Por: Martín Guevara
España vive un momento que debe ser observado sin clichés. La democracia está sencillamente secuestrada a partir de hechos tangibles. Uno es que absolutamente toda la política está dirigida por los arquitectos de la actual crisis económica, es grotesco, pero se ha colocado al frente de la economía, al representante de Lehman Brothers en España, nada menos que la compañía que dio las campanadas de llamada al rezo. Aderezado con una estafa multitudinaria a través de la cual se secuestró directamente la voluntad popular expresada en las urnas y que asombra que no constituya un hecho punible, que consistió en formular una campaña electoral basada en una serie de compromisos muy puntuales, para que una vez aupados al poder, no sólo no cumplirlos, sino hacer lo diametralmente opuesto sin el más mínimo de los pudores ni sonrojos.
Se ha confiado al lobo el cuidado de las ovejas.
Esto de por sí dota de sentido semántico a la definición del régimen actual como “dictadura”, ya que sigue al pie de la letra los lineamientos del mercado procedentes de la patronal supranacional alemana en primera instancia y luego la autóctona. Dejando completamente desprotegida la voluntad del “demos”.
El segundo hecho, no menos importante y sobre todo no menos peligroso, es la escalada de criminalización de los sectores descontentos, que están alcanzando ya al conjunto de la sociedad con la excepción del gran capital. En menos de un año, los medios de comunicación con salvadas excepciones han sido colonizados por un mensaje único que se puede resumir a grandes rasgos de la siguiente manera, “no hay otra salida para la crisis que culpar a las víctimas y beneficiar a los victimarios”, estigmatizando toda vertiente de análisis que se desvíe de esta línea manejada por y para las cifras macroeconómicas.
Sumados a la punta del iceberg que nos han mostrado hasta ahora de recortes exclusivamente en terrenos sociales, como salud y educación, se encuentra la represión programada a la conciencia social.
Estamos asistiendo con escalofríos al aumento de la violencia de los cuerpos represivos eufemísticamente llamados de seguridad, cada vez que tiene lugar una manifestación meritoriamente pacífica para responder a la violencia institucional.
Pero en la manifestación del día 25 de septiembre de 2012, cuyo lema de convocatoria era “rodea el Congreso” de manera metafórica, se marcó un hito sumamente peligroso. Además de la desmedida brutalidad policial, que se empleó con una contundencia que dejó un número de heridos elevados, lo que no deberíamos pasar por alto los demócratas fue el apoyo total y sin fisuras del Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía, calificando los actos como “una ejemplar acción policial para defender la democracia”, lo cual denota claramente un plan que atenta contra el espíritu de la manifestación, una política de atemorización de los descontentos, obviamente serán pocos quienes estén decididos a recibir un castigo tan severo y las manifestaciones no serán un derecho de las familias, reduciéndolas a enfrentamientos entre violentos, unos uniformados de una vestimenta contra otros de otra, aunque es justo decir que el permiso para aporrear lo tienen los primeros. Ello, sumado a comprometedores videos arrojan elementos para una justificada sospecha de que la ruptura de la paz en la manifestación fue presuntamente provocada por sectores de la policía infiltrada entre los manifestantes, que de ser así cumpliría ordenes ministeriales y a su vez gubernamentales.
A los detenidos por manifestarse se les acusó de un delito contra las instituciones que juzgará la Audiencia Nacional, con penas de cárcel, mientras que no mereció siquiera reproche alguno, las manifestaciones que durante la pasada semana hizo un grupo de ex altos mandos militares, que sin embargo cuentan con medios muy efectivos para tratarse de unos simples ancianos jubilados, sobre que si la Generalitat de Cataluña continúa con su legítimo afán independentista, se los debería juzgar con arreglo a las leyes militares como alta traición a la Patria y aplicarle a Artur Más la sanción correspondiente, con todo el escalofrío que esa declaración conlleva en el único país europeo, cuyo congreso y cuyo partido actual en el poder, aún no ha formalizado una declaración institucional condenando al golpe de Estado y el posterior genocidio comandado por Franco, uno de los cuatro íconos del terror de la Historia europea junto a Hitler, Stalin y Mussolini.
Este es el momento preciso de mostrar el camino alternativo, contrario a la violencia, que rompa el círculo vicioso de modelos idénticos que se alternan cambiando alguna sigla, momento de presentar una batería de razones, de reflexiones, de alternativas y por supuesto de insumisión, pero pacifica, a esta expresión creciente de la nostalgia por los peores procedimientos de un sector muy inquietante del poder en España y que podría legitimar a su negativo, del cual también nos alcanza toda la experiencia del siglo XX para saber cuanto nos sobra, en su calidad de solución.
Pero claro, ante las declaraciones de la vice presidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, quien preguntada acerca del sentimiento que le produce el contraste entre su discurso en la oposición y su labor en el gobierno, que aseguró:
- Cuando recuerdo lo que decíamos en la oposición me sonrío.
¿Cómo convencer a la gente de la gracia que atesora semejante estafa?