Por: José "Pepe" Scioli
El último informe anual de la ONU ubica a la Argentina como el tercer país “exportador” de cocaína de Latinoamérica, después de Brasil y Colombia. Sin embargo, el gobierno nacional elige mirar para otro lado, mientras la droga se lleva la vida de miles de jóvenes en todo el país.
El envío de droga a través de los puertos es una metodología que, aunque arrancó hace muchos años, dista de estar controlada. Para citar un ejemplo alcanza con mencionar el del puerto de Mar del Plata, que no tiene suficiente calado para que operen barcos de ultramar, pero algunas plantas de procesamiento, envasado, congelado y transporte de pescado se han visto envueltas en resonantes casos de tráfico hacia el exterior.
Los puertos y su entorno siempre han concentrado la atención del narcotráfico por la vulnerabilidad de sus controles y la utilización del pescado para introducir cocaína en los cargamentos. El puerto de Mar del Plata registra numerosos antecedentes. El primero fue la Operación Anchoa, en la cual a mediados de 1987 ciudadanos argentinos y españoles enviaron 50 kilos de cocaína en latas de anchoas desde el puerto de Mar del Plata hasta el puerto de Filadelfia. Un año después tuvo lugar la Operación Langostino. En ella fue interceptado un cargamento de langostinos en Avellaneda, que contenía 585 kilos de cocaína procedentes de plantas de Mar del Plata y su destino era Estados Unidos. En 2005, 520 kilos de cocaína disimulados entre la merluza salieron desde el puerto marplatense con destino hacia Hungría. La embarcación fue secuestrada en el Puerto de Amberes en el marco de la Operación Pez Blanco. El último caso ocurrió el 10 de junio del año pasado. En la planta “Poseidón” de Puerto Madryn fueron encontrados 110 kilos de cocaína en un cargamento de langostinos llegado desde Mar del Plata y cuyo destino era España.
Desidia gubernamental
Las medidas que deben implementarse para el control de la mercadería brillan por su ausencia. En el puerto puede entrar o salir un camión con cargamento, que seguramente nadie preguntará qué lleva, por más que haya presencia de la Aduana y el SENASA. La Auditoría General de la Nación dio a conocer los inconvenientes que hay en los puertos de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo. Del relevamiento surgió que ninguna de las terminales cuenta con escáneres con software que permitan detectar cocaína.
Mientras tanto, el pescado sigue siendo el socio ideal para mimetizar droga y llevarla al exterior. En los puertos todos conocen la metodología, pero los controles siguen siendo burlados. Es por eso que, desde mi banca de senador provincial, impulsaré la colocación de scanner en los puertos. Para graficar la desidia gubernamental alcanza con mencionar dos ejemplos. Por un lado, la Secretaría de Programación de Prevención de la Droga y lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) no tiene secretario desde hace cuatro meses, cuando presentó su renuncia Rafael Bielsa. Y por el otro, el gobierno se niega a tratar los proyectos de ley de lucha contra el narcotráfico que presentó Francisco de Narváez en el Congreso Nacional. Se trata de iniciativas que le otorgan al Estado las facultades necesarias para pelear contra el avance de la droga. Ellas son las leyes de Radarización del Espacio Aéreo, Derribo de Narcoaviones y la creación de una Agencia Antinarcóticos.
La falta de controles y de una política de combate al narcotráfico es alarmante. Mientras el gobierno se preocupa en avasallar a la justicia y los medios no alineados y perseguir al campo, nuestros pibes siguen cayendo en las redes de droga. El pronóstico dice mal tiempo y tormentas, pero el gobierno continúa distraído y sin escuchar.