Por: María Zaldívar
Cuando desde esta columna se insiste con marcar el parecido políticamente genético que el macrismo y el kirchnerismo tienen en el modo de ejercer el poder, no siempre fue bien recibido.
Más allá de los modos y las formas, importantes pero no tanto como el fondo, escasean las diferencias estructurales entre ambos. Que los funcionarios de Macri no usen corbata y los kirchneristas sí, por ejemplo, no hace al sistema republicano. En cambio, el impedimento de los macristas de hablar con la prensa sin autorización previa de sus superiores los emparenta con el kirchnerismo, cuyo verticalismo en materia comunicacional es conocido. También comparten el inquietante gesto de ignorar los reclamos de las minorías políticas. “Formen un partido, ganen elecciones y luego tomen las decisiones que crean convenientes” es un consejo de Cristina Kirchner que el PRO siguió al pie de la letra.
El habitante de la ciudad de Buenos Aires votó en 2007 por un partido en cuya plataforma política se “invita al debate de la sociedad”. Eran las épocas en que el líder del PRO soñaba con la incorporación del ex ministro Roberto Lavagna. “Ojalá Lavagna evolucione hacia esta propuesta” decía el entonces diputado Mauricio Macri.
Las cosas fueron como fueron. Ni Lavagna se sumó al PRO ni el PRO debatió con la sociedad sus proyectos para la capital. No figuraba en aquella plataforma la modificación de la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto nadie votó por las bicisendas y el microcentro -totalmente transformado en peatonal-, ni debatió, luego, sobre los beneficios de su implementación. Formaron un partido, ganaron las elecciones e hicieron lo que quisieron. Eso es muy K.
Desde hace algún tiempo existe una ardua disputa por la boca de subte que el macrismo pretende instalar en un lugar rezonificado en 2009 como APH (Área de Protección Histórica) denominada “Ámbito Recoleta”. Para hacerlo sencillo, estamos hablando de la Plaza Alvear, conocida como Plaza Francia.
El Código de Planeamiento Urbano define de este modo esa parte de la ciudad: ”Este sector urbano tiene valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos y simbólicos. Es un hito urbano de alta calidad ambiental, con un espacio público que es referente a escala de la ciudad por su identidad y reconocimiento comunitario. Constituye además un circuito cultural y turístico sólidamente consolidado, caracterizado por el conjunto conformado por la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, el Cementerio de la Recoleta y el Centro Cultural Recoleta y por la presencia de actividades comerciales y de recreación”.
En ese lugar el gobierno porteño insiste con instalar una boca de subte. Miles de vecinos se opusieron. Por lo que dice el Código (zona R2) y porque esa área es considerada “zona residencial”. También por el Código. Porque el concepto de “zona residencial” no es un capricho, una excentricidad o un snobismo; está definido por el Código de Planeamiento Urbano. Y por la civilización. Deberían entenderlo fácilmente el jefe de Gobierno y muchos de sus funcionarios que, como él, viven en Barrio Parque, zona residencial si las hay. Las zonas residenciales existen en todas las ciudades del mundo. Y una de las características sobresalientes en todas es la escasa, y a veces hasta nula, concentración de transporte público.
Lástima que, además de copiar de Europa el afán por la bicicleta, no se contagien nuestras autoridades locales el amor por conservar espacios y tradiciones. Pero, además, si no lo hicieran por una mirada cultural, al menos deberían hacerlo por respeto a la ley.
Si bien fue imposible hacerle entender el punto al PRO, los vecinos representados por una ONG consiguieron que la Justicia los escuchara. Y les diera la razón. En dos oportunidades, a falta de una. ¿Qué herramienta tiene el habitante de la Ciudad frente a lo que considera una arbitrariedad del Estado sino recurrir a la justicia? Pero los que formaron un partido y ganaron las elecciones no consiguen digerir el revés. No se animan a desacatar el fallo judicial y ahora encima ya ni siquiera tienen los fondos para encarar la obra. “A Dios, gracias” dicen los lugareños, pero han tenido la estrambótica idea de demandar a quienes impulsaron el amparo.
Si es el juez el que tomó la decisión ¿por qué no se la agarran con él, que es quien frenó la obra? ¿Por qué apremian al particular que lo único que hizo fue dirigirse con su inquietud a la Justicia y que ahora no hace más que acatar el fallo? ¿Se tratará también de vecinos “buitres” que persiguen oscuros intereses? ¿Por qué le cuestan tanto los límites a los burócratas?
La Justicia está para dirimir conflictos. Acá y en Estados Unidos. Ignorar una sentencia no dista demasiado del despropósito de demandar a quien nos ganó una controversia. Los funcionarios que lo hacen envían una pésima señal de desprecio manifiesto por la función de uno de los poderes del Estado. O no. Tal vez la ciudadanía esté a tiempo de ver quién es quién a la hora de ejercer el poder, cabe recordar, delegado.