Por: Mariano Narodowski
Uno de los datos más relevantes -y preocupantes- de la educación argentina desde 2003 es el feroz aumento de la cantidad de alumnos en escuelas privadas y la pérdida de alumnos en escuelas públicas, sobre todo en primarias. Como ya hemos mostrado en trabajos académicos y columnas de opinión como la de Infobae del 27 de diciembre de 2012, los propios datos oficiales corroboran este crecimiento, inédito en la historia argentina.
Es verdad, como me señala Gustavo Gallo en una columna de respuesta a mis argumentos, que en los dos mil creció la cantidad de alumnos en el sistema educativo argentino. Esto es indiscutible y es una muy buena noticia. Sin embargo, el escenario que se observa desde 2003 torna igualmente indiscutible que ese crecimiento se explica gracias a la incorporación de alumnos en escuelas privadas. En todas las provincias, menos en Tucumán, la educación privada crece más que la pública desde 2003; en algunos casos en valores superiores al 25% en unos pocos años.
Ya es redundante insistir con los datos oficiales que muestran la privatización educativa post 2003. Un fenómeno que hoy pone a la educación privada cercana a un 30% del total del alumnado argentino (cuando hace 10 años llegaba, apenas, al 22%) y nos acerca lenta, pero sostenidamente, al escenario educacional chileno, donde la educación privada representa el 54% del total de los alumnos. Pero en Chile, por decisiones tomadas durante la dictadura de Pinochet y refrendadas (aunque en parte morigeradas) en estos 22 años de democracia, existe un explícito apoyo gubernamental a las escuelas privadas; una decisión de estimular su crecimiento por la vía del apoyo financiero e institucional.
En la Argentina, hasta ahora el gobierno nacional no se han expedido públicamente acerca del crecimiento de la educación privada acaecido durante su gestión: aún no lo ha promocionado como un logro de gobierno pero tampoco la ha identificado como una dificultad. El tema no existe.
Hacia finales de 2012, el Consejo Federal de Educación (el órgano que por ley reúne a los ministros de educación representantes de todas las jurisdicciones provinciales y al gobierno nacional) emitió la Resolución 188/12 con el “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016”. En esa resolución, en la que se exaltan “logros” desde 2003, no se dice una sola palabra respecto del brutal incremento de la educación privada ni se trazan líneas político-educativas al respecto. Tal vez alguien suponga que las estrategias invocadas en ese plan pondrán un parate a la pérdida de alumnos de escuelas públicas. Pero no es así: ni siquiera se sugiere cómo alcanzar la meta ni como evaluarla.
Lo interesante es que este plan fue avalado por todas las provincias, con la excepción de La Rioja, “por ausencia de su representante”. Funcionarios kirchneristas, peronistas no kirchneristas, socialistas, radicales, macristas: para todo el espectro político argentino la privatización de la educación profundizada enormemente desde 2003 no representa un problema que deba ser priorizado en el plan educativo argentino con metas a cinco años vista. He ahí un consenso de esos que se reclaman.
Sería incorrecto derivar de este implícito acuerdo interpartidario una interpretación terminante. Pero los silencios dicen que para el Estado nacional argentino, para sus estados provinciales, para el núcleo duro de la clase política argentina, los 183.069 alumnos que la escuela primaria pública perdió desde 2003 (-5%), no son un problema que merezca ser debatido y solucionado.