Las inundaciones que hoy sufrimos los argentinos, con la lamentable pérdida de vidas, demuestran claramente la carencia de planificación necesaria enfocada a mitigar este tipo de inclemencias y la responsabilidad directa de los distintos niveles de gobierno, fundamentalmente del gobierno nacional, materializada en la falta de inversión en infraestructura básica.
Si bien la crisis que padecemos hoy es un caso puntual, es preciso ver el escenario completo. La falta de inversión no sólo se observa en la insuficiencia de obras hídricas y pluviales necesarias sino que también engloba a muchos otros rubros importantísimos que impactan directamente sobre la vida de los argentinos. La escases de obras, también en relación directa con actos de corrupción, nos condujo a la tragedia en la estación de Once, a las innumerables muertes por accidentes de tránsito (según los datos de la asociación Luchemos por la Vida mueren 21 personas por día en estos sucesos) o al creciente déficit habitacional, entre otros.
Se conoce la relación significativa directa entre el desarrollo de infraestructura, el crecimiento económico y el bienestar general de los habitantes de un país. En este sentido, una buena administración debe prever un presupuesto equilibrado, donde el 50% como mínimo sea inversión en capital, generando una dinámica de desarrollo sustentable en la actividad económica y una mejora de la calidad de vida en términos permanentes. Ahora bien, si se observa el aumento sostenido del gasto del gobierno nacional en los últimos años y se puntualiza en que su destino es principalmente del tipo corriente, por ejemplo en la forma de salarios y gastos operativos de empresas deficitarias como Aerolíneas Argentinas, se llega a la conclusión de que lo que financiamos con nuestros impuestos es la política cortoplacista del gobierno de turno. Lo que ha significado un costo de oportunidad muy importante para un país que creció a tasas promedio del 8% anual en la última década.
Puntualmente, en el Presupuesto Nacional de 2013 se observan que de los 629 mil millones de pesos aprobados, un 89% está destinado a financiar gastos corrientes y sólo un 11% en gastos de capital. Por otro lado, si se realiza un análisis dinámico comparando lo presupuestado en 2012, se puede apreciar que los gastos corrientes aumentaron significativamente por sobre los de capital, con variaciones en el orden del 26,4% y el 10,9% respectivamente.
El problema no sólo se hace presente en la falta de presupuesto original destinado a obras, sino también en materia de ejecución de los programas. A modo de ejemplo, en septiembre de 2012 solicitamos que el Poder Ejecutivo Nacional nos explique el uso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Decreto 1381/2001) en un contexto de sospechas públicas por desvíos de esas partidas para financiar gastos en publicidad de la feria Tecnópolis. En ese momento varias zonas rurales y urbanas de la provincia de Buenos Aires sufrían por inundaciones que dejaban a millones de hectáreas y decenas de municipios bajo el agua.
En síntesis, es clave comprender el rol de la inversión en el crecimiento del largo plazo. Pero sobre todo, esto debe ser entendido como capital social, desde el punto de vista que la planificación estratégica de la infraestructura conduce a un mayor bienestar de la sociedad en su conjunto, generando más seguridad y calidad de vida, mayor producción y empleo, aumentos en los salarios reales y mejoramiento del resto de las variables económico-sociales, en definitiva, genuina inclusión social. De este modo, estas palabras se convierten en un llamado de atención a los distintos niveles de gobierno para que busquen un presupuesto equilibrado, cambiando las prioridades, marginando los gastos superfluos, e improductivos, los nichos de corrupción, por inversión a largo plazo, mirando no sólo el presente, sino pensando además en el futuro de todos los argentinos.