Descifrando la inflación y el control de precios

Luis Salmain

Hace unos días en la tapa de un matutino se leía “Congelar los precios no frenó la inflación”.

En infinidad de artículos, tanto míos como de otras personas, en ámbitos académicos, y durante muchísimo tiempo, se ha tratado de explicar la confusión que resulta de definir la inflación como el aumento de los precios.

Los precios expresan las interacciones de las valorizaciones que hacen compradores y vendedores. Si el volumen global de moneda y la producción de bienes se mantienen, los valores absolutos de los precios no pueden aumentar. Sin embargo, las modificaciones en las valorizaciones sí modifican los precios relativos. Estas últimas son causas endógenas.

A las causas endógenas hay que distinguirlas de las alteraciones en los precios relativos que derivan de la manipulación gubernamental de la moneda y el crédito (causas exógenas al mercado).

La inflación entonces es la expansión monetaria por causas exógenas. En los países como el nuestro donde hay curso forzoso, la inflación es falsificación legal y el falsificador (el gobierno) intenta convencer a la gente que las distorsiones en los precios son consecuencia de la “voracidad” y el “acaparamiento” de los comerciantes a los cuales debe “combatirse” estableciendo precios máximos.

En resumen, la definición más comúnmente adoptada de la inflación como  “el aumento general de los precios”  induce a graves errores. Esta definición no sólo es errónea porque señala los efectos y no las causas sino que, además, habla de aumento general de precios cuando el problema de la inflación es que distorsiona los precios relativos.

Excede a este artículo entrar a discutir otras teorías que atribuyen la inflación a: gasto público, incremento de costos,  exceso de demanda o que es un fenómeno importado.

En el artículo que se desprendía de la tapa del matutino también se afirmaba: “a cinco meses de su lanzamiento, el congelamiento de precios que implementó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fracasó en su principal objetivo, que era desacelerar la inflación en los productos de la canasta básica”. Y además agrega: “los principales impulsores de la inflación en el rubro son las cadenas de supermercados… pese a que, en teoría, son los únicos alcanzados por la obligación de mantener congelados los precios de la canasta de 500 artículos”.

Al tema de la inflación se le suma el de los precios máximos. En realidad, los precios máximos no son precios porque los fija la autoridad política. Es una expresión numérica que nada tiene que ver con el mercado; también son llamados precios políticos, establecidos a un nivel inferior al de mercado.

Los partidarios de establecer precios máximos hablan de precios “demasiado altos”, “no justos” y nunca atribuyen el aumento de los precios al deterioro del poder adquisitivo del dinero que el único que lo provoca es el gobierno con su irresponsable actitud. La implantación de precios políticos no resuelve la causa del problema y, además, genera efectos que agravan notablemente la situación, a saber:

  1. Expansión de la demanda; al precio político menor habrá más gente posibilitada de comprar;
  2. Al no aumentar en el acto la producción, y ante el crecimiento de la demanda, se produce un faltante artificial;
  3. Se contrae la oferta al desaparecer productores marginales que no cubren los costos con el nuevo precio establecido;
  4. Por la razón anterior, el faltante artificial se agudiza aún más;
  5. La alteración artificial en los márgenes operativos altera la producción ahuyentando capitales allí donde debía atraérselos y atrayendo capitales a donde no resultaba tan urgente su inversión.

La intención original que era proteger al consumidor deriva en: faltantes, reducción de la producción futura y despilfarro de recursos productivos, todo lo que perjudica especialmente a los menos pudientes.

En síntesis, se insiste en nefastas políticas intervencionistas y, además, en la aplicación de instrumentos que han demostrado su ineficacia en los últimos 5.000 años.