Mauricio Macri dice que con un comando único represivo, superando las debilidades de gendarmes y policías, o ahora con la emergencia de seguridad pública va a frenar al narcotráfico. Esta política ya fracasó a nivel mundial.
Que haya más presupuesto para que no ver gendarmes persiguiendo narcos en ojotas o mejorar la logística para que funcionen los celulares de los funcionarios y no solamente los de los fugados, como sucedió, no soluciona el problema. Porque las cúpulas de las fuerzas de seguridad no están preparadas para combatir los negocios capitalistas (como lo es el narcotráfico), sino para perseguir a los que luchan y espiar opositores.
Crear una Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), como propone Macri (también Daniel Scioli o Sergio Massa), es una utopía que ya fracasó en Estados Unidos y Latinoamérica.
En 2015 se reunió la Unidad de Naciones Sudamericanas (Unasur) en Montevideo y emitió un documento que sostiene “el fracaso de la guerra contra las drogas”; plantea la necesidad de “un nuevo enfoque para abordar la problemática del consumo y las adicciones” y consigna: “Sudamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la lucha contra el narcotráfico”.
Ernesto Samper, secretario general de la Unasur y ex presidente de Colombia, aseguró opinar desde la experiencia de su propio país, al señalar que “a pesar de todos los esfuerzos de la política prohibicionista actual, hoy en día hay más de trescientos millones de consumidores de drogas que aún las siguen consumiendo”. Calificó de “fracaso las políticas represivas con los débiles, campesinos y consumidores”. Puso de ejemplo a “Uruguay, que en 2013 aprobó la ley que regula la producción y comercialización de cannabis bajo el control del Estado” (Página 12, 2/9/2015).
Con ello, se está reconociendo que la guerra contra las drogas es contra los consumidores y las víctimas del narcotráfico, no contra los capos narcos. En Argentina, por ejemplo, el 50% de las causas federales son entabladas contra jóvenes por tenencia de marihuana y solamente el 1% tiene a un narco por acusado. Esto muestra que la política punitiva, represiva y prohibicionista lleva a las mafias más violencia y muertes. Sin embargo, el documento de Unasur no se pronuncia por una política global para enfrentar el negocio narco. Que sería precisamente terminar con el prohibicionismo y la ilegalidad.
Izquierda Socialista plantea la legalización de toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo del conjunto de las sustancias psicoactivas. Porque la ilegalidad y el prohibicionismo, además de perseguir a los consumidores, asegura superganancias a las mafias y las bandas que lucran con esa situación de ilegalidad y a políticas represivas que han sido un fracaso.
El narcotráfico es un negocio capitalista muy rentable. Mueve anualmente seiscientos mil millones de dólares. La mayor parte de esas colosales ganancias se debe justamente a su condición de ilegalidad y se utiliza, en parte, para comprar favores de políticos, policías y jueces. Por eso, en Estados Unidos, el principal consumidor del mundo, nunca cae ningún gran capitalista mafioso de la droga. El imperialismo es parte fundamental del problema, ya que lo usó para sus fines intervencionistas en los países semicoloniales, vía la DEA o personal militar directo.
El fracaso del prohibicionismo se mostró con la ley seca (ilegalización del consumo de alcohol) a principio del siglo pasado en Estados Unidos, cuya implementación promovió el tráfico ilegal y las bandas criminales, la cual posteriormente se tuvo que derogar.
Legalizar las drogas no es para fomentar su consumo, por el contrario, los regímenes más estrictos, como el yanqui, son donde más se consume. Es para combatir a las mafias y sus crímenes, reducir el consumo y disminuir las muertes y las hospitalizaciones por las adicciones.