Sin duda alguna, el pleito de los holdouts —también llamados fondos buitre— es de los más polémicos hoy en día en la Argentina. Un sector del espectro político, específicamente el antiguo oficialismo ahora devenido en oposición, reduce el problema a una frase tan trillada como incoherente: “Patria o buitres”.
Resulta más preocupante que llamativo escuchar por parte de los que malgastaron el erario —léase el dinero de los ciudadanos— que afrontaron de manera ingenua y poco seria un conflicto internacional de dimensiones tales que no sólo comprometía el patrimonio de la nación, sino además la posibilidad de obras públicas de alta necesidad y, como si fuera poco, futuras inversiones privadas generadoras de los empleos que en los últimos cuatro años no se han creado.
En más de una ocasión utilicé la idea central de una de las más famosas obras del economista francés Frédéric Bastiat, en la que destaca que no sólo debemos prestar atención a lo que se ve, sino además a lo que no se ve, y debido a lo oportuno que resulta en esta circunstancia, volveré a hacerlo bajo el riesgo de ser repetitiva.
Los argentinos tenemos que saber que debemos mirar más allá de lo que nos costará salir del default —pagarle a los holdouts— para poder ver lo que nos costó no haberlo hecho antes. Para dar una idea clara al respecto, citaré algunos de los números dados hace tan sólo días por Juan Curutchet, que dejan al descubierto la torpeza con la que se ha procedido en la materia: por un lado, para dar una cifra aproximada de lo que pudo ser, desde 1990 la Argentina recibió el 10% de las inversiones extranjeras en América Latina, pero entre 2010 y 2014 recibió solamente el 5%, es decir que esta impericia por parte del kirchnerismo para llegar a un acuerdo le costó al país alrededor de 45.400 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, lo que no sólo implica menos empleos, sino además menores salarios para los trabajadores debido a la menor competencia.
Asimismo, es pertinente agregar a la lista de costos los enormes intereses que se pagaron a partir de la cesación de pagos, las emisiones en moneda externa que se realizaron a partir de 2010 a un costo mucho mayor que el de los países vecinos y el activo desvalorizado por letras intransferibles, puntos que sumados a la ya mencionada merma en inversiones nos dan una pérdida total de aproximadamente 100.780 millones de dólares.
Pocas cosas más cómodas deben haber que, simulando una postura heroica, decidir desde un edificio en Puerto Madero que no se pagará nada y que las consecuencias las suframos todos, ya que, de todas maneras, hacer eso es lo políticamente correcto teniendo en cuenta el relato, y es lo que realmente importa según han demostrado.
Cuando dimensionamos las oportunidades que nos han robado en los últimos años y las contrastamos con las carencias que tiene el pueblo al día de hoy en escuelas, hospitales, obras hídricas, trenes, autopistas, rutas, cloacas, agua potable, gas natural y, sin ir más lejos, el déficit fiscal —nada más y nada menos que mayores gastos que ingresos estatales— más alto que nuestro país haya visto en los últimos cuarenta años, que provocó la segunda inflación más alta del planeta, cuanto menos debemos irritarnos y llevar a cabo todo lo posible para quitarle al país este verdadero freno a su progreso.
Teniendo a la vista lo que el país pudo tener y nos fue arrebatado a total discreción, ¿no deberíamos voltear nuestra mirada de los buitres extranjeros para apuntarla primero a nuestras propias comadrejas, quienes nos despojaron de un próspero futuro de una manera tan silenciosa como a la vez dolorosa y aun así siguen sugiriendo no sacar a la Argentina del default?