La noticia publicada en la edición del 3 de julio del periódico Folha de São Paulo sobre el temor de una acción terrorista de matiz islámica desde Brasil en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso ha traído un punto de reflexión importante sobre los órganos gubernamentales. En un mundo en constante cambio y que pide respuestas rápidas con relación a las amenazas al Estado y su población, las instituciones del Gobierno tratan estos temas conforme sus prioridades, muchas veces sin una política común. Desde los atentados en Buenos Aires en 1992 y 1996, la diplomacia brasileña ha tratado de negar cualquiera indicación de que haya células terroristas en territorio brasileño o cerca de sus fronteras (en especial la Triple Frontera con Argentina y Paraguay). Trata de argumentar que no se puede criminalizar minorías étnicas -lo que es una preocupación importante pero que no invalida la necesidad de medidas preventivas. No obstante, la negativa de Itamaraty no puede ser tratada como una política unificada del Gobierno. Los tratados multilaterales y regionales en temas de seguridad y defensa han puesto en evidencia la necesidad de combatir el terrorismo. Para esto, han sido creadas estructuras institucionales internas que tratan de prevenir la posible acción de grupos terroristas. Entre las instituciones creadas está el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras), órgano del Ministerio de la Hacienda que visa prohibir y evaluar posibles inversiones involucradas con terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico u otros crímenes. Distintamente de Itamaraty y criticando ese último, distintos directores de COAF han dicho en los últimos años que hay una preocupación por la recaudación de fondos para grupos terroristas. Adicionalmente, la Policía Federal y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) han trabajado de manera intensa para evitar la entrada y actuación de posibles terroristas y sus apoyadores en territorio brasileño. Sin embargo, especialmente para la Policía Federal, la amenaza terrorista es un tema importante en su agenda. Esto quedó claro en estudios académicos que tratan del tema en Brasil y Argentina, así como ha sido dicho por la prensa desde 2010 por cuenta de dos motivaciones: la publicación de telegramas de WikiLeaks y la creación de la Ley de Acceso a la Información, creada recientemente por la presidente Dilma Rousseff. Más allá de las diferencias de percepciones y discursos sobre la temática del terrorismo en un país que será anfitrión de dos de los más grandes eventos internacionales deportivos hasta 2016, surge la necesidad de un desempeño menos fragmentado por parte del gobierno de Brasil acerca del tema. Un buen ejemplo puede ser la coordinación institucional creada por diversos países a través de la metodología Whole of Government Approach, ya utilizada en los Estados Unidos, Canadá y Australia, y que se basa en reuniones conjuntas entre los órganos que tratan de seguridad y defensa, seguido de acciones y discursos comunes. Aunque sea un desafío formidable tener en cuenta tal unión entre los órganos, la coyuntura actual se muestra favorable para un cambio de postura. La oportunidad puede ser única, sea por cuenta del plazo que tenemos hasta los grandes eventos o para la próxima elección presidencial.