"Como no confío en la Justicia, no acudo a ella, porque lo considero una pérdida de tiempo”. La frase no la pronunció un referente de la oposición al modelo nacional y popular, ni un seguidor de Blumberg o de la “Corpo”, ni un conciudadano que fue robado, otra vez, cuando osaba entrar el coche en su garaje. Semejante afirmación fue hecha pública por el doctor Horacio Tolosa, hasta ahora juez de instrucción penal de General Pico, La Pampa. Se aclara que es “hasta ahora” porque el magistrado con 25 años de antigüedad en la función ha decidido jubilarse. Fatiga moral, dirían algunos. Insatisfacción jurídica, otros. Porque no cree en la Justicia, graficó con todas las letras él mismo. ¿Hubo alguna reacción ante semejantes dichos? ¿El gobernador Oscar Jorge convocó de emergencia a su gabinete para analizarlos? ¿La Presidente usó alguno de sus múltiples mensajes de atril para comentar el hecho? ¿La Corte Suprema Provincial o la Nacional invitaron al juez a que se explaye sobre semejante denuncia? Nada. Absolutamente nada. Estamos, definitivamente, sumergidos en una especie de anestesia general aplicada de prepo. Vivimos los tiempos de la “Pentotal social”. Hoy día puede pararse el subte por 10 días sin que pase nada; pueden parirse neologismos como “salideras”, “entraderas”, sin que un solo funcionario renuncie ni ante la muerte de un padre de 75 años que defiende a su hijo, o puede permitirse cualquier amague de pirotecnia verbal de mal gusto que propone prohibir el concepto de country por ser una barrera arquitectónica. No pasa nada, señores. Por eso, es razonable la cero reacción de nuestros inquilinos del poder cuando un magistrado encargado de perseguir el delito dice que se va a su casa porque cree que la Justicia no sirve para nada. También es cierto que en el marco específico de esa misma Justicia, lo del juez de La Pampa es apenas una muestra más de confusas situaciones que cuestan comprender. Giselle Rímolo se fue caminando a su casa después de haber escuchado que tiene que estar presa 9 años por haber proporcionado medicamentos truchos que le causaron la muerte a, por lo menos, una persona. La condena impuesta es menor al tiempo que pasó para obtenerla en un juicio. ¿Es razonable que un proceso dure más que el tiempo de prisión que se dispone? Nadie cuestiona aquí la garantía constitucional de la libertad del imputado mientras dure todo el proceso para sostener la inocencia hasta la cosa juzgada. Pero ¿10 años de proceso y esto es apenas el comienzo? Debajo del iceberg Rímolo se esconden miles y miles de expedientes que duermen el mismo sueño de impunidad y que transforman a la Justicia en un ajedrez pillo que sabe interponer cuanta chicana sea necesaria para extender al infinito la chance de una resolución más o menos justa. Y hay más por estos días. La Sala II de la Cámara de Casación, en un caso que analizaba la situación de tres jóvenes con importante prontuario criminal, consideró que es inconstitucional aplicar la pena de prisión perpetua porque los condenados eran menores de 18 años al momento de delinquir. No importa que nuestra ley admita la punibilidad a partir de los 16 años. No interesa que en términos fácticos la reclusión perpetua no exista y que, en el peor de los casos, se fije en 25 años la condena, lo que permite luego de 16 comenzar a gozar de salidas anticipadas. Tampoco se merituó que los jóvenes tenían en su haber los siguientes delitos: robo calificado en cuatro oportunidades, homicidio calificado (en uno de los casos en 5 oportunidades), tenencia de armas de guerra, asociación ilícita y lesiones graves. Como con el juez de la Pampa, como con Rímolo o con los menores mencionados, de lo que se trata es de mostrar signos de que algo fundamental no funciona nada bien, para ver si alguno resiste a la “Pentotal social” y reacciona. Indignarse por un globo de efecto como es el saber si se van a prohibir los countries o no es un gesto para la tribuna. Acá se habla de una de las garantías de una República más o menos sana. De la justicia. Apenas.