Por: Julieta Minervini
Los trabajadores del Programa Buenos Aires Presente comenzamos a organizarnos durante 2012 con el objetivo de defender nuestros derechos y también los derechos de las personas en situación de calle, convencidos de que para tener una buena política pública que realmente garantice los derechos de las personas era necesario también pelear por nuestra estabilidad laboral. Estábamos cansados de que nos paguen cuando se les antoje, de sostener tres trabajos para llegar a fin de mes, de no tener recursos para trabajar, camionetas rotas, falta de gasoil, falta de cupos en los paradores, falta de insumos. También nos cansamos de no tener respuestas para la gente, de ver cómo día a día el gobierno de la ciudad abandona a familias enteras a su suerte, a las cuales -en lugar de asistir- las patotea con métodos muy parecidos a los de la UCEP (llegando a triturar sus bienes personales en camiones de basura, o mandándolas a provincia como si eso solucionara algo). Cansados de ver morir personas durante el invierno por la inactividad y la falta de respuestas integrales es que empezamos a organizarnos.
Ante todos estos reclamos, la respuesta del gobierno de Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Santley, fue tratar a los trabajadores como si fuéramos descartables –metiendo patotas armadas en nuestro lugar de trabajo- y despidiendo trabajadores; y a las personas en la calle como objetos a depositar en paradores y hogares.
El 30 de octubre pasado los trabajadores y trabajadoras del BAP volvimos a sufrir un nuevo ataque por parte de una patota en el lugar de trabajo. Ese día era el acordado con la gestión para que los delegados retomemos tareas en el lugar de trabajo. Luego del dictamen favorable del Ministerio de Trabajo de la Nación a los delegados y a la Junta Interna de ATE- BAP como legítima organización de los laburantes, una patota del SUTECBA impidió el ingreso de los delegados del BAP, a la vez que controlaba el acceso al Hogar de Ancianos Rawson amedrentando y agrediendo a toda persona que quisiera ingresar, puntualmente a las compañeras del turno de las siete de la mañana.
El gobierno de Mauricio Macri representado por la ministra Stanley, el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Santiago López Medrano, y el director general de Atención Inmediata (del cual depende el BAP), Ramón Lanús, dicen ‘no poder hacerse cargo de la seguridad de los trabajadores frente a la patota’. Hernán Berisso, gerente del Área Operativa del Programa, así lo afirmó en el acta redactada ante la escribana de ATE el mismo día 30. ¿Quién gobierna en el Ministerio? ¿Stanley o una patota armada? La patota liderada por Oscar “Cuca” Alcucero y compuesta por varios miembros de la barrabrava de San Lorenzo, choferes del Programa -utilizados como grupo de choque bajo la amenaza de perder su trabajo- y personas del SUTECBA que nunca trabajaron en el Rawson, aunque parecen ser los dueños del edificio público donde se encuentra la base operativa del BAP.
Estas prácticas son parte de la normalidad en nuestros trabajos, el hecho de que cada vez que queremos organizarnos, ejercer nuestros derechos y garantizar la libertad sindical, así como realizar de la mejor forma nuestras tareas, aparezca una patota armada para frenar la organización de los trabajadores. Esto mismo ya había sucedido el año pasado en el BAP, hecho que fue denunciado de mil maneras y al cual el gobierno nunca le dio una solución, la patota es la que parece que manda y sigue adentro del Ministerio decidiendo por el gobierno a través de aprietes y amenazas.
Esto es así, porque existe una connivencia entre la patota y el gobierno de Mauricio Macri. En el BAP se da una situación de cogobierno entre López Medrano y la patota del sindicato. El gobierno avala el robo de gasoil y de insumos, el desmantelamiento de las camionetas por parte del personal de SUTECBA, que producen el mal funcionamiento del Programa. Además subejecuta el presupuesto, incumpliendo la ley para personas en situación y riesgo de calle.
Esta modalidad de violencia sistemática contra los trabajadores por parte de la patota del SUTECBA, y avalada por la gestión del Ministerio, se da también con las personas en situación de calle, ya que en forma permanente personal de Espacios Públicos en operativos de conjunto con la Policía Metropolitana ejercen violencia quemando ranchadas, lastimando y obligando a las personas a abandonar sus lugares, operando al mejor estilo UCEP, causa por la cual el Jefe de Gobierno está actualmente procesado.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires es un importante negociado para el Gobierno y SUTECBA, a través del manejo de los planes sociales y subsidios habitacionales.
Sólo la vuelta de los delegados al Rawson puede garantizar la libertad sindical y la integridad física de los trabajadores del programa que trabajan cotidianamente bajo amenazas y aprietes. Es necesario poner en jaque el búnker de SUTECBA y los negociados en el Ministerio de Desarrollo Social y el BAP. Solo la vuelta de los delegados puede garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas en calle.