No es necesario reformar la Constitución Nacional. A menos que, simplemente, se pretenda habilitar la reelección indefinida de quien ejerza la Presidencia de la Nación. Si es así, propongo que se convoque a una consulta popular sobre ese específico tema con carácter vinculante para que, en el caso afirmativo, ciña la enmienda de la Carta Magna a ese tópico. Así evitaríamos un innecesario nuevo “toqueteo” a la ley de leyes y pondríamos en negro sobre blanco la verdadera intención de los nuevos “emancipadores” que buscan pretextos leguleyos para someter a revisión la Constitución con el mero fin de admitir la reelección de quien hoy nos gobierna. Hasta ahora, no ha aparecido un solo argumento sólido y serio que demuestre que las actuales reglas entorpecen el desarrollo de la Nación o impiden mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es paradójico que los mismos que sostienen que en los últimos 9 años se ha registrado el mayor crecimiento económico de la historia y la “repolitización” de las nuevas generaciones no recuerden que, de haber pasado eso, se produjo con la actual Constitución. ¿Para qué cambiarla si fue la testigo de tanto éxito? Se ha escuchado también por estas horas que el 42 por ciento del actual padrón de ciudadanos que integran el cuerpo electoral (nacidos a partir de abril de 1976) no la votó, porque los llegados a esta patria a partir de esa fecha no participaron del proceso electoral que derivó en la reforma constitucional de 1994. Eso es discriminatorio, se dice. ¿No es maravilloso? Propongamos entonces que a partir de ahora, todos los años, reformemos la Constitución para darles cabida a los que van cumpliendo sus 18 y adquieren sus derechos cívicos para que puedan opinar. Se dice además que merece ser modificado el principio que deja en poder de las provincias los recursos naturales. Es injusto que La Rioja, Santiago del Estero y el resto manejen suelos, cauces de ríos y demás riquezas que están en sus territorios. Hay que ponerlo en cabeza de la Nación, o sea, “en cabeza de todos los argentinos”. ¿Las provincias no son argentinas? ¿Son del imperio? ¿Esta no es una república nacida de la voluntad de las provincias que delegaron algunas (se dice algunas) facultades a la Nación? ¿Los emancipadores reformistas son unitarios? A los que sostienen estas ideas, habría que recordarles que desde 1983 hasta hoy se pasó de coparticipar el 49 por ciento de los tributos a las provincias a un poco más del 20. ¿Se propone una redistribución de los recursos naturales similar a la de estos ingresos? Otra queja que se esgrime como motivo de reforma es el sistema presidencialista con un poder ejecutivo tan exacerbado y personalista. Alcanzaría para rebatir este argumento citar que todos los que promueven el cambio constitucional adscriben al kirchnerismo explícita o implícitamente. Entre estos últimos cabe mencionar a Eduardo Sigal o Adriana Puiggrós, ex Frente Amplio de la Alianza, o a Hugo Yasky de la bipolar Central de los Trabajadores Argentinos. A ellos podría preguntárseles si la actual gestión no es el paradigma empírico y concreto del ejercicio más concentrado del poder como pocas veces se ha visto. ¿Esto es culpa de la Constitución actual o del modo de concebir el gobierno de parte de quien reclama emancipación? Que no haya reuniones de gabinetes, con gobernadores o con la oposición, ¿es culpa de la Carta Magna del 94? Podría agregarse que quienes se manifiestan dispuestos a alzar la mano por el cambio son los mismos que lo han hecho prolija y reiteradamente por la delegación de facultades propias de los otros poderes republicanos a favor del Ejecutivo. Como se dijo al comienzo, el debate que quiere imponerse sotto voce es la reelección del cargo presidencial. Digámoslo con todas las letras. Preguntémoslo a todos los argentinos. Porque si se va a insistir en que hay que darnos “nuevas normas acordes al constitucionalismo popular de América Latina”, es bueno echar una ojeada a lo que pasa en el continente. Vale la pena recomendar el trabajo de Mario Serrafero, Reelección Presidencial en América Latina (Pablo Casamajor Ediciones, septiembre de 2010; Academia Nacional de Ciencias Morales y Política de la República Argentina), que brinda estos resultados que vale la pena resaltar. En esta parte del planeta el 23,59% de los países prohíbe absolutamente la reelección. El 41,17% exige un período intermedio para volver a acceder a la presidencia. El 29,41% admite sólo una reelección inmediata (como Argentina). Y el 5,88%, la reelección indefinida sin límites. Ese exiguo porcentaje está representado por Venezuela.  Hoy mismo, debajo de esta misma nota, se puede empezar a votar.