Fueron 10 días de paro. Fue la protesta más extensa de toda la historia de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Fue, multiplicando viajes perdidos y personas complicadas, una medida que golpeó a casi 10 millones de almas que perdieron tiempo, dinero y paciencia coronaria día tras día. Y a ellos, ¿quién los representó? A ese pueblo, ¿quién los defendió? La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo ausente. Ni pintó a la hora de ponerse del lado de la gente común y corriente cuando cada mañana se tuvo que levantar con una o dos horas de anticipación para viajar como ganado en los micros del transporte público o como pudo, de la manera que mejor encontró. ¿Esto es lógico? Para preguntarlo más directamente: ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo si no se ocupa de proteger a la gente ante un paro de subtes? Y aquí el sentido de esta crónica. Preguntarle a los foristas para qué cree que sirve. A la actual titular de esta noble institución, la doctora Alicia Pierini, le molesta que se la defina como la heredera de los Ombudsman europeos porque reconoce en esta calificación un concepto europeo propio de las monarquías de otros tiempos. Basta leer en la página oficial de la Defensoría su declaración de principios. “Nuestra brújula -única y compartida- es la de los Derechos Humanos, con su amplio abanico de principios, normativa, doctrina, jurisprudencia y los valores de la vida y dignidad que son fundantes y sustentos de todos los demás derechos que integran su plexo para esta sociedad en este tiempo”. ¿No es un derecho humano esencial viajar en subte de manera digna? 900.000 personas que cada jornada y por diez días vieron patas arriba su organización personal y familiar, ¿no merecían un acompañamiento de la Defensoría del Pueblo? Si uno sigue leyendo la expresión de deseos de la misma Defensora en la web oficial empieza a entender el estruendoso silencio de esa institución en el conflicto reciente. “Ser Defensor del Pueblo en nuestro continente es no olvidar que ingresamos en el mundo occidental primero colonizados a sangre y fuego por unos; luego, económicamente por otros. Que hemos sido asolados por dictaduras locales con apoyo exógeno, extorsionados por endeudamientos agobiantes y eternamente manipulados en lo cultural. Por eso nuestra misión es, también, defender la democracia costosamente alcanzada y su gobernabilidad”. Es cierto que deberá reconocerse la tarea de la Defensoría en un amplio y valioso abanico de asesoramientos en cuestiones relativas a los consumidores, promoción de derechos sociales o, para ir a hechos concretos recientes a manera de mero ejemplo, evitando aumentos abusivos en los sistemas de medicina prepaga. Esto es rigurosamente verdadero y plausible. Pero no es menos necesario que se replantee cuanto antes que carece de toda lógica que una institución que se consagra a la defensa del pueblo no se ocupe de una carencia básica y sostenida como la falta de transporte de ese mismo pueblo. Podrá argüirse que no hay legitimación jurídica para presentarse ante tribunales o promover acciones judiciales efectivas como sí, finalmente, hizo la muchas veces criticada por excéntrica legisladora María José Lubertino dejando en off side a todo el resto de la Legislatura porteña (de paso, teléfono para los diputados porteños: ¿ustedes no sintieron que debían hacer algo o no viajan en subte?). Pero si al menos la doctora Alicia Pierini y su inmenso staff hubiera dado señales de vida en la semana que pasó, proponiéndose como mediadores o como autores de alguna, alguna, medida creativa que evitase que el caos reinase por 10 días, la sensación de que ella y su equipo representan algo intangible y ajeno a la realidad se hubiera amortiguado. Porque si 10 millones de gente de a pie no son el pueblo, señora defensora, ¿el pueblo dónde está?
