Por: Jorge Castañeda
El 27 de mayo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Conviene aquilatar de entrada este gesto, que obviamente es sólo incipiente y no implica un término al desgarrador dilema de los desaparecidos de Calderón. Pero es de destacar cómo el propio Osorio, el procurador Murillo Karam, junto con funcionarios de innegable compromiso con los derechos humanos como Lía Limón y Ricardo García Cervantes, han rectificado la actitud de desprecio o menosprecio por los derechos humanos del sexenio anterior. Como lo ha manifestado Osorio, el número de desaparecidos de Calderón no será de 27 mil, sino menos; no sé si mucho menos, pero seguramente esa cifra incluye una cantidad de personas cuya desaparición fue comunicada a las autoridades, pero que no necesariamente desaparecieron para siempre: se fueron de parranda, a Estados Unidos o perecieron en diversos desastres naturales. Quisiera contarme entre aquellos que seguimos dándole al gobierno de Enrique Peña Nieto el beneficio de la duda en lo que se refiere al tema de derechos humanos; hasta ahora, lo que han hecho va por buen camino, aunque todavía tengan que recorrer una enorme distancia.
Me preocupan dos noticias relativas a este tema. Una se refiere a la declaración de Osorio Chong sobre la diferencia entre este gobierno y el anterior: “El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró ayer que en lo que va de la Administración ha habido avances en materia de derechos humanos y además se actúa diferente: con apego a la ley y uso legítimo de la fuerza… ‘Hoy actuamos diferente, con apego estricto a estas normas…’”. Una de dos: o Calderón actuó respetando la ley, las normas y el derecho; en ese caso la diferencia con el gobierno actual no puede consistir en un apego de EPN al derecho. O más lógicamente, Osorio quiso decir que el gobierno anterior no actuó conforme a derecho, ni aplicando la ley o las normas pertinentes. Por parte del Estado, hasta donde yo entiendo, y acepto que no soy abogado, eso es un delito. Cuando un gobierno afirma que otro no aplicó la ley, lo acusa de un delito. Entonces debe proceder penalmente al respecto. Es para todos evidente que el gobierno de EPN no quiere tocar al de Calderón ni con el pétalo de una rosa, jurídicamente hablando. Incluso el caso de César Nava, cada día más confuso, podría proceder de viejas vendettas entre personajes de otros regímenes, en otros momentos, y que se dirimen ahora en tribunales de Connecticut o de Nueva York.
Afortunadamente aunque el gobierno de EPN se resista a juzgar y castigar los delitos de la administración calderonista, dichos delitos son tan numerosos que podría haber suficientes ciudadanos mexicanos de a pie que sí se propongan hacerlo. No creo que Ramírez Mandujano, Tomás Ángeles, Florence Cassez o Álvarez Hoth, por ejemplo, procedan penalmente contra la gente de Calderón, aunque el daño que sufrieron no haya sido pequeño. Pero ya ha surgido un primer caso, que podría ser emblemático. Hace unos días la ex procuradora Marisela Morales “compareció ante órganos [de la Procuración General de la República] debido a una acusación en su contra por la revelación de expedientes judiciales en el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington“. Los abogados de Yarrington, acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, denunciaron a Morales por hacer públicos expedientes sujetos al sigilo judicial. Obviamente no sé, y es imposible saber hoy, si esta denuncia prosperará; pero por lo menos debería servir como escarmiento para quienes tomaron la incomprensible decisión de enviarla como cónsul de carrera a Milán, sin comparecer ante el Senado, y sin requerir el beneplácito del gobierno italiano. A otros ex procuradores se les ha enviado a puestos diplomáticos para proteger su integridad física; no sé si aquí se esté protegiendo lo mismo, o al sexenio entero de Calderón, por razones aún indescifrables.