En la nota publicada en Infobae hace algunas semanas, La educación pública desde 2003: no la defiendan tanto,  brindé un conjunto de datos  que muestran el brutal proceso de privatización de la educación que atraviesa la Argentina desde años recientes.

Dentro de la discusión por las causas de la privatización de la educación en la Argentin aestá el lugar que se le asigna al subsidio a las escuelas privadas. Como es sabido, por una ley del primer peronismo (la 14.047 de 1947, en vigencia) refrendada por otra del peronismo (la Ley Federal de Educación de 1993, ya derogada) y confirmada por otra ley del peronismo (la Ley de Educación Nacional, de 2006, en vigencia) el Estado está facultado para financiar salarios docentes de escuelas privadas. Mediante este mecanismo, único en Latinoamérica, las  administraciones provinciales pueden financiar escuelas privadas en un porcentaje que, variando entre provincias, va del 40% al 100% de los salarios.

Para algunos, el deterioro de la educación pública ha ido de la mano del aumento del subsidio a las escuelas privadas, el que, desde 2003, se incrementó a la par del enorme aumento del alumnado privado en toda la Argentina.

El razonamiento sería el siguiente: los recursos que el Estado destina a la educación privada podrían destinarse a la educación pública para mejorarla, y hacer que muchos vuelvan a ella.

Esta visión, seductora, plantea dos escenarios:

1. En el caso de que se eliminaran todos los subsidios, y merced al aumento de precios que se operaría, sólo los sectores medios y altos podrían permanecer en las escuelas privadas. En consecuencia, los sectores de menores recursos volverían masivamente a la escuela pública no por opción sino por obligación al no poder seguir pagando escuela privada.

Este escenario trae un problema adicional y es que las escuelas públicas de los barrios más carenciados van a tener que aceptar una demanda para la que no están preparadas: más aulas y más escuelas para recibir a los que vienen de las privadas. Si bien una parte de este déficit podría financiarse con el ahorro de los subsidios, la inversión en edificios requerida parece, al menos en principio, mayor a la de los ahorros por no subsidiar. Habrán de pasar varios años hasta que se construyan nuevas escuelas o se adquieran para el Estado las escuelas privadas que quedarían sin alumnos. Es posible que, al menos en los primeros años de esta solución, las escuelas públicas y los chicos  de sectores de menores recursos vivan años angustiantes

2. Un escenario alternativo con el que muchos gobernantes se han tentado pero ninguno se ha animado sería quitar el subsidio pero sólo a las escuelas privadas a las que concurren sectores medios y altos mientras que los subsidios a  las escuelas que reciben sectores pobres que casi no cobran cuota (o es muy baja) seguirían con el aporte usual.

Esta solución parece pertinente porque de ninguna manera produciría un colapso en el sistema educativo (como la solución anterior). Y, al contrario, parece un acto de estricta justicia social que las escuelas privadas de clase media y alta no reciban fondos del Estado.

Pero la pregunta que sobrevuela estos escenarios es si en alguno se resuelve el problema de fondo: el mejoramiento de la educación pública y la vuelta de los que salieron a la privada (vuelta voluntaria, digamos de pasada).

Una respuesta positiva depara muchas dudas, por dos razones:

1. Durante décadas existieron subsidios a las escuelas privadas y si bien éstas crecían en alumnado, no lo hacían de la manera brutal que muestran los datos post 2003. En consecuencia,  la historia nos enseña que no son los subsidios per se los que alimentan de alumnos de escuelas privadas. Las familias (sobre todo los sectores medios y altos) parecen elegir salir de la educación pública más allá del precio de la privada.

2. La certeza de que sólo con dinero la educación no mejora la brindan los pobres resultados de la política educativa post 2003. Como es sabido, durante los dos mil se ha incrementado notoriamente el financiamiento estatal a la educación, especialmente en las provincias (la Nación aumentó apenas un punto porcentual el presupuesto educativo para el período 2006-2011). Este aumento demuestra que el incremento financiero no mejora automáticamente la inclusión en la escuela pública: el aumento de financiamiento  ni siquiera pudo detener la triste pérdida de alumnos de las escuelas primarias públicas acaecida desde 2003.

La cuestión no es solamente cuánto dinero hay para educación sino cuál es la estrategia  para invertirlo. La política educativa post 2003 mostró que allí donde hubo un logro en aumentar los recursos hubo también una tremenda dificultad para hacerlo en beneficio del fortalecimiento de la educación pública, la que se ve crecientemente vaciada de alumnos a pesar del aumento del dinero recibido.

En conclusión, no parece una solución para mejorar la educación pública tan sólo sacarle dinero a la educación privada. Aun coincidiendo en que no hay argumentos que justifiquen el financiamiento estatal a escuelas privadas de clase media y alta, la idea de sacarle a la privada para que mejore la pública, así solita, ya se  ha mostrado desde 2003 una idea políticamente muy precaria y difícilmente sus efectos convenzan a la clase media de que vale la pena volver a creer en la educación pública.