
Distribuido por the New York Times Syndicate