Las actuales inundaciones en el litoral fueron anticipadas en enero por un informe del Sistema Federal de Emergencias (Sifem), que advertía la profundización del fenómeno de El Niño. Ante la abundancia de precipitaciones, si no cambiamos el modelo, vamos a enfrentarnos a episodios cada vez más catastróficos.
Las incesantes precipitaciones continúan golpeando a la región y en las últimas semanas provocaron graves consecuencias en distintas localidades, fundamentalmente en las provincias litoraleñas de Entre Ríos, Formosa y Corrientes. Mientras, la crecida del Paraná ha afectado a las provincias de Santa Fe y Chaco. Las cifras de los evacuados van en aumento y llegarían a 22 mil, a lo que se deberá agregar el cálculo de pérdidas millonarias. En Entre Ríos se consideró declarar la emergencia vial, dado que las intensas lluvias deterioraron las rutas y los caminos. En la provincia de Santa Fe las inundaciones generaron el anegamiento de 2,8 millones de hectáreas, lo que provocará una pérdida millonaria para los productores y el sector agropecuario: se calcula alrededor de un millón de toneladas de soja perdidas por la enorme cantidad de hectáreas inundadas.
Si bien la interpretación meteorológica adjudica las inundaciones al fenómeno de El Niño, distintos sectores agropecuarios refieren a la desidia política, la falta de previsión, prevención y, fundamentalmente, a la falta de inversión real de parte de los Gobiernos provinciales y del Gobierno nacional en obras públicas de infraestructura que mitiguen las consecuencias de este tipo de inclemencias.
Cuando hablamos de cambio climático y de fenómenos como estas inundaciones, hay que tener presente que cada vez serán más frecuentes. Ya en el mes de enero de este año el equipo técnico de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad de la Nación había presentado un informe en Casa de Gobierno que preveía esta dramática situación. Dicho informe fue entregado durante la primera reunión del gabinete nacional del Sistema Federal de Emergencias (Sifem) y las autoridades advertían “para el próximo invierno inundaciones diez veces mayores a la que afectó al litoral este verano si se cumplen los peores pronósticos en torno al fenómeno de El Niño, lo que podría acarrear la evacuación de más de cien mil personas y que tres millones de hectáreas queden bajo el agua en seis provincias”. Y se concluía con la previsión: “Nuestro territorio se vea afectado hasta julio de 2016, con un pico máximo de afectación entre marzo y abril”. El secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Emilio Renda, había anticipado en enero “entre 120 mil y 130 mil evacuados (más de 140 mil en el pico máximo de afectación), con una gran pérdida en la producción ganadera y cultivos en más de tres millones de hectáreas que quedarán bajo el agua”.
El problema de fondo es cómo se pueden anticipar los fenómenos climáticos que van a significar continuidad de precipitaciones y sopesar realmente los costos de haber profundizado un modelo de monocultivo de soja, deforestación y las consecuentes inundaciones, en un preocupante contexto de cambio climático y calentamiento global que parece no asumirse con la suficiente responsabilidad y seriedad.
Es importante comprender que las inundaciones —más allá de los episodios climáticos extremos y el fenómeno de El Niño— son consecuencia de la gigantesca deforestación y del modelo sojero aplicados en nuestro país en los últimos años. Estamos en un preocupante contexto de cambio climático y calentamiento global. Ante la abundancia de precipitaciones, si no cambiamos el modelo, vamos a enfrentarnos con episodios cada vez más catastróficos. En las últimas décadas se dio una significativa pérdida de bosques en Argentina, Brasil y Paraguay. Sólo en Argentina, en los últimos 25 años, se talaron 7,6 millones de hectáreas de bosques. Entre el 2007 y el 2014, se deforestaron más de dos millones de hectáreas de bosques, mientras la ley de bosques sigue sin reglamentarse, ya que 620 mil hectáreas eran de bosques protegidos y fueron arrasadas. En Entre Ríos se deforestaron 85 mil hectáreas de bosques nativos, esponjas naturales de las precipitaciones, y fueron reemplazadas por monocultivos de soja.