Los atentados en la maratón de Boston han demostrado al mundo que eventos deportivos pueden ser un objetivo común para aquellos que utilizan de la violencia extrema como medio de lucha. A Brasil, los ataques le preocupan aún más.
En una nación que albergará tres importantes eventos deportivos en tres años (Copa de las Confederaciones, Copa del Mundo y Juegos Olímpicos), la opinión pública expresó justas preocupaciones poco después de los ataques. Las principales revistas del país tuvieron en la tapa de la semana siguiente al atentado preguntas como ¿Brasil está preparado? ¿Estamos seguros con nuestros eventos deportivos?
Aunque Brasil no haya recibido ataques terroristas de grupos radicales religiosos, frecuentemente, grupos criminales han quemado colectivos en forma de protesta contra las pésimas condiciones de los presidios del país –a veces sin dejar tiempo a que los pasajeros bajen del bus–. También fue en Brasil que en mayo de 2006, el grupo criminal Primeiro Comando da Capital paralizó la ciudad más populosa de Sudamérica, San Pablo, creando caos y terror en distintas regiones con asesinatos de policías, quema de buses y amenazas contra las autoridades.
Ese contexto, por sí solo, ya es motivo para una preocupación por la cuestión de la seguridad en los grandes eventos deportivos. ¿Y si un grupo criminal intentara llamar la atención en un día en el que juegue Brasil contra Argentina por las semis del mundial quemando un colectivo? ¿Y si asesinan policías el día de la apertura de los Juegos Olímpicos?
Como no sabemos la respuesta a esas cuestiones, lo mejor para el país es prepararse. Ya hay dos propuestas en el Senado Federal, sugeridas por los senadores Aloysio Nunes (Partido de la Social Democracia Brasileña – San Pablo) y Blairo Maggi (Partido de la República – Mato Grosso). Aprobadas por la Comisión de Constitución y Justicia, la iniciativa espera pasar por la votación antes de la Copa de las Confederaciones –lo que puede llegar a no suceder.
Por fin, hay una necesidad profunda de integración interinstitucional entre los órganos de seguridad del país. Aunque el ministro de Defensa, Celso Amorim, se haya reunido con diversos órganos de seguridad, el Ministerio Publico ha expresado que las inversiones en seguridad están largamente atrasadas. Es claro que muchas medidas han sido tomadas como adopción de avanzados sistemas de control de entrada en las arenas y análisis previos de ellas. Pero con el ejemplo triste de Boston no es suficiente con medidas parciales. Debe efectuarse una política integradora que deje una margen casi inexistente para cualquier amenaza interna o externa.