La empresa española Repsol, que acordó unilateralmente con el gobierno argentino la compensación por la estatización de YPF, decidió hace unos días la venta del resto de las acciones que conservaba en la petrolera nacional. En pocas palabras, se fue lo último que quedaba de Repsol en YPF y nos deja una deuda impagable: la ambiental.
La estatización, como venimos denunciando desde un principio, es compleja. Al pasivo ambiental provocado por la petrolera española, tema que el kirchnerismo prefirió dejar a un lado, se suma el pago que las provincias con sus arcas diezmadas deberán realizar a Repsol.
El kirchnerismo toma otra vez un atajo para evadir la ley. El precio, en lugar de ser acordado por el Tribunal de Tasación, se pacta directamente con Repsol. El gobierno nacional emite deuda por seis mil millones de dólares para saldar la expropiación de la petrolera. Es decir, van 6000 millones de dólares para los que saquearon YPF. Repsol es una de las empresas que más ha lucrado con nuestros recursos naturales, así como también una de las que más ha contaminado en los lugares donde ha operado.
Repsol se va de Argentina sin pagar un solo peso por el daño irreparable que provocó a nuestro suelo y a sus pobladores. La huella ambiental debería saldarse recomponiendo según lo establece la ley. Y en caso de que no sea factible, se debería haber establecido una indemnización. El kirchnerismo eligió hacer oídos sordos a nuestros argumentos.
Desde nuestro espacio político trabajamos para que los delitos ambientales sean considerados imprescriptibles. Para que por más que se vayan, el día de mañana no estén caminando por la calle o haciendo negocios otra vez aquellos que de manera irresponsable accionaron contra generaciones futuras.