El proyecto de reparación a las víctimas de la AMIA impulsado por el Gobierno nacional me coloca en una muy triste e incómoda situación, en la que me siento obligada a votarlo favorablemente y, a la vez, denunciar el fariseísmo que evidencia la oportunidad elegida para proponerlo.
Es triste que, en las graves circunstancias políticas y morales que transitamos, exhumemos este proyecto que hoy tiene un sabor mercenario, de compra de silencios, de permutas y transacciones. Y lo digo con la autoridad que me da el haber propiciado, ante la grosera omisión del Ejecutivo, un proyecto en 2012, de verdadera reparación y en un momento en que la iniciativa no estaba rodeada de hechos que afectan su sentido y los efectos de su promulgación.
Por ese antecedente de mi autoría, voy a acompañar la iniciativa. Pero con la advertencia ya formulada respecto de la oportunidad, que entiendo imprescindible para no seguir faltándole el respeto a las víctimas. Y también proponiendo algunas modificaciones superadoras.
Reparar no es sólo fijar una suma de dinero y entregarla sin más, desentendiéndose de la suerte de esa dación.
Es que a los beneficiarios del proyecto, según resulta del artículo 8, les pagaremos con bonos. Es decir que el supuesto beneficiario, recibirá un título que deberá descontar en el mercado, con la consiguiente pérdida resultado de la tasa de descuento. En definitiva, una víctima que es impulsada a especular o, lo que es peor, a someterse a las garras de los especuladores. De allí que no es exagerada la calificación de fariseico que utilicé en un comienzo. Y no voy a votar ese artículo.
También tengo una nueva mirada con relación a la figura del desistimiento exigida en los artículos 11 y 12.Creo que la fórmula es la de una burda transacción que obliga a las victimas (deudos del fallecido o lesionados sobrevivientes) a renunciar a un reclamo de reparación plena, por una oferta cuyo monto viene impuesto sin consideración a circunstancia particular alguna. Y es probable que en muchos casos este desistimiento forzado sea el resultado de una coacción a la que se ve llevada la víctima que lleva años tramitando su acción de daños y perjuicios y, por las demoras de nuestro poder judicial, tiene frente a si muchos años más . Y tampoco voy a votar esos artículos.
Y esto es absolutamente injusto. Creo más equitativo mantener vigente la acción de daños y dejar librado al criterio jurisdiccional la suficiencia del beneficio como fórmula reparatoria. También he de votar para que se les otorgue el beneficio a quienes se les extinguió la acción de daños porque allí el Estado nacional logró que se les declaren prescriptas las acciones de daños.
Es que no se trata de mercar, ni de aplicar criterios de administración financiera estatal estricta, como si estuviéramos solventando gastos corrientes. Debemos reparar un enorme daño, cuya ocurrencia y responsabilidad ya fueron reconocidas por el Estado.