Por: Jorge Castañeda
Tarde, muy tarde, se hizo justicia, se respetaron los tratados internacionales, se privilegió el debido proceso, y se subsanó una de las crisis internacionales más absurdas de México en años. La decisión de los tres ministros de ayer en el caso Cassez de otorgar el amparo liso y llano obvió la necesidad de reponer el proceso o la sentencia y permitió la liberación inmediata de la ciudadana francesa. No es el lugar ni el momento de entrar en la discusión sobre su culpabilidad o inocencia, ni soy yo quien pudiera aportar algún elemento novedoso o cualquier pericia al respecto. Pero sí se imponen algunas reflexiones sobre todo este bochornoso episodio que empezó con Fox en 2005 y termina en el 2013 con Peña Nieto.
El haber sido liberada por una serie de violaciones ya muy conocidas al debido proceso coloca en el centro de la Justicia mexicana lo que siempre debió de haber estado en el centro y que en pocas ocasiones lo ha estado: la primacía del debido proceso. Sin eso, no hay justicia ni para los culpables ni para los inocentes, porque conviene recordar que los culpables también tienen derechos, sin el respeto de los cuales es imposible determinar… si son culpables.
El segundo punto que conviene enfatizar es la importancia que cobra en la decisión y en los argumentos favorables a ella el respeto a la Convención de Viena sobre protección consular y el no cumplimiento por las autoridades mexicanas del compromiso de otorgarla. Varios hemos sostenido siempre que es gracias a esa convención y a ese respeto que demandamos a Estados Unidos en el Caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia, pero que, más allá de esa demanda y sus consecuencias, es un instrumento básico para proteger a los millones de mexicanos sin papeles en Estados Unidos. A ningún país le debiera interesar más el hacer respetar los artículos pertinentes de la Convención de Viena sobre derecho consular que a México. Qué bueno que gracias a ese argumento, sobre todo de Olga Sánchez Cordero, ahora salga liberada Florence Cassez.
Tampoco es aquí el lugar ni soy la persona para indagar sobre los motivos que llevaron al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a cambiar radicalmente la correlación de fuerzas en la sala y ser el factótum de la liberación. Había sido muy hermético estas semanas, según todos los actores en este drama, y no hay manera de saber, por lo menos en este momento, qué lo llevó a esta decisión. Pero si la siguiente hipótesis se verificara, me daría un enorme gusto y felicitaría a los responsables: que distinguidos miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo, y de varios ámbitos jurídicos, le hayan explicado a Gutiérrez Ortiz Mena que, respetando la plena independencia del Poder Judicial, el caso encerraba serias consecuencias de política exterior. El diferendo con Francia era irresoluble sin la liberación de Cassez. Si ese mensaje fue transmitido, si fue recibido, y si fue asimilado, enhorabuena.
Ahora empieza una nueva etapa. ¿Qué va a pasar con los responsables del montaje, del debido proceso, de la violación de la Convención de Viena y de los derechos humanos de una persona a la que alguien le debe siete años de libertad? ¿Qué va a pasar con los que encarcelaron a un grupo de militares cuya liberación también parece inminente? ¿Qué va a pasar con los responsables del encarcelamiento de Greg Sánchez de Quintana Roo, más de un año en un penal de Nayarit, que también después fue liberado? ¿Qué va a pasar con los responsables de haber detenido a Rodolfo de la Guardia, ex director de Interpol México, que también fue liberado hace unos días? Existe la impunidad de los criminales en México; existe la impunidad de las autoridades en muchos casos; y existe la impunidad de quienes en aras de una guerra absurda, sangrienta y carísima, violaron sistemáticamente los derechos humanos en este país. ¿Quiénes son los responsables y qué va a pasar con ellos, estén donde estén?